ATAQUES DEL 7 DE OCTUBRE

España no suspenderá los fondos a la UNRWA mientras se investiga a "10 de sus 30.000 trabajadores"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que seguirán de cerca las investigaciones en marcha por la presunta participación de una decena de trabajadores de la organización en los ataques del 7 de octubre

Trabajadores de la UNRWA distribuyen alimentos.

Trabajadores de la UNRWA distribuyen alimentos. / Suliman El-Fara

Mario Saavedra

Mario Saavedra

España va a seguir enviando financiación a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA). No se une así a Estados Unidos y otros ocho países que las han bloqueado tras las alegaciones israelíes de que 12 trabajadores de la organización participaron en los ataques de Hamás del 7 de octubre que dejaron alrededor de 1.140 muertos en Israel.

“No modificaremos nuestra relación con UNRWA aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de una decena de personas de las alrededor de 30.000” que trabajan para la agencia, ha el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

El Gobierno español realizó contribuciones voluntarias a la UNRWA por valor de 18,5 millones de euros en 2023, incluidos 10 millones aprobados el pasado mes de diciembre, tras la decisión de triplicar la ayuda de cooperación y humanitaria a Palestina.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hecho un llamamiento para garantizar la continuidad del trabajo de la agencia para los refugiados de Naciones Unidas mientras se investiga. En un cuidado mensaje lleno de equilibrios diplomáticos, Guterres reconoce que "los presuntos actos horrendos de esos empleados deben tener consecuencias", pero recuerda que hay "decenas de miles de personas (unos 30.000)" que trabajan para esa agencia y que no deben ser penalizados".

Tras las alegaciones israelíes y el despido de la UNRWA de una decena de trabajadores (otros dos habrían muerto), varios países han suspendido la ayuda a la agencia de la ONU: Estados Unidos primero, y luego Reino Unido, Canadá, Australia, Finlandia, Alemania, Italia, Suiza y Países Bajos. Casi todos se opusieron al alto el fuego propuesto en la Asamblea General de Naciones Unidas y varios. Estados Unidos, Reino Unido y Alemania cargaron contra Sudáfrica por llevar a la Corte Mundial de La Haya alegaciones de genocidio contra Israel. La noticia de la suspensión de la ayuda se conoció el mismo día en que ese tribunal exigió a Israel medidas concretas para evitar un genocidio en Gaza, aunque no llegó a pedir un alto el fuego porque una de las partes en conflicto, Hamás, no es un Estado.

Otros países, como Noruega o Irlanda, ya han expresado su rechazo a suspender una ayuda que consideran imprescinible en plena crisis humanitaria y piden no condenar a todos por las presuntas acciones de unos pocos.

Aunque no se ha hecho pública prueba alguna ni se conoce el detalle de las acusaciones, el diario New York Times ha visto algunas de las alegaciones, según las cuales uno de los hombres despedidos está acusado de haber secuestrado a una mujer; otro, presuntamente, partició en los ataques a una comunidades agrícolas o kibutz, en la que murieron 97 personas. Un tercero habría entregado munición. Las pruebas entregadas incluyen la geolocalización de los móviles.

Ayuda a la Franja de Gaza

"El viernes conocíamos las medidas de la ICJ. España apoya plenamente la labor de la Corte y pedimos el cumplimiento íntegro de esa sentencia a todas las partes y solicitamos un alto el fuego permanente y el acceso de la ayuda humanitaria", ha añadido Albares sobre la orden de La Haya a Israel de que tome medidas para evitar un genocidio en Gaza. "Pedimos el acceso inmediato de toda la ayuda a Gaza y la liberación de todos los rehenes israelíes. No nos vamos a resignar a seguir viendo muertes de mujeres, niños y hombres en Gaza, ni de los rehenes". 

En la Franja han muerto ya más de 26.000 personas, en su mayor parte mujeres y niños, y cerca de dos millones no tienen dónde vivir, después de que los bombardeos de Israel destruyeran el 60% de las viviendas de la Franja. Es la respuesta israelí a los ataques de Hamás contra Israel en los que murieron al menos 1140 personas, en su mayoría, civiles.

El ministro de Exteriores ha pedido a los diputados presentes en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha realizado estas declaraciones, que se pronuncien sobre su propuesta de un plan de paz para Oriente Próximo una vez terminadas las hostilidades.

El principal grupo de la oposición, el PP, ha declinado responder a esa petición hasta que se conozcan los detalles de ese plan. Sí ha respondido al mantenimiento de la ayuda a la UNRWA. "No puede faltar la ayuda humanitaria al pueblo palestino, pero no podemos permanecer de brazos cruzados cuando se han hecho acusaciones muy graves respecto a la supuesta implicación de trabajadores de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina con los ataques del 7 de octubre", ha dicho Carlos Floriano, diputado del Partido Popular. "Creo que están tardando en pronunciarse al respecto".

"España trabaja para la paz. He mantenido contactos diplomáticos con mis socios. La propuesta española de una conferencia de paz ya ha sido aceptada por 88 países", ha subrayado el jefe de la diplomacia española sobre la "terrible catástrofe humanitaria en Gaza, con más de 25.000 muertos, 2,2 millones de personas con riesgo de hambruna, sin educación ni electricidad, el 60% de las viviendas destruidas o seriamente dañadas". 

Albares comparece a petición propia para informar sobre las líneas de actuación prioritarias en política exterior en la XV Legislatura y, de forma especial, para explicar "la posición del Gobierno en relación al genocidio de Israel en Gaza y medidas respecto al Estado israelí gestiones diplomáticas para el reconocimiento del Estado palestino", según informa el Congreso. También hablará "sobre las actuaciones en materia de cooperación y ayuda al pueblo palestino, así como también respecto de la posición del Ejecutivo en relación con el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental".