La Abogacía denuncia que Marruecos ha expulsado del Sáhara Occidental a dos de sus juristas

La Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara (IAJUWS) ha denunciado este sábado la retención ilegal y posterior expulsión a Canarias de dos abogadas españolas, Inés Miranda y Lola Travieso, que habían volado hacia El Aaiún en misión de observación de derechos humanos acreditadas por el Consejo General de la Abogacía Española. El Consejo, que representa a todos los colegios de abogados de España, ha denunciado lo ocurrido por escrito ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

La organización de juristas que organizó el vuelo, y que tiene como objetivo denunciar las graves violaciones de derechos humanos del pueblo saharaui, alertó pasadas las dos de esta tarde del trato vejatorio sufrido por las juristas españolas, que fueron retenidas varias horas en el aeropuerto de la capital del territorio no autónomo. Habían llegado en misión de observación con el fin de investigar varias denuncias formuladas por activistas y familiares de presos políticos saharauis en la zona.

Ambas se han identificado como miembros de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental y han mostrado a los gendarmes marroquíes sus cartas de presentación, pero no han recibido otra contestación que no fuese la inmediata expulsión del territorio saharui, asegura en una nota el Consejo de la Abogacía.

Ellas mismas han denunciado lo ocurrido en la red social Twitter: "Hemos sufrido el impedimento de entrada por parte de las fuerzas marroquíes al territorio del Sáhara Occidental", afirman en un vídeo.

Denuncian que Marruecos pretende "un exceso de competencia" en el Sáhara del Gobierno marroquí y condenan el "violento trato" recibido por las autoridades del país alauí por no permitirles ni siquiera bajar del avión. Al llegar a Las Palmas, han asegurado que "el comandante del avión tenía instrucciones" de impedirles bajar y que también informarán de lo ocurrido a Naciones Unidas

Según la asociación de juristas, la interrupción del cese al fuego auspiciado por NNUU el pasado noviembre de 2020 y la reanudación de las hostilidades entre las partes, se ha constatado "un alarmante aumento de la represión y la persecución política contra la población civil saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos".

Esta acción de impedir el acceso a observadores internacionales, también afecta al Enviado Personal del Secretario General de Naciones Unidas, Steffan De Mistura, "que lleva dos años intentando acceder al territorio para cumplir con la mision que le encomienda la comunidad internacional en la búsqueda de una solución del conflicto, así como a numerosas relatorías especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a cualquier ONG que pretenda esclarecer los graves crímenes perpetrados por Marruecos sobre el Pueblo del Sáhara Occidental", según denuncial a misma organización.

La situación de las dos juristas españolas también ha sido comentada en la red social por la juez y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell: "He compartido esas misiones de observación de derechos humanos del CGAE en el Sáhara con Inés Miranda y Lola Travieso. Un abrazo inmenso compañeras, y todo el apoyo ante el boicot sistemático que denuncian junto con @iajuws". A lo que añade: "Gracias por la lucha".