Apaciguar una Justicia en armas que espera la renovación del CGPJ

La justicia suele ser la gran olvidada de los gobiernos; seguramente porque nadie cuenta con obtener votos de un servicio público al que solo se acude cuando no hay más remedio. A esa creencia en que nadie cambiará el sentido de su papeleta porque tenga que esperar años para la celebración de un juicio porque no se ha invertido lo suficiente en los juzgados, se ha sumado ahora las huelgas consecutivas que está viviendo por la reclamación de mejoras retributivas.

De ahí que el primer desafío del Gobierno que salga de las urnas el 23-J será apaciguar la justicia, donde desde enero se han sucedido las huelgas, primero de los letrados de la Administración de Justicia (LAJs) y luego de los funcionarios judiciales, que todavía continúan con sus movilizaciones. Y entremedias, el amago de jueces y fiscales, carreras que frenaron la huelga al arrancar, justo antes del adelanto electoral, una promesa de subida equivalente a la de los antiguos secretarios judiciales.

Un mes de huelga indefinida de funcionarios de Justicia: millones de actuaciones suspendidas y sin visos de acuerdo con el Gobierno

Para compensar otros desafíos, como el que supuso la respuesta judicial al 'procés', prácticamente han desaparecido. Ya se han visto los efectos de la aplicación de la derogación de la sedición y la reforma de la malversación, y los huidos, con el expresidente catalán Carles Puigdemont a la cabeza, salvo que retornen a Catalunya y provoquen su arresto, como hizo Clara Ponsatí, poca expectación suscitan. En el Supremo, además del procedimiento que les espera, solo queda pendiente la decisión que adopte la Sala Tercera sobre los indultos de los condenados por malversación.

Instrucción fiscal

Aunque el verdadero desafío de cualquier ministro de Justicia será llevar a la práctica el cambio procesal que entregue la instrucción a los fiscales, como ocurre en los países de nuestro entorno. Desde el socialista Francisco Caamaño, pasando por el popular Alberto Ruiz-Gallardón, hasta llegar a Juan Carlos Campo, todos los ministros han empezado a tramitar proyectos en este sentido, que terminaron decayendo por falta de tiempo y la desconfianza que despierta la actuación jerarquizada del ministerio público. La elección de Dolores Delgado, al frente de la fiscalía directamente desde el Ministerio de Justicia, hizo imposible cualquier intento serio de acometer esta tarea con el último Gobierno de Pedro Sánchez.

Otro de los retos que se encontrará el próximo Gobierno será la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales concluyeron su mandato en diciembre de 2018. Esto quiere decir que la composición del órgano de gobierno de los jueces responde a una realidad parlamentaria anterior al Gobierno de Pedro Sánchez.

Sea el PP o el PSOE quien gobierne tras el 23-J, conforme a la ley vigente se precisa un acuerdo parlamentario entre los dos partidos que ha sido imposible de lograr durante toda la legislatura debido principalmente a la postura adoptada por los de Núñez Feijóo. Desde la presencia de Podemos en el Gobierno hasta la reforma de la sedición, los populares han utilizado todo un catálogo de excusas para justificar el bloqueo a la renovación y defender un nuevo modelo en el que los jueces elijan a los jueces, lo que requeriría una reforma en profundidad de la ley orgánica que regula el proceso.

La situación ha merecido continuos reproches de la Comisión Europea y del Consejo de Europa -a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)-; el último hace solo unas semanas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al estimar la vulneración de derechos sufrida por seis de los aspirantes a vocal, lo que coloca al Gobierno español en una posición embarazosa al coincidir con la Presidencia española de la UE.

Pendientes del TC

La actividad del Tribunal Constitucional también será clave durante la próxima legislatura debido, en gran medida, a que sus magistrados tienen sobre la mesa gran parte de la estrategia del PP y Vox para lo que denominan "derogar el Sanchismo", es decir, para revertir las políticas del actual Ejecutivo a golpe de recurso. Entre los temas ya admitidos a trámite y pendientes de sentencia están la reforma laboral, los impuestos de grandes fortunas, la nueva ley del aborto o la ley trans.

Esta estrategia podría tener poco recorrido, viendo cómo ha actuado el TC desde que accedió Cándido Conde-Pumpido a su Presidencia. Su mayoría progresista ha desestimado varios recursos, como los presentados contra la anterior ley del aborto, pero también contra leyes más recientes como la de la eutanasia o la ley Celaá. La tónica seguirá siendo la misma, lo que obligará a los populares a decantarse por derogaciones si acceden al Gobierno.

Otro de los deberes sobre la mesa para el nuevo gobierno serán las leyes de modernización de la justicia diseñadas por el primer ministro de Justicia elegido por Sánchez, Juan Carlos Campo, hoy en el Constitucional. Los tres proyectos de eficiencia -organizativa, procesal y digital- decayeron por el adelanto electoral y, en principio, podrían recuperarse al no haber suscitado críticas entre la oposición.