Guía para entender por qué la renovación del CGPJ lleva cuatro años bloqueada

Cuando un asunto lleva un retraso de cuatro años llega un momento en que la situación empieza a ser preocupante y no tanto por la demora en sí misma, sino porque empieza a adquirir tintes de normalidad. Este domingo el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplirá cuatro años en funciones, cuando su mandato es de cinco improrrogables. Ha doblado el que hasta ahora era el retraso más largo que se había vivido en el órgano de gobierno de los jueces. Tras el último intento de PSOE y PP para llegar a un acuerdo para alcanzar los tres quintos de las Cámaras necesarios para elegir a los 20 vocales del Consejo, nada parece esperar que se vaya a acabar con el bloqueo. Estas son las claves que nos han llevado a esta situación.

Primer intento

El mandato del actual CGPJ vencía en 2018. Ese año parecía que los principales partidos habían hecho los deberes y que por una vez no habría retraso en la renovación. Sin embargo, el acuerdo entre PP y PSOE saltó por los aires cuando se filtró que los vocales elegirían como presidente al actual presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, que también presidió el juicio del 'procés'.

El pacto quedó arruinado definitivamente por un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que afirmaba que con su designación "controlarían por detrás" la Sala de lo Penal del alto tribunal. Marchena renunció públicamente a presidir el Poder Judicial el 18 de noviembre de 2018. Desde entonces ha rehusado toda propuesta en este sentido.

Excusas varias

A partir de ahí el entonces presidente del PP, Pablo Casado, empezó a poner condiciones ajenas al mundo judicial para justificar que no hubiera acuerdo, como la participación de Podemos, pese a formar parte del Gobierno de coalición, por sus críticas al rey emérito, o la proximidad de las elecciones catalanas, la concesión de los indultos a los condenados del 'procés' y los últimos comicios andaluces.

A la vez vetaba candidatos, como el magistrado José Ricardo de Prada, al que se considera autor de las frases más contrarias al PP de la sentencia del caso Gürtel o la delegada del Gobierno de Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell.

Reforma exprés

El Gobierno de coalición intentó forzar al PP a volver a la mesa de negociación con reformas legales. La primera fue tan polémica que se vio obligado a retirarla: pasaba por poder designar vocales por mayoría de las Cortes, sin necesidad de llegar a los tres quintos, lo que en la práctica significa constituir un órgano de gobierno de los jueces totalmente afín a quien en ese momento ejerza el poder incluso sin tener mayoría absoluta.

La que sí salió adelante es la que impide al CGPJ hacer nombramientos mientras esté en funciones, lo que no ha llevado al PP a pactar, pero sí ha puesto al Supremo en una posición muy delicada, en la que se teme que dejará de dictar un millar de sentencias al año, ya que las vacantes que se producen en el alto tribunal por jubilación o fallecimiento no se cubren.

Renovar el TC

La ley orgánica del poder judicial volvió a ser reformada en junio para permitir al Consejo hacer los nombramientos del Tribunal Constitucional que le corresponden en el tercio pendiente ahora de renovación. Marcaba el 13 de septiembre como plazo máximo para que el CGPJ designara a sus magistrados, pero aún no lo ha hecho y, de momento, lo ha pospuesto al pleno que tiene previsto celebrar el día 22.

Cansado de esperar, el Gobierno ha procedido a designar a los dos suyos: el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática y exasesora de la Moncloa Laura Díez, pero el TC ha optado por dar una última oportunidad al Consejo para tratar de validar en una única reunión los cuatro nombramientos. Esta renovación resulta de especial importancia para el Ejecutivo, porque con ella cambiará la sensibilidad mayoritaria del tribunal de garantías y pasará de conservadora a progresista, con la consiguiente repercusión que ello puede tener en la resolución de los recursos pendientes entre los que figuran los presentados contra la ley del aborto, la eutanasia o la propia reforma que limita las funciones del CGPJ.

Dimisión de Lesmes

Para forzar la situación y que se retomaran las negociaciones el pasado octubre dimitió Carlos Lesmes, como presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Su decisión hizo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamara al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Parecía que estaba todo hecho, pero la víspera del puente de los Santos, el presidente del PP rompió de forma unilateral la negociación al considerarla incompatible con la derogación del delito de sedición que el Ejecutivo anunció una semana después.