La mayoría progresista elige a Conde-Pumpido para presidir un Tribunal Constitucional que revisará la gestión de Sánchez

El magistrado Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, será el nuevo presidente del Tribunal Constitucional tras obtener el apoyo mayoritario de sus compañeros (seis votos frente a cinco) en el Pleno celebrado este miércoles.

El veterano magistrado del Supremo, miembro del órgano de garantías desde 2017 a propuesta del Senado, se ha impuesto finalmente a la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer. La Vicepresidencia ha recaído en otra progresista, Inmaculada Montalbán, que ha obtenido el mismo apoyo de sus compañeros del sector mayoritario.

Finalmente, los cuatro votos conservadores no han sido suficientes para aupar a Balaguer, magistrada perteneciente al sector progresista que no quiso dar un paso atrás en sus aspiraciones frente a quien se consideraba el aspirante 'nato' y que fue vista por el sector minoritario como una vía de evitar la llegada de Conde-Pumpido a la Presidencia.

El nuevo presidente del Constitucional, a quien se le presume sintonía con los postulados socialistas, era el candidato a batir por determinados sectores de la derecha política, judicial y mediática, aunque finalmente será quien presida un órgano que tiene recursos pendientes que afectan a la práctica totalidad de la gestión del actual Ejecutivo a cuenta de recursos presentados por el PP y, sobre todo, por Vox.

La incógnita con la que se llegó al pleno, tras acabar sin la renuncia de ninguno de los dos candidatos a la presidencia, se zanjó con rapidez. El voto clave ha sido el de la recién nombrada María Luisa Segoviano, perteneciente al grupo progresista pero de quien se especulaba que podría dar su apoyo a Balaguer, al ser una firme defensora de la llegada de las mujeres a la cúpula judicial. Finalmente, la primera magistrada en ocupar una Presidencia de Sala del Tribunal Supremo (la de lo Social) ha votado a Conde-Pumpido con la mayoría de sus compañeros del sector mayoritario.

Balaguer, por su parte, votó para sí misma como presidenta junto con los cuatro del sector conservador minoritario, y repitió este apoyo en relación con la Vicepresidencia apostando por Ricardo Enríquez, que obtuvo así cinco votos frente a los seis de Montalbán. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, abandonó contrariada la reunión tras conocer el resultado, lo que le impidió escuchar el discurso que de forma inusual protagonizó Conde-Pumpido.

"LA CONSTITUCIÓN NO PERMITE LA AUTODETERMINACIÓN"

El nuevo presidente se dirigió a sus compañeros en una breve intervención que pareció ser un mensaje claro a sus detractores, al afirmar que "la Constitución no permite ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación". Al mismo tiempo, se pronunció a favor de que las resoluciones del órgano, que debe velar ante todo por el cumplimiento de la Constitución, protejan la pluralidad dentro de España, sin olvidar el principio de indisoluble unidad de la nación española que establece el artículo 2 de la Carta Magna.

La opción de Montalbán obedece al interés del órgano en visibilizar la paridad entre hombres y mujeres, algo que no se hubiera logrado con Enríquez, señalan a este diario fuentes del tribunal, que añaden que la tradición de un presidente y un vicepresidente de cada sensibilidad se empezó a producir a partir del mandato de Pascual Sala, como una fórmula de buscar el consenso.

Pero solo se produce si hay un acuerdo previo con la presidencia y la vicepresidencia, lo que se frustró cuando los conservadores declinaron apoyar a Conde-Pumpido, pese a que les ofreció que Ricardo Enríquez asumiera la vicepresidencia. No obstante, desde el sector conservador ya se advirtió en las conversaciones informales mantenidas tras la toma de posesión de los nuevos magistrados que no se interpretaría bien que la presidencia y la vicepresidencia fuera asumida por progresistas, como finalmente ha ocurrido.

La Presidencia del Tribunal Constitucional es un cargo de especial relevancia institucional y su acción es clave en la forma de actuar del órgano, ya que quien lo ostenta ordena los debates y controla los tiempos de resolución de los asuntos al ser el responsable de convocar los Plenos y del contenido de su orden del día.

UNA GESTIÓN RECURRIDA ANTE EL TC

Este Constitucional de mayoría progresista, y presidido ahora por Conde-Pumpido tratará, si este cumple con el programa que presentó a sus compañeros, de recuperar el "prestigio" que el órgano ha podido perder en los últimos tiempos al evidenciarse su fractura en bloques irreconciliables en relación con asuntos como el decreto de estado de alarma o, recientemente, el recurso del PP que supuso la paralización de un trámite parlamentario en el Senado. Precisamente desde el entorno de Balaguer se destaca a este diario su satisfacción por haber dado el paso de intentar asumir la presidencia con intención de pacificar el tribunal y generar un mejor ambiente en las deliberaciones, pese a lo difícil que habría sido con un Conde-Pumpido en contra.

La candidatura del nuevo presidente irá dirigida, según fuentes de su entorno, a lograr un Tribunal Constitucional más ágil en asuntos de calado político que se encuentran pendientes y que a juicio del nuevo presidente precisan del impulso que puede dar alguien experimentado en órganos cuyas decisiones también suelen tener trascendencia, como es el Tribunal Supremo del que él formó parte muchos años.

Entre ellos, los recursos contra las ultimas reformas que atañen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -para prohibir los nombramientos en la cúpula judicial por un órgano de gobierno de los jueces y para poner un plazo legal para las renovaciones del propio TC, la ley catalana que elimina la cuota del 25% de castellano en las aulas, o contra leyes de gran trascendencia social como la actualmente vigente del aborto -pendiente de resolver desde hace casi 13 años- o la ley de Eutanasia.

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado 'popular', que se sumó por error suyo a los síes.

El TC también ha admitido, pero no resuelto, las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, así como las impugnaciones contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá --la ministra que la impulsó--. Igualmente, están pendientes los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo y contra la pérdida del escaño.