La Audiencia Nacional sentencia que el Gobierno debió actuar hace más de un año contra Rubiales

La Audiencia Nacional ha sentenciado que el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, debió actuar contra Luis Rubiales hace casi año y medio. En concreto, considera que el órgano que presidía en ese momento José Manuel Franco debió elevar al Tribunal Administrativo del Deporte las denuncias relativas a las presuntas irregularidades cometidas por el expresidente de la RFEF, a tenor de las revelaciones de los audios y documentos del caso Supercopa.

La sentencia, adelantada por el portal Iusport y a la que ha tenido acceso este periódico, da la razón a LaLiga, que interpuso un recurso contencioso-administrativo ante la decisión adoptada el 9 de septiembre de 2022 por el CSD. Después de que un juzgado de Majadahonda admitiera a trámite varias denuncias contra Rubiales por los hechos relativos al caso Supercopa, el Gobierno decidió no elevar al TAD las denuncias de carácter administrativo que tenía sobre su mesa.

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Decisión no ajustada a derecho

Desde el Gobierno se argumentó entonces que la actuación de la justicia ordinaria le obligaba a frenar el proceso administrativo hasta que hubiese una sentencia. La Audiencia Nacional, sin embargo, considera que dicha decisión no estuvo ajustada a derecho y reprocha al Gobierno que su actuación pudo favorecer la prescripción de algunas de las faltas administrativas denunciadas por LaLiga y presuntamente cometidas por Rubiales.

Sostiene también el juez Pablo Álvarez en su fallo que "algunos de los ilícitos denunciados podrían revestir solamente carácter administrativo, y no penal, por lo que no estaría justificada la suspensión del procedimiento disciplinario deportivo en relación a tales hechos".

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Los motivos de la denuncia a Rubiales

Los hechos denunciados por LaLiga, según se recoge en la sentencia fueron "presuntas irregularidades en la organización de la Supercopa de España de Fútbol disputada en Arabia Saudí", "pago del alquiler de la vivienda por parte de la RFEF del Presidente de la RFEF, "presuntas irregularidades en desplazamientos realizados por el Presidente de la RFEF del 31 de octubre al 14 de noviembre de 2018 a Nueva York", "presunta contratación de detectives para espiar la "conducta" del líder del Sindicato de Futbolistas (David Aganzo, de AFE) a través de la agencia Cryptex Europa" y "presuntas irregularidades en el procedimiento seguido para cubrir la vacante producida en Segunda División B por el descenso administrativo del Reus CF".

La sentencia remarca ahora la obligación de que el Gobierno eleve al TAD los escritos presentados contra Rubiales el 13 de junio y el 1 de julio del año pasado. Previsiblemente, este actuación carecerá de efecto a corto plazo, pues el TAD sí deberá paralizar las denuncias (o al menos parte de ellas) relativas a hechos que se estén dirimiendo en los juzgados ordinarios. La gran diferencia es que los plazos de descripción de las faltas presuntamente cometidas por Rubiales se paralizan. Es decir, no prescribirán aunque pasen varios meses o años antes de que la Justicia emita su fallo.

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La decisión del TAD sobre Rubiales

Estas denuncias ante el TAD se sumará a la que el propio CSD elevó hace unas semanas con motivo de lo sucedido tras la final del Mundial de fútbol femenino. El Gobierno pretendió que el TAD las calificara como muy graves para poder suspender provisionalmente, pero el tribunal limitó a grave la calificación.

Posteriormente, el Ejecutivo pretendió que el TAD activara los mecanismos necesarios para ejecutar su suspensión temporal. La dimisión de Rubiales, sin embargo, dejó sin efecto ese proceso, ya que el objetivo era mantenerle apartado de la presidencia de la RFEF, al margen de la decisión que tomara la FIFA acerca de la suspensión provisional de 90 días con la que le sancionó provisionalmente seis días después de los hechos.