El Gobierno se aparta del 'caso Rubiales' y le libera de una posible inhabilitación hasta que la jueza se pronuncie

El Gobierno ha suspendido los procedimientos administrativos en contra del presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras la investigación emprendida por la Justicia ordinaria, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. El Consejo Superior de Deportes ha notificado esta decisión a las tres personas (Miguel Ángel Galán el club Dux Internacional de Madrid y el sindicato AFE) que denunciaron a Rubiales para solicitar la apertura de un expediente disciplinario y su elevación del Tribunal Administrativo del Deporte para una posible inhabilitación.

El Gobierno argumenta, con adelantó este periódico hace una semana, que la doctrina del Tribunal Constitucional le impide seguir adelante, en una dirección u otra, con el procedimiento mientras existe un juez instruyendo un caso. Eso ocurre desde el pasado 27 de junio, cuando la jueza Delia Rodrigo admitió a trámite la querella presentada por Miguel Ángel Galán contra Rubiales y contra Gerard Piqué, al apreciar indicios de "administración desleal y corrupción en los negocios".

El caso presentado en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda está a expensas de que la Fiscalía Anticorrupción se posiciones sobre su propia competencia para seguir adelante con él. La decisión del Gobierno es una gran noticia para Rubiales, que esquiva por el momento la posibilidad de ser inhabilitado por el TAD.

STC 3/2003

Desde la admisión a trámite de la querella de Galán, el CSD ha estudiado los pasos a seguir por vía administrativa y entienden que la jurisprudencia de la sentencia STC 3/2003 es clara al respecto. Dicha sentencia del Constitucional determina "la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o falta según el Código Penal o las leyes penales especiales, mientras la Autoridad Judicial no se haya pronunciado sobre ellos".

En este caso, esto significaba que el CSD debía paralizar cualquier decisión de carácter administrativo (elevar una denuncia al TAD lo es) relativa a los presuntos incumplimientos de la Ley del Deporte por parte de Rubiales. Esto es así porque estos mismos hechos ya están bajo investigación por parte de la Justicia ordinaria. Lo que en lenguaje jurídico se conoce como la subordinación de la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penal.

Suspendido, pero no cerrado

El Gobierno se libera así de tener que tomar una decisión comprometida, aunque no para siempre, como ha recalcado en la información remitida a las partes, aclarando que el procedimiento en el CSD queda suspendido, pero no cerrado. En el momento que haya una sentencia o un sobreseimiento del caso en el juzgado, el Gobierno deberá retomar la vía administrativa.

Existe, no obstante, cierto debate jurídico al respecto, puesto que al menos dos de los denunciantes entienden que dicha doctrina constitucional no es aplicable en este caso y que ambos procedimientos, el judicial y el administrativo, son compatibles en el tiempo, dado que ante el TAD se ha denunciado presuntas irregularidades (como el espionaje a Aganzo) que la jueza no señala como presuntos delitos indiciarios.

De hecho, los denunciantes no se van a quedar parados. Galán ha solicitado formalmente este mismo viernes al CSD que le informe del estado del procedimiento y, según ha explicado a este diario, se querellará contra el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación administrativa, por comisión por omisión, por no trasladar su denuncia al TAD, tal y como ha adelantado 'Confilegal'.

AFE, por su parte, manifestó el jueves en un duro comunicado, que su presidente, David Aganzo había solicitado "por cuarta vez" la incoación de un expediente disciplinario contra Rubiales. Remarcó el sindicato que "espera que no se intente esquivar la responsabilidad que tiene el CSD como organización garante del cumplimiento normativo, para que, al menos responda respecto a lo que se ha solicitado y poner en marcha este procedimiento antes de buscar amparo en otros órganos e instancias tanto españolas como internacionales".