El informe que pone cifras al coste de la oficialidad en Asturias: hasta 172 millones y 4.114 empleos

La oficialidad del asturiano y el eonaviego implicaría costes públicos añadidos, tanto en Educación como para garantizar que cualquiera pueda comunicarse con todos los órdenes de la administración en lenguas de rango oficial. También debería conllevar un esfuerzo para formar a profesores y capacitarlos para la enseñanza en asturiano dada la carencia de docentes en esa especialidad para cubrir la hipotética demanda en todas los niveles educativos.

Un informe de un equipo de juristas y docentes encargado por la Consejería de Cultura en 2020 y coordinado por el catedrático de Derecho Constitucional 

 señala las obligaciones legales de la oficialidad, pero también plantea una implantación tendente al bilingüismo. Y pone cifras: los costes económicos variarían según la intensidad del modelo elegido, pero se podrían alcanzar los 172 millones de impacto económico directo, pero las administraciones soportarían gran parte de este. También caben fórmulas “más baratas”: la mínima, obligaría al Principado a desembolsar 7 millones más al año para cubrir las mínimas obligaciones educativas.

El documento, hasta ahora desconocido, ha sido trasladado por el Gobierno al Partido Popular, después de que el diputado 

 solicitase todos los informes relativos al alcance que tendría la cooficialidad. El Gobierno recalca que las afirmaciones del estudio “solo vinculan a los autores del informe” y que ni siquiera en el modelo planteado por el Ejecutivo estos últimos meses se tenían en cuenta, ya que Barbón afirmó en la Junta que “el asturiano no será vehicular ni se pedirá a los médicos en las oposiciones”.

El marco jurídico

Los autores del informe consideran que la situación del asturiano y el gallego-asturiano (fórmula que utilizan para referirse al eonaviego) incorpora “algunos elementos propios del régimen jurídico asociado a la oficialidad, pero sin identificarse materialmente ni proclamarse formalmente como una oficialidad en sentido estricto”.

Para dar ese salto, el camino es una reforma estatutaria con 27 votos a favor en la Junta General y el respaldo definitivo de 176 diputados en el Congreso de los Diputados. El informe incluye una redacción posible del artículo 4 del Estatuto de Autonomía que lo equipararía “en materia lingüística al vasco, gallego, catalán, valenciano y balear, en términos de completa constitucionalidad”. Esa redacción (que no fue la finalmente planteada por el PSOE) “prohibiría de manera expresa” que el uso del asturiano fuese motivo de discriminación y encomendaría al Principado “la garantía del conocimiento y uso de las lenguas oficiales”.

Un proceso gradual

Los autores resaltan que “el régimen lingüístico no tiene que ser único y uniforme”. “De la noche a la mañana no puede garantizarse un nivel elevado de derechos lingüísticos en la totalidad de los servicios públicos dependientes de la administración”, admite el informe, y más cuando en Asturias existe una baja capacitación de docentes o funcionarios en estas lenguas. Por eso propone una planificación “reflexiva y transparente”, para que ese carácter progresivo conlleve a una garantía efectiva de los derechos. “En cualquier caso, gradualidad no significa posposición o diferimiento indefinido”, advierten.

Consenso

El acuerdo amplio es una “necesidad” tanto “en el marco regulador como en los ejes principales de las políticas lingüísticas” para lograr “estabilidad” e incorporar “las decisiones potencialmente conflictivas”. Los autores del informe resaltan que “en ese consenso debe reflejarse la opinión mayoritaria de la sociedad” y que si bien una política lingüística no puede diseñarse “sin la complicidad de los sectores comprometidos en la preservación de la lengua”, tampoco debe realizarse “solo con su apoyo”.

Derechos y deberes ante las administraciones

Es una de las cuestiones más peliagudas de la oficialidad. El informe establece a las claras los compromisos básicos de las administraciones. “Todas las personas deberían tener el derecho a utilizar el asturiano, o en el territorio correspondiente, el gallego-asturiano, sin que pueda exigírseles ningún tipo de traducción”. Además, el uso de estas lenguas debería poder aplicarse “en las relaciones escritas y orales” y las instituciones del Principado de Asturias deberían publicar “en castellano y en asturiano” sus disposiciones, resoluciones y acuerdos, así como la legislación autonómica.

El uso de las lenguas oficiales tendría validez jurídica y los “órganos de la Administración autonómica, los entes locales y los de organismos y empresas que dependan de ellas” deberán redactar “en castellano y en asturiano (o gallego-asturiano en su caso)” las “notificaciones y comunicaciones administrativas". Todas las disposiciones y publicaciones de los ayuntamientos deberían realizarse de forma bilingüe y el derecho de uso del asturiano se extiende también a los “órganos y servicios de la Administración General del Estado” situados en Asturias. Es decir, la administración deberá contar con traductores y funcionarios con conocimiento reglado de asturiano y eonaviego. Esta situación afecta también a la administración de la Justicia.

Cinco años de transición

El informe admite los problemas que supondría exigir los requisitos de la oficialidad de manera inmediata, por lo que “se permitiría que el conocimiento de las lenguas se acreditase una vez realizado el proceso selectivo, al menos para determinados puestos de trabajo”, en especial los del ámbito de la enseñanza, la atención a los ciudadanos, el asesoramiento lingüístico y las relaciones institucionales. Así, las administraciones deberían “promover la progresiva capacitación” del personal. Pero en los procesos de selección de los funcionarios y personal laboral “debería acreditarse el conocimiento del asturiano”, así como del gallego-asturiano en los concejos en que fuera oficial. El plazo propuesto para acreditar esos conocimientos sería de cinco años.

La oficialidad en las aulas

Los autores del documento creen que “a pesar de la pérdida de hablantes en las últimas décadas” en Asturias “se dan las condiciones para generalizar la enseñanza” del asturiano “e implantar una enseñanza bilingüe o multilingüe”. Debería tratarse de un proceso progresivo y voluntario pero acompañado de “una fuerte promoción del idioma propio en el ámbito educativo basada en argumentos culturales y de derecho” para ofrecer “un horizonte de bilingüismo equilibrado”. Para ello será necesario “promover una conciencia de igualdad entre las lenguas”.

Y aunque la mayoría de docentes tiene contacto con el asturiano y cree que debe “respetarse la lengua materna del alumnado”, se le otorga “un prestigio mucho mayor al castellano”, por lo que habría, sostienen, que resaltar el carácter cultural de las lenguas asturianas. Y el asturiano no solo debería estudiarse, sino también promover “su uso ambiental” en los centros. Para los autores del informe hay “una demanda de enseñanza bilingüe que introduzca el asturiano como lengua vehicular”, para lo que sería necesario “impulsar y ampliar” las experiencias en Educación Primaria, y la presencia curricular de la Llingua debería producirse en todos los niveles educativos.

“El aprendizaje temprano del asturiano y el gallego-asturiano resulta crucial”, resalta el estudio, “para mantener el idioma materno o ambiental de una parte de los escolares y ampliar el número de usuarios”. Los autores creen que “es preciso mejorar la promoción del estudio de estas lenguas especialmente en los colegios concertados”. En la Educación secundaria Obligatoria, plantean que el hecho de la Lengua Asturiana sea asignatura optativa “dificulta el crecimiento de la demanda” y deberían tener “una carga horaria más equilibrada”. En el Bachillerato, la enseñanza se limita a ciertas modalidades de Humanidades, por lo que se sugiere que sea voluntaria sin colisionar con “otros contenidos relevantes del currículo”.

No hay material didáctico

La falta de material didáctico para las clases (libros de texto, audiovisuales) dificulta la enseñanza por lo que sugieren que la administración habilite ayudas a la publicación y se difundan las obras escritas en asturiano. Pero la formación del profesorado es un grave impedimento. “No existen estudios en las Escuelas Oficiales, no se ofertan cursos online de nivel avanzado y los presenciales no incluyen el perfeccionamiento lingüístico que se requiere en niveles avanzados”, por lo que deberían acometerse “acciones correctoras”.

Además, gran parte de los docentes de asturiano ocupan las plazas temporalmente “lo que impide dar continuidad a los proyectos desarrollados”, por lo que se urge la creación de especialidades docentes. En la Universidad sería relevante crear unos estudios de Filología Asturiana, así como “contratar profesorado” y desarrollar la “investigación filológica”. También habría que “incrementar las horas de formación lingüística en el ámbito universitario”. Pero además, hay pocos graduados capacitados para dar clase en Lengua Asturiana, en número insuficiente para cubrir la demanda necesaria en los centros de cara a la oficialidad, por lo que “resulta urgente arbitrar procedimientos alternativos y temporales de formación”.

Formación para adultos

Los autores del informe abogan por incorporar el asturiano a las Escuelas Oficiales de idioma para propiciar “un efecto normalizador”, así como incorporarlos a los cursos para adultos fuera de la enseñanza reglada. El informe propone organizar pruebas de acreditación para “equiparar el asturiano con el resto de lenguas estudiadas en las Escuelas Oficiales y reclaman que los conocimientos del asturiano se igualen a los de cualquier idioma en los procesos selectivos.

Radio y televisión públicas

El documento elabora una propuesta de regulación que establezca que en los medios de comunicación públicos se pueda emplear en igualdad cualquiera de las lenguas, con una presencia equitativa: como mínimo, el asturiano y el gallego-asturiano deberán representar el 50% de las emisiones.

Tres modelos, tres “facturas”

La parte seguramente más polémica del informe es la evaluación estimada del impacto económico de la oficialidad. Para ello, los autores establecen un “shock” de demanda, que suma los costes para la administración, los de las familias y de las empresas para adecuarse al nuevo marco normativo: en definitiva la actividad económica generada. Todo ello aumentará la demanda relacionada con la lengua: en definitiva, la “riqueza” (y el gasto). Ese gasto público se centraría, principalmente en Educación y en Cultura, pero también en publicaciones y servicios.

El escenario de “impacto moderado”

En este supuesto, el principal impacto directo, de unos 55 millones, principalmente de la administración, con una implantación similar a la de comunidades autónomas con baja demanda de sus idiomas propios, pero también existen efectos indirectos que suman 9,5 millones (por parte de otras actividades, como publicidad, artes gráficas o relaciones públicas). Se generarían 1.198 empleos directos y 113 indirectos.

El escenario de “impacto intenso”

Este supuesto parte de “un incremento importante del gasto en educación y cultura” de la administración y un “aumento sensible del consumo” por las familias. “Es un escenario de máximos”, advierten los autores. En este caso, el efecto directo sería de 172,7 millones, el indirecto de 29,9 millones y se generarían 3.760 empleos directos y 354 indirectos.

El tercer escenario

“Es la que más se acerca a las previsiones del Gobierno autonómico”, señalan textualmente los autores del informe, que refieren a un “coste de la oficialidad en la enseñanza” de la Consejería de Educación. Esta fórmula supondría un coste educativo y cultural de 18,1 millones, con un empleo directo vinculado a la lengua de 394 empleos. Los autores recalcan que supondría un gasto extra de 7,1 millones respecto a los que ya desembolsa el Principado para proteger la llingua.

Recursos extra

El documento señala que la oficialidad puede reportar recursos extra al Principado procedentes de fondos europeos (menguantes en los últimos años), pero que no es posible cuantificarlos porque no estarían garantizados de manera automática, si bien el Principado podría optar a ellos.