La oficialidad del asturiano, una lluvia fina política que solo precisa un voto más para ser huracán

Cuando la televisión pública asturiana realizó en 2005 las pruebas de selección para su primera plantilla no exigió como requisito que los periodistas de los informativos tuvieran conocimientos de asturiano. Quince años después, el director interino de la cadena autonómica confirmaba, semanas atrás, en una comparecencia en el parlamento asturiano que la cadena quería impartir cursos de “llingua” para sus redactores, pero tuvo que aparcar esa pretensión por la pandemia.

Aunque el debate de la oficialidad ha estado encima de la mesa desde la negociación original del Estatuto de Autonomía, aprobado en diciembre de 1981, época en la que se hizo famosa la proclama “Bable nes escueles”, la polémica empezó a calar como el orbayu (nombre que recibe en Asturias la lluvia fina, pero también la que más moja) en octubre de 2017, cuando la Federación Socialista Asturiana introdujo en sus estatutos un apoyo decidido a la oficialidad que, hasta ese momento, solo reivindicaban Podemos e IU.

El primer partido en avivar la polémica sobre el bable o el asturiano tras el cambio de postura de los socialistas asturianos que, además, coincidió con el relevo de Javier Fernández por Adrián Barbón al frente de la secretaría general, fue el PP. Mercedes Fernández ya promovió en 2018 una campaña con todos sus diputados autonómicos en la que dejaba patente el rechazo del principal partido de la oposición a la oficialidad. Después, en la campaña electoral para las elecciones autonómicas asturianas, Ciudadanos apostó por un candidato de convicciones socialdemócratas como el exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, al que también llegaron a presentar como posible destinatario de los votos socialistas disconformes con la oficialidad.

Pero el escrutinio en la noche electoral fue contundente. El PSOE de Barbón cosechaba uno de sus mejores resultados históricos, con 20 escaños, doblaba a su gran rival, el PP, con 10, la ola de Ciudadanos se quedaba en cinco diputados, por delante de Podemos, con cuatro, y el triple empate a dos escaños de IU, Foro y Vox. Los partidarios de la oficialidad echaron cuentas y la vieron más cerca que nunca, ya que los tres partidos de la izquierda sumaban 26 votos y Foro ya desde su fundación había simpatizado con un mayor reconocimiento para la “llingua”, aunque con la coletilla de que “siempre que fuera por un amplio consenso social”.

Pero lo cierto es que en las filas foristas siempre han tenido, desde los tiempos de Francisco Álvarez-Cascos, destacados defensores de la causa asturianista como José Suárez Arias-Cachero (“Felechosa”) o Inaciu Iglesias.

La polémica sobre la oficialidad ha dado lugar a la aparición de diversos colectivos, unos que abogan por elevar el reconocimiento jurídico del asturiano y del gallego-asturiano, como la Xunta pola defensa de la Llingua o Iniciativa pol Asturianu, que recientemente cumplió una década de actividad, y otros que tienen como fin la promoción de campañas anti-oficialidad, como la Plataforma contra la Cooficialidad. Los partidarios defienden que la oficialidad es un apoyo imprescindible para evitar la desaparición del asturiano. Los detractores sostienen que el proceso de normalización del asturiano aboca a riesgo de extinción a los bables, las formas en que se habla el asturiano en distintos concejos del oriente, del centro o del occidente de Asturias, zona esta última donde recibe el nombre de fala, gallego-asturiano o eo-naviego.

La actual ley de uso y promoción del bable/asturiano, aprobada en 1998 por un gobierno del PP, que acabó roto al final de aquella legislatura con escisión incluida de un partido regionalista, establece que los asturianos tienen derecho a expresarse en él, tanto de palabra como por escrito, y a usarlo en sus comunicaciones orales y escritas con la administración autonómica del Principado.

La “llingua” asturiana, la “Lliteratura” y el gallego asturiano ya son asignaturas optativas cuya enseñanza se ofrece en más de doscientos centros públicos y concertados de la región y en la que estuvieron matriculados más de 22.000 alumnos en el curso 2019-2020. La III Encuesta Sociolingüística de Asturias, realizada por el Equipo Euskobarómetro y dirigida por el profesor Francisco José Llera, deparó, entre otros resultados, que el 62% de la población habla el asturiano, el 38% lo lee, el 25% lo escribe y el 90% lo entiende y también recogía que el 53% de los consultados estaba de acuerdo en la cooficialidad del asturiano y el castellano mientras que el 25 por ciento se manifestó en contra.

Oficialidad sin modelo

Partidarios y detractores han redoblado su presencia social y en las redes en las últimas semanas, después de que el presidente del Principado planteara abrir el melón de la reforma del Estatuto de Autonomía con protagonismo estelar para la incorporación de la oficialidad.

Adrián Barbón lanzó una propuesta que pretendía salomónica: hacer acomodo en el Estatuto al mero reconocimiento de la oficialidad, copiando el artículo de la norma autonómica gallega, y dejando el modelo para su desarrollo en una ley posterior. En paralelo, dio alguna pista en sede parlamentaria como que el asturiano nunca sería vehicular en la enseñanza, es decir que no se impartirían asignaturas como las matemáticas o la química en asturiano y que la “llingua” no se exigiría como condición imprescindible para acceder a la función pública.

El temor de los contrarios de la oficialidad es que, en el menor de los casos, el dominio del asturiano sea un mérito en el acceso a la función pública, lo que alejaría del funcionariado a quienes no dominasen el asturiano. También critican el elevado coste de la iniciativa, ya que todas las administraciones estarían obligadas a contar con personal que atendiese a los hablantes de “llingua”. Denuncian también que la oficialidad implicaría que el asturiano pasase a ser una asignatura troncal y obligatoria en la enseñanza. Finalmente destacan que, aunque una mayoría de asturianos emplea palabras en “llingua”, apenas hay hablantes de la lengua normalizada y que en la región las conversaciones habituales son en español.

La polémica sobre la oficialidad también ha calado, no podía ser de otra, en el escenario político asturiano, hasta el punto de acaparar buena parte de los dos debates más importantes del año, el del estado de la comunidad autónoma, que se celebró a finales de octubre, y el de la aprobación del Presupuesto del Principado para 2022. Para que la oficialidad prospere hacen falta 27 votos y PSOE, Podemos e IU suman 26 escaños.

Adrián Pumares, portavoz de Foro, ha condicionado el apoyo de su partido, decisivo, a un amplio paquete de reformas, en el que destaca la exigencia de rebajas fiscales tales como la supresión del impuesto de Sucesiones o la rebaja del IRPF a las que se ha venido negando sistemáticamente la izquierda asturiana. Y lo hizo después de que Vox le señalara personalmente, con su foto y el siguiente mensaje anexo: “Los progres quieren imponer a un millón de asturianos una lengua que no es la suya. Cooficialidad No”. Nunca llovió que no parara, pero la polémica de la oficialidad, como el orbayu, no tiene pinta de amainar.