Moreno ofrece al PSOE retomar el diálogo sobre Doñana tras el 23J para sacarlo de la campaña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha respondido a la carta que el líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, le remitió la pasada semana donde pedía, de nuevo, celebrar una reunión para reconducir la situación del regadío en Doñana, en el epicentro del enfrentamiento político por la proposición de ley impulsada por PP y Vox que aspira a legalizar más hectáreas para el cultivo de frutos rojos en la corona norte del Parque. Moreno invita a esperar a que culminen todos los trámites parlamentarios y elegir el momento adecuado para ese diálogo. “Si nos encontramos ahora podría conducir a una mayor división”, señala el presidente, que sugiere a Espadas “aislar este asunto de la contienda electoral”. “Después del 23 de julio seguirá abierta la posibilidad de incluir modificaciones que vengan a mejorar el texto legal”, señala el líder del PP, que avanza al jefe de la oposición que tras verano, en septiembre, tiene previsto celebrar una nueva ronda de contactos con todos los partidos del Parlamento.

El diálogo con la oposición está roto y los puentes también se volaron entre la Junta y el Gobierno con este asunto. Doñana es, sin duda, el asunto que más ha desgastado al Gobierno andaluz en su primer año de mayoría absoluta. En esta ocasión, Moreno deja claro que la proposición de ley no tiene ninguna prisa, aunque los plazos parlamentarios permitirían que se aprobara el próximo 26 de julio, justo después de las elecciones generales. Este periódico ya avanzó que el PP había hecho varias consultas técnicas y jurídicas y que barajaba posponer su debate final al próximo periodo de sesiones, en septiembre, confiando en que un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en Moncloa evitara la suspensión cautelar del plan de Doñana mediante un recurso al Tribunal Constitucional.

Moreno planea llevar Doñana a septiembre para ahorrarse con Feijóo el recurso al Constitucional

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha dejado claro que activará esa vía en cuanto el texto legal salga del Parlamento andaluz. La Comisión Europea vigila muy de cerca la tramitación de la proposición de ley y ha advertido de que caben sanciones automáticas al ir “en sentido contrario” a la sentencia que la justicia europea dictó en junio de 2021, que exigía revertir las extracciones de agua del acuífero de Doñana.

Segundo aplazamiento

Es la segunda vez que Moreno congela esta polémica proposición de ley. Ya lo hizo en las vísperas de las elecciones del pasado 28 de mayo, cuando la tramitación se paralizó en la Cámara andaluza. Ahora vuelve a posponerse al otoño, de nuevo, explica el presidente, para evitar el ruido electoral. Fue el gran reproche común que compartieron todos los agentes sociales y económicos que desfilaron por el Parlamento para dar su opinión sobre la proposición de ley. El más contundente, el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, que clamó: “Dejen de engordar más esta absurda guerra”, reclamando al PP que “detengan la crispación”, eviten que “la bola de nieve siga creciendo” y “tengan el coraje político” de retirar la proposición. Eso no está en los planes, aseguran desde el Gobierno andaluz, aunque tratarán, insisten, en buscar vías de diálogo. La oposición, con PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, se ha negado a presentar ningún tipo de enmienda al texto, al insistir en que solo cabe su retirada.

Un duro enfrentamiento

La proposición de ley que ha enfrentado con dureza al Gobierno de la nación y la Junta de Andalucía, alimentando la confrontación política por encima de cualquier otro asunto, se registró en el Parlamento andaluz el pasado 12 de abril. Desde entonces la escalada verbal, ante una Comisión Europea atónita, una comunidad científica indignada y avisos severos de la Unesco, ha ido creciendo. Incluso se promovio una campaña de boicot de activistas alemanes a la fresa en Huelva, alertando al sector por el inmenso daño reputacional, y se suspendió abruptamente una visita de una delegación del Bundestag ante la pelea política.

La proposición prevé regularizar unas 750 hectáreas de suelo que en 2014 perdió su condición de regadío y que volvería a tener esa calificación, aunque no hay agua y es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en contra, la que debe conceder los nuevos derechos. La iniciativa cuenta con el aliento de la Plataforma de Regantes, agricultores afectados por la regulación del plan de la fresa de hace casi diez años, de los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. No todos los agricultores están a favor, los freseros históricos, la mayoría de los que cultivan en Almonte, reunidos en la asociación Puerta Doñana, están en contra porque esperan que el trasvase de agua previsto del Tinto-Piedras-Odiel sirva para que ellos puedan dejar de obtener con agua del acuífero y puedan empezar a utilizar agua en superficie de esa obra.