PUGNA ELECTORAL

El PP congela la tramitación de la ley de Doñana hasta que pasen las elecciones del 28-M

Moreno y Bendodo de espaldas

Moreno y Bendodo de espaldas / Joaquín Corchero /EPC

Isabel Morillo

Isabel Morillo

La tramitación de la proposición de ley de Doñana que PP y Vox dirigen en el Parlamento andaluz se congelará hasta que pasen las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. De ahora a entonces no se esperan más trámites en la Cámara autonómica. Solo después es posible abrir una negociación para intentar buscar salidas que permitan retirar una ley sobre la que la Comisión Europea ya ha dicho con claridad que infringe el derecho comunitario y las directivas europeas y que podría acarrear sanciones desde Bruselas.

Hasta que se cierren las urnas no habrá más movimientos, según confirman desde el Gobierno andaluz y el grupo parlamentario. Después del 28-M se verá la factura que Doñana pasa en las urnas, insisten desde el PP, convencidos de que será rentable para los populares y castigará las posiciones del PSOE, que "habla desde Madrid", señalan fuentes populares, y "desconociendo" la realidad de los agricultores andaluces. Los socialistas aseguran que no han testado qué consecuencias puede tener la medida en las urnas para un partido que en las autonómicas de junio tocó fondo en Andalucía. "Pedro Sánchez es el enemigo de los agricultores andaluces", sostuvo el portavoz del PP, Toni Martín. Los socialistas creen que "la imagen de Moreno sale muy dañada" y que el cálculo electoral en esta iniciativa sobre Doñana es "un error político".

De urgencia

La norma fue registrada por trámite de urgencia y eso no cambia, insisten fuentes del Ejecutivo. Los plazos se cumplirán y se puede aprobar antes de que en julio la Cámara se vaya de vacaciones. “Nadie retira nada”, advierten desde el PP, pero hasta que no pasen las elecciones no habrá más movimientos dentro de la Comisión de Fomento que deberá ahora seguir la tramitación de la proposición destinada a ampliar las hectáreas de regadío en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana. El siguiente paso es fijar el calendario de comparecientes y dar luz verde a que agentes políticos, económicos y sociales pasen por el Parlamento a dar su parecer del texto. Eso ocurrirá en junio. PP y Vox han solicitado que acuda a la Cámara la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Entre los citados están también los grupos ecologistas y nombres relevantes de la comunidad científica, que ya han mostrado su perplejidad porque se tramite esta norma en un momento "dramático" y "crítico" por la sequía en el Parque Nacional.

A la espera del Ministerio

La proposición, que ha ocasionado un grave revuelo con ecos en Bruselas y enfrenta a la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, echó a andar el pasado 12 de abril con los votos de PP y Vox y una dura oposición del resto de grupos parlamentarios, la alerta de la comunidad científica y el aviso del Ministerio para la Transición Ecológica de que llevarán la norma al Tribunal Constitucional.

Este jueves, Vox aprovechó la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz para desafiar a Moreno. El presidente andaluz se ha abierto a posibles cambios conforme pida Bruselas y para encontrar “soluciones alternativas” con el Gobierno de la nación. Defiende que lo importante es dar una salida a los agricultores onubenses que en 2014 perdieron los derechos de regadío sobre sus tierras agrícolas en el plan de ordenación de la fresa, aprobado por la Junta de Andalucía, entonces en manos socialistas. El presidente andaluz ha abogado por encontrar soluciones "imaginativas" como la permuta de terrenos a los agricultores. El Gobierno central exige la retirada de la norma para llamar a la Junta a dialogar porque, advierte, no negocian "ilegalidades".

El tema central

Del enfrentamiento a varias bandas este jueves en el Parlamento andaluz ha quedado claro que no hay ahora mismo ningún asunto, ni siquiera el conflicto en la sanidad pública, que tenga el eco de Doñana y que eleve en el mismo grado los decibelios de crispación y enfrentamiento político. El presidente de la Junta ha dejado muy claro que la “soberbia” que le achacan los grupos de la oposición, que le acusan de haber aprobado un texto “a las bravas”, es la que tiene el Gobierno de la nación, a quien asegura que lleva “seis meses” pidiendo un encuentro bilateral para encontrar soluciones sin que nadie atienda a la solicitud de esa reunión.

Vox, que ha quedado diluido en mitad del enfrentamiento entre Juan Manuel Moreno y Pedro Sánchez por Doñana, trató de reivindicar su espacio, dejando claro que si la iniciativa se tramita hoy de nuevo en el Parlamento andaluz es porque el partido de Santiago Abascal se empeñó. "Lo que diga Bruselas nos preocupa realmente poco", afirmó el portavoz de Vox, Manuel Gavira. Ante el desafío claro a la Comisión Europea, Moreno aprovechó para marcar distancias y señalar que entre el PP y Vox hay grandes diferencias: "Ustedes son euroescépticos y nosotros europeistas", llamando una vez más al diálogo con todos los agentes implicados en el conflicto. Para el presidente andaluz, el mensaje de Vox tiene "tufillo electoralista interesado".

Moreno acusó a los partidos de izquierda en Andalucía de haber "abandonado a Huelva", elevando la situación de Doñana a un problema de todos los agricultores andaluces por la falta de agua. Vox también evidenció la pugna que hay en la derecha por el voto rural: "No vamos a dar ni un paso atrás. Esto no es solo por los regantes de Huelva sino por el sector primario de toda Andalucía y de toda España".

El líder del PP andaluz recordó al socialista Juan Espadas que hace solo seis meses su grupo se abstuvo en una proposición de ley similar a la que ahora se tramita y que entonces el socialista reivindicó su "autonomía" frente al Gobierno de Pedro Sánchez para marcar su posición con el regadío en Doñana. El PSOE dejó claro que el consejero andaluz de Medio Ambiente se reunió dos veces con el Gobierno y que "el único tufo electoral", dijo Espadas, es el que desprende Moreno con una iniciativa que costará cara en Bruselas.