Moreno planea llevar Doñana a septiembre para ahorrarse con Feijóo el recurso al Constitucional

El PP vuelve a dejar en el aire la aprobación de la proposición de ley del regadío en Doñana. El calendario se mira con lupa para evitar el recurso al Tribunal Constitucional que supondría, de forma automática, la suspensión cautelar de la norma. Los plazos en marcha señalan que la iniciativa de PP y Vox podría estar aprobada en el pleno de la Cámara en el último pleno del actual periodo de sesiones, el 26 de julio. A esa fecha apuntaron fuentes del PP con seguridad cuando se reactivó la tramitación de la norma tras un primer parón ordenado por el presidente Juan Manuel Moreno para que la pugna por el Parque Nacional no se adueñara de la campaña de las municipales.

Desde el PP siempre se ha señalado julio o septiembre "si no da tiempo". Margen hay pero ahora de nuevo barajan dejar la aprobación del texto para después de verano. Aseguran desde el PP que los plazos están “muy apurados” y eso que liquidaron en una sola jornada la comparecencia de los agentes económicos y sociales. Queda elaborar el dictamen final de la ley y enviarla a pleno. Los grupos de la oposición no registrarán enmiendas como señal de protesta a una norma que tiene a toda la izquierda, científicos y ecologistas en pie de guerra y que además puede conllevar una severa multa económica a las arcas del Gobierno desde la Comisión Europea.

Recurso en funciones

El PP ha realizado varias consultas jurídicas sobre los posibles escenarios, según ha podido saber este periódico. Si se aprueba a final de julio, el gobierno socialista de Pedro Sánchez estará en funciones pero igualmente podrían recurrir la norma al Tribunal Constitucional. Hay pocas dudas de que el Alto Tribunal admitirá a trámite el recurso y la proposición de ley quedará suspendida de forma cautelar. La norma andaluza regula sobre el suelo pero su decisión afecta a los derechos de riego y agua, competencia estatal. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera confirman que habrá recurso de forma inmediata en cuanto se apruebe y publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para evitar su entrada en vigor y que la Comisión Europea, como ya ha advertido, mueva ficha para abrir un expediente sancionador.

El PP trabaja en un escenario en el que da por seguro que Alberto Núñez Feijóo será presidente del Gobierno, con la garantía de que no habrá recurso al Constitucional. El líder del PP se ha alineado desde el primer minuto junto al presidente andaluz y ha convertido Doñana en su propia batalla contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Con un encontronazo incluido con la vicepresidenta Teresa Ribera que desveló en una entrevista con El Periódico de España, diario de Prensa Ibérica, que trató de hablar con Feijóo para pedirle ayuda con Doñana y éste le dijo que “no quería saber nada”. El PP negó esa conversación para luego admitir que sí se había producido un breve encuentro casual aunque consideró “frívolo” llamarlo “conversación”.

Desde que estalló la polémica con la nueva proposición de ley, que prevé regularizar unas 750 hectáreas más de regadío en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, el PP desde Andalucía ha hecho cálculos con la idea de que su partido gobierne España. Incluso en conversaciones privadas con la Plataforma de Regantes, según ha podido contrastar este periódico, ha deslizado de manera informal la importancia de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenga un nuevo responsable designado por el PP, proclive a hacer los cambios necesarios para dotar de agua a los nuevos agricultores que obtengan derechos de regadío.

Amenaza millonaria

Desde el Gobierno de la nación advierten de que la multa de la Comisión Europea no se hará esperar si el texto sale adelante en los términos en los que se tramita en el Parlamento andaluz. Ya existe una sentencia de junio de 2021 que condenó a España por incumplir la directiva de aguas y que culpaba de la desecación de Doñana a los pozos ilegales de agricultores de la fresa y a la urbanización turística de Matalascañas. La sentencia no imponía sanciones ni multas pero estas llegarán de manera inmediata y automática, ha advertido la Comisión, si sale adelante una proposición de ley que advierten va “en sentido contrario al derecho europeo”. España va a pagar unos 80 millones de euros por una dura sanción al Gobierno por incumplimiento en la depuración de aguas residuales. La sanción en el caso de Doñana se desconoce pero la cantidad, admiten fuentes europeas, podría ser similar.

Por Andalucía citó este lunes en el Parlamento a algunos de los llamados a comparecer en la tramitación de la ley que fueron vetados por el PP. El catedrático Leandro del Moral advirtió de que ahora mismo "el 87% del agua se utiliza por el 10% de los agricultores" del entorno de Doñana y la asociación Puerta Doñana, que reúne a agricultores de Almonte contrarios a la proposición, señaló que es "una ruina" para la comarca.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, volvió a sugerir al presidente andaluz que lo convoque a una reunión para hallar una salida y una "solución concreta" a los agricultores de la zona norte del Parque Natural. Desde hace meses los puentes están rotos entre Junta y Gobierno, la última interlocución se remonta al pasado 27 de febrero. Moreno asegura públicamente que está dispuesto a enmendar la proposición de ley e introducir cambios pero no retira el texto mientras que el Gobierno asegura que no puede negociar nada y exige que se retire la reforma legal. La pugna electoral con Doñana en el centro de la batalla política continúa sin ninguna posibilidad de encuentro hasta la fecha.