Sanitarios migrantes claman por el atasco en las homologaciones: "Solo queremos trabajar y no nos dejan"

"Psicólogos, ¡presentes!; odontólogos, ¡presentes!; médicos, ¡presentes!; Universidades, ¡ausente!". Una veintena de sanitarias migrantes -porque casi todas eran mujeres- se han dado cita este miércoles frente al Congreso de los Diputados y, megáfono en mano, han coreado un grito unánime: "¡Homologación justa, ya!". O, en otras palabras, piden a quien les escuche, que se desatasquen los 100.000 expedientes que están enroscados en el ministerio que dirige Diana Morant, el de Ciencia, Innovación y Universidades. En la concentración les acompaña EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y recoge sus historias de migración y, en muchos casos, de desaliento. La de Lía, joven médico rusa que sueña con ser oncóloga radioterápica en el Hospital 12 de Octubre; la de la psicóloga Gabi Luzzi, argentina y nieta de gallega de Ourense o la de Catalina, odontóloga chilena. Todas claman lo mismo: "Queremos trabajar y no nos dejan".

Cita frente al mítico Hotel Palace con la psicóloga Gabi Luzzi. En apenas un rato, Luzzi, miembro del movimiento 'Homologación justa, ya!, se encontrará con compañeras que, como ella, llevan años esperando que se resuelvan sus expedientes para ejercer en España. Al mismo tiempo, 11 horas de este miércoles, otros tantos sanitarios se han manifestado en ciudades de todo el país. Les sobran los motivos dicen: son profesionales sobre cualificados que se ven abocados a la precariedad porque no consiguen homologar sus títulos obtenidos en universidades extranjeras.

A la concentración de Madrid, asiste la pediatra de origen iraní Rami Ahmadi, una de las dirigentes de un movimiento que nació, admiten sus protagonistas, no solo para reivindicar su situación, sino también para sentir que no estaban solas en esa marea burocrática en la que se ven envueltas cuando inician un proceso que se demora durante años. Que se eterniza y les quita opciones.

La primera manifestación

Este 28 de febrero, precisamente, se cumplen dos años y un mes de la primera gran manifestación en la cual se le exigía al entonces ministro Joan Subirats una solución urgente "para la problemática que mantenía la vida de más de 20.000 profesionales, y de sus familias, en pausa". Desde entonces, critican, la situación no ha mejorado. Es más. Cada día que pasa va a peor. Van por 100.000 expedientes atascados.

Una marea de profesionales cada vez más ruidosos -a medida que ese atasco de títulos va creciendo- y que ya ha despertado el interés de sindicatos y grupos políticos que, a lo largo de la mañana, acuden a la concentración para conocer sus problemas. Rami acaba de llegar de Valencia, donde vive y donde gran parte de la vida se le va, precisamente, atendiendo y ayudando a centenares de profesionales extranjeros que llevan años de espera para conseguir que sus expedientes se desatasquen. "Mis hijas me riñen, me dicen que tengo que salir de casa a hacer otras cosas", dice risueña esta médico reivindicativa que trabaja como voluntaria con varias organizaciones.

Un viaje imprevisto

El viaje a Madrid de Ahmadi, casi cuatro años de espera para homologar su título, es imprevisto. Cuenta a este diario que le tocaba concentrarse en Valencia "-la ciudad está down", refiere sobre la terrible resaca que se vive tras el incendio de la pasada semana- pero acude a Madrid porque les han dicho que varios diputados quieren hablar con ellos. A primera hora, se aproxima Jordi Salvador, de ERC, quien intercambia impresiones de Gabi Luzzi. Rato después, llegará un representante sindical de CC.OO que, explica la siempre optimista Rami, ya ha manifestado su intención de recoger sus reivindicaciones.

A la cita frente al Congreso -en una mañana de mucho ajetreo, con el 'caso Koldo' protagonizando la sesión de control -asiste también Carmen Cervantes, de la Secretaría de Migraciones del PP, española-ecuatoriana y médico que, explica este diario, en unas semanas tendrán la fecha para la presentación de una Proposición No de Ley (PNL) a nivel nacional, a propuesta de su partido, como la que la Comisión de Educación y Cultura de las Cortes Valencianas acaba de aprobar por unanimidad instando al Gobierno a que la homologación de títulos universitarios sea "más ágil y rigurosa".

Con esta medida también se reclama al Ejecutivo que cumpla con el plazo de resolución de seis meses que establece la ley. Porque, un poco más allá, en una concentración que empieza tímidamente, con apenas gente, y bajo el aviso amable de un policía de que si superan la veintena de asistentes, deberá desplazarse más lejos del radar del Congreso, también está Diana Paredes, diputada en la Asamblea de Madrid por Más Madrid, migrante, como reza en su perfil, quien resume lo que sienten quienes allí corean el "Diana Morant, ¡ausente"! Lo que están viviendo es "una injusticia ante la que se debería hacer algo. Provoca sobre cualificación laboral y desigualdad salarial", zanja Paredes.

Las pioneras

Rami se mueve entre sus compañeras con energía. Confiesa que es una mañana de "emociones" porque nunca se han concentrado ante el mismísimo Congreso. Antes, en un café rápido, explica que el germen del movimiento que ahora lidera y que, con los meses ha ido ganando mayor visibilidad, estuvo en precisamente en los psicólogos y los odontólogos, los que más complicado lo tienen para homologar esos títulos, advierte- y apunta directamente el mérito a mujeres como Gabi Luzzi, amplia sonrisa y tono sosegado, del Movimiento Psicólogos Migrantes, del que forman parte 1.500 profesionales.

Nieta de una gallega de Ourense que emigró a Buenos Aires junto a sus hijos allá por 1950, la psicóloga, 32 años, relata una historia muy similar a la que luego contarán otras sanitarias a este diario. Muchas, llegaron en plena pandemia. Antes, desde sus países, en las oficinas consulares, ya habían comenzado sus trámites para homologar esos títulos. En el caso de Gabi, licenciada en Buenos Aires en 2017, llegó en 2020. Ya con cita. No valió para nada. La crisis sanitaria lo paralizó todo.

En España, Gabi salió adelante como pudo. Tiró de ahorros, limpió casas, dio clases a domicilio (ahora es monitora de yoga y pilates). Y llegó la espera.

Salió adelante como pudo. Tiró de ahorros, limpió casas, dio clases a domicilio (ahora es monitora de yoga y pilates). Y llegó la espera. 3 años y cuatro meses desde aquel 2020. "Ama" esa España de la que tanto le había hablado esa abuela gallega y quiere vivir aquí. Pero siente "frustración, decepción, desmotivación. No es solo burocracia, es que no quieren que trabajemos", sentencia ante un café. En el caso de psicología, añade, es especialmente difícil. Desde 2014 -salvo contadísimas excepciones- no existen homologaciones. "Está todo hecho para que no podamos trabajar", insiste.

Además, critica, los propios colegios profesionales de Psicología bloquean esas equivalencias e indican expresamente en sus páginas web en los requisitos "tener nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea". Solo Cataluña les apoya. Cita casos de sanitarios españoles que se han ido a estudiar a otros países y que también están teniendo problemas en las homologaciones.

Fin del café previo y hora de moverse frente al Congreso para hacerse oír. Frío que pela en Madrid, mucho trasiego frente a las Cortes y tan solo Rami y Gabi, arrancando la protesta de un colectivo, advierten las dos, donde también hay ingenieros, arquitectos, abogados, docentes... Nervios y cierto optimismo porque les han chivado que, además de las visitas de representantes políticos que irán recibiendo a lo largo de la mañana, estarán, también, las diputadas Esther Muñoz, del PP, y Tesh Sidi, de SUMAR.

El surrealismo de Marisol

Con cuentagotas, van llegando compañeras mientras ellas despliegan las pancartas que Gabi porta en una gran bolsa. Aparece Marisol Giménez Salinas, 38 años, que fue psicóloga de la Armada Argentina durante varios años y relata una historia que es puro surrealismo. "Hay gente que tiene siete años de espera, ocho", resume. Ella arrancó la tramitación de su homologación en 2019, tras abandonar la Armada, y, por el camino, se topó con que Universidades había confundido su nombre con el de una fisioterapeuta -de mismos apellidos, de nombre María Sol- con la que mezcló su expediente.

"Empecé a reclamar y estuve un año y medio con datos que me llegaban de otra persona. Porque me llegaba la resolución de que estaba homologada. Yo feliz. Luego llego, la notificación y no era yo", cuenta Marisol. Ahora, como sus compañeras, sigue esperando. Muchas se dedican a colaborar como voluntarias con ONG que trabajan con migrantes o colectivos vulnerables.

A la Plaza de las Cortes, a los pies de la Organización Médica Colegial, llega también Lia Karapetian, rusa de Moscú, 27 años, licenciada en 2020 en Medicina General, a la que rechazaron en 2021 por el antiguo decreto de homologaciones (el último es de 2022). Sueña con poder especializarse en oncología radioterápica y trabajar en el madrileño hospital 12 de Octubre. Incluso, se marca plazos: "entrar el MIR en 2025". De momento, sigue soñando. Y estudiando. Volver a su país, dice, no es una opción. "Hay muchas probabilidades de que me llamen para ir a la guerra como médico militar", admite la joven facultativa.

Catalina, odontóloga

Avanza la mañana, y la cita se va animando. Cuantas más mujeres, más consignas. Más largos los gritos de: "¡Homologación justa, ya!". Lo secunda Dayanes Cortés, enfermera de Bogotá (Colombia), año y medio de demora. O Richard Anicama, médico de Lima, Perú, casi recién llegado a nuestro país. Lo corea, Catalina Alvear, 35 años, chilena de Santiago, odontóloga, que en su país trabajó en una clínica privada y, también, en salud pública.

Es una cuestión económica, no nos engañemos. Yo empecé este proceso con 57 años y tengo 64

Maite Cilleruelo, odontóloga

Como se ha dicho, odontólogos y psicólogos son los que lo tienen más difícil. Desde Tenerife, lo cuenta Maite Cilleruelo, española que estudió en la Universidad de Carabobo, Venezuela. Este próximo 8 de marzo, tienen el examen de homologación del grado, simultáneamente en varias Facultades de Odontología de España, tanto de universidades públicas, como privadas.

Su caso detalla Maite, es "muy grave". Por ejemplo, explica, a partir del antiguo decreto tenían dos convocatorias al año, según la ley, y ahora, con el nuevo decreto, solo tienen una. Su proceso empezó en el 2016, le llegó la resolución en 2019. Llegó la pandemia. Todo se paralizó. En el 2022 no hubo convocatoria. En 2023 sí, pero de casi 2.000 odontólogos que se presentaron apenas pasó el 4%. "Otra cuestión, ellos nos están evaluando a nivel de maestría, y nosotros estamos a nivel de grado o licenciatura", puntualiza.

"Es una cuestión económica, no nos engañemos. Yo empecé este proceso con 57 años y tengo 64", se lamenta la odontóloga que hizo su maestría en Estados Unidos y trabajó muchos años en Venezuela. "Somos sanitarios trabajando de conductores, de repartidores, de limpieza y no tiene sentido; el Ministerio de Sanidad debe intervenir. Solo queremos trabajar", zanja desde Madrid Gabi Luzzi mientras, con sus compañeras, clama por una solución ya.