Ley ómnibus de Ayuso: la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria genera reticencias por falta de control y transparencia

Asociaciones vecinales, de usuarios y sindicatos se concentran este jueves frente a la Asamblea de Madrid, donde el Gobierno regional tiene prevista la aprobación de la Ley Ómnibus, que promueve la modificación de una cuarentena de leyes y que en materia sanitaria contempla la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria de la región, algo que en la oposición y el sector genera reticencias por su supuesta falta de control y de transparencia.

Para las entidades convocantes de la movilización, la nueva Agencia es "toda una declaración de intención para futuras privatizaciones encubiertas". La luz verde a la normativa, que se produce en un clima de gran crispación con los médicos y pediatras de centros de salud en huelga desde el pasado 21 de noviembre, incluye también en el ámbito sanitario la posibilidad de contratar a médicos extracomunitarios y que centros públicos y privados puedan compartir historiales médicos.

Ayuso abre ahora la puerta a contratar médicos extranjeros sin nacionalidad comunitaria

La Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la administración, conocida como Ley Ómnibus, fue validada por el Ejecutivo madrileño en febrero pasado y hoy se encuentra en la recta final de su tramitación legislativa en la Asamblea de Madrid, donde previsiblemente se aprobará esta tarde para que entre en vigor de forma inmediata.

La creación de la Agencia de Contratación Sanitaria incluida en el proyecto se justificó entonces en la experiencia vivida durante los primeros meses de la pandemia, donde los contratos de emergencia aquel periodo fueron incluso objeto de un pleno extraordinario en la Asamblea en el que la oposición pidió cuentas al consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, acerca de la falta de información sobre aquellos contratos. Fue precisamente en ese contexto en el que el grupo socialista lanzó críticas expresas hacia las adjudicaciones que había obtenido la empresa en la que trabaja el hermano de la presidenta de la Comunidad.

Entidad con potencial pero control "limitado"

El proyecto en sí, la creación de un ente de estas características, no ha sido objeto de crítica por parte de la oposición ni del sector, pero unos y otros han estado en alerta porque entienden que puede ser el camino para incrementar las privatizaciones en el sistema de salud pública de Madrid o, en su defecto, actuar sin ningún tipo de control. Esto último es lo que temen en Más Madrid. "La agencia es un ente potencialmente con virtudes para evitar el chiringueteo de la contratación de los diferentes hospitales, generar economías de escala, directrices comunes, ser más evaluable y transparente", explica el portavoz de Sanidad de esta formación, Javier Padilla, pero cree que no se ha querido crear "en esa dirección" y por eso muestra sus reticencias.

Critica, en primer lugar, que se haya creado un ente de estas características a través de un artículo de una ley que es un cajón de sastre, más o menos la misma apreciación que hace el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle.

La norma contempla la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria para centralizar la contratación de suministros, bienes y servicios de la red asistencial. 

Una vez conocido el dictamen final que se aprobará hoy, Padilla considera que, sobre todo, existe una falta de transparencia y control de la Agencia, con limitada rendición de cuentas que explica así: "presenta unos procedimientos de compra, selección y contratación no definidos que no delimitan correctamente el objeto de centralización de la contratación de suministros, bienes y servicios", "ahonda en una total politización de los órganos de gobierno y dirección de la Agencia, obviando la existencia de una ley de bueno gobierno y profesionalización de las actividades de dirección sanitaria", "rehúsa a especificar los mecanismos de incorporación de conocimiento clínico experto a la toma de decisiones en materia de contratación centralizada" o "limita la capacidad de control por parte de los representantes públicos y la ciudadanía en general".

Crítica del sector

Sin embargo, a diferencia del responsable de FADSP o de formaciones como Podemos, no cree que con la creación de la Agencia exista un mayor riesgo de privatización de la sanidad madrileña. Sánchez Bayle sí teme que el hecho de que la agencia, a diferencia de una central de compras, incorpore no solo bienes sino también la posibilidad de contratar servicios ahonda en la posibilidad de privatizar, por ejemplo, asuntos tan esenciales para la sanidad como "la vacunación de determinados sectores, las resonancias, las actividades de rehabilitación o la propia atención primaria".

Pero, sobre todo, arremete contra la falta de transparencia. Las adjudicaciones, según el apartado que regula el régimen jurídico general de la creación de esta Agencia, "será el establecido para las administraciones públicas en la Ley de Contratos del Sector Público", de forma que toda adjudicación debería estar regida por los controles que establece esta norma nacional. Pero Sánchez Bayle apunta que "no es tanto que a posteriori se de publicidad a lo hecho, sino hacerlo sin concurso público". En su opinión, "se plantea un organismo que puede hacer las contrataciones de forma opaca sin control parlamentario previo".

Asociaciones en defensa de la sanidad pública critican que la Agencia pueda realizar contrataciones "sin control parlamentario".

Agilizar las compras

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, consciente de las críticas que planteaba este nuevo ente, explicó en su momento que el nuevo organismo público -que será parte de la administración institucional de la región, adscrita al Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y financiada con cargo a los presupuestos generales- pretende solo centralizar la contratación de suministros, bienes y servicios de la red asistencial aprovechando la experiencia previa de la junta central de compras que tuvo especial protagonismo durante la pandemia y facilitar el acceso al material o servicios necesarios en cada momento.

El objetivo, decía, es agilizar y homogeneizar los procedimientos de compra, unificar los precios y conseguir economías de escala, con repercusión también en los plazos de entrega, apunta el Ejecutivo Además, según el texto, facilitará el acceso al mercado global de productos, principalmente materiales críticos (como materiales de protección o fármacos), algo de vital importancia tras la emergencia vivida en la crisis sanitaria del coronavirus por la falta de estos productos.

Este mismo jueves, las entidades que hace un año ya se manifestaron en contra del proyecto, volverán a concentrarse frente a la Asamblea porque consideran que la agencia "podrá realizar contrataciones de cualquier bien o servicio en materia sanitaria a cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil, sin control parlamentario, llevando así, a privatizaciones encubiertas, con cargo al erario público". Piden que se acabe con las externalizaciones de los servicios, fomentando su reversión a la gestión pública directa y que se retire la creación de dicho organismo. Solicitan a la Consejería de Sanidad que apueste por una gestión directa de los recursos, evitando duplicidades.

Contratación de médicos

Por otro lado, la normativa abre la puerta a la contratación de médicos extracomunitarios. En plena polémica por la situación de la sanidad pública en Madrid, el pasado 16 de noviembre, y aunque el proyecto se conocía desde diciembre de 2021, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, elevó un informe al Consejo de Gobierno para informar al resto de sus compañeros de las posibilidades que ofrece la ley mediante la cual se podrá contratar a profesionales extracomunitarios, ya que la norma regional exime del requisito de la nacionalidad española en aquellos casos en los que la titulación requerida sea una especialidad médica deficitaria.

Y que la normativa se podrá aplicar para profesionales que hayan obtenido la homologación oficial del título de licenciado en Medicina y el título de especialista, expedidos por el Ministerio de Educación y el de Sanidad, respectivamente. "Su exclusión implicaría caer en la ilegalidad de no reconocer un título a todas luces válido en España para ejercer la Medicina", se remarca en aquel informe de Escudero.

De esta forma, el Gobierno autonómico señala que "cumple con el compromiso de realizar la modificación legislativa necesaria para, por razones de interés general, cubrir las necesidades asistenciales y paliar el déficit de profesionales en algunas especialidades". Madrid -inmersa en una huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria que parece no tener visos de solución- sostiene que la falta de facultativos es un mal común a toda España.

La Asociación de Médicos Venezolanos en España ve "positivo" que se abra la puerta a la contratación de facultativos extracomunitarios.

"Lo consideramos como algo positivo que abre la posibilidad a médicos extracomunitarios que se han formado a través del MIR para que puedan quedarse en España trabajando", señala a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el doctor Giovanni Provenza, presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España (AMEVESP). Hace apenas unas semanas, esta asociación ofrecía un contingente de más de 6.000 facultativos de este país que viven en España y que se ofrecen para atenuar, entre otras, la crisis en la que está inmersa la Atención Primaria en España por la falta de profesionales.

La nueva normativa va a permitir, además, compartir la historia clínica entre entidades públicas y privada.

Aseguran estar dispuestos a trabajar "en cualquier centro de salud, hospitales públicos o centros privados" y ponen el foco, precisamente, en la Comunidad de Madrid donde hay hay 710 facultativos y muchos trabajan en la sanidad privada como médicos generales. En la actualidad, hay 1.100 médicos de este país esperando la homologación de sus títulos. El tiempo medio para la resolución del expediente es de 24 meses.

Por otro lado, la nueva normativa que este jueves aprueba Madrid va a permitir, a través de una modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas promoviendo la colaboración entre las mismas. Según la ley, esto va a suponer "importantes ahorros para todos los sujetos y entidades implicadas, ya sean pacientes, Administraciones públicas o instituciones privadas".