Madrid urbaniza sin perspectiva de género, aunque la ONU y el Supremo lo pidan

El Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere deshacerse de la obligación de tener en cuenta al colectivo LGTBI a la hora de urbanizar, un paso atrás en igualdad que se sumaría a la laguna existente sobre el impacto de género en la región: la legislación autonómica no exige ni tiene en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres, tampoco en sus proyectos urbanísticos, algo que pide la ONU y ha recomendado hasta el Tribunal Supremo.

Este miércoles, la Asamblea de Madrid debatirá y previsiblemente aprobará con los votos a favor de PP y Vox el dictamen del proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley ómnibus, que incluye cerca de 40 cambios legales. Vox ha logrado incorporar una enmienda, aceptada por los populares, para que dos artículos de las leyes LGTBI de la región no sean de aplicación en la ley del suelo, de forma que, mientras no consiguen que el Gobierno autonómico derogue estas normas, solicitadas permanentemente por Rocío Monasterio, al menos, van diluyendo su impacto.

Las políticas de género frustran la ley ómnibus de Ayuso en el último minuto

De los informes de género en la tramitación urbanística, que deberían aportar información sobre cómo la urbanización de un espacio afecta a la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, no dicen nada. La Comunidad de Madrid tiene desde diciembre de 2019 una Guía sobre urbanismo y género basada en la ley estatal, pero el tema no ha sido incorporado a la normativa regional a pesar de lo que indica la jurisprudencia nacional o las recomendaciones supranacionales.

Obligatoriedad normativa

En Madrid, las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación  y la de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, en sus artículos 45 y 21 respectivamente, obligan desde 2016 a la Administración autonómica a incorporar evaluaciones de impacto sobre orientación sexual e identidad de género en el desarrollo de sus competencias y de sus leyes "para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación a las personas LGTBI".

Por eso, la ley del suelo tiene como requisito la elaboración de informes del impacto del urbanismo sobre la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, al no disponer la comunidad de una ley de igualdad --tan sólo Madrid y La Rioja no tienen esta legislación, si bien esta última la está tramitando en su parlamento--, la citada ley del suelo no incluyó ningún requisito sobre el impacto de género en el urbanismo.

La profesora de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid, Inés Sánchez de Madariaga, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que Madrid no ha abordado esta cuestión de manera específica, a pesar de un hecho sustantivo, que "las vidas de los hombres y las mujeres en la ciudad son muy distintas". "Las tareas de cuidados recaen mayoritariamente en las mujeres y eso hace que el uso de la ciudad sea muy distinto para ellos que para ellas", apunta.

"Implica un uso distinto del transporte, del equipamiento, de los espacios públicos, de los espacios verdes, de la vivienda y del entorno inmediato de la vivienda", detalla la experta. En este sentido, incide, la evaluación de impacto de género es una "herramienta muy útil" para la implementación de la igualdad entre mujeres y hombres. No es la única, pero puede ser muy útil si se hace bien.

"Está pendiente en la Comunidad de Madrid y quizá ahora es el momento de hacerlo, de aclarar estos conceptos y estas políticas, ver dónde está el elefante en la habitación en el tema urbanístico y de planeamiento urbano", asevera Sánchez de Madariaga.

Recomendación del Supremo

La ausencia de legislación autonómica sobre los informes de impacto de género en el urbanismo de Madrid es una cuestión que llegó hasta el Tribunal Supremo, a raíz del  Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte.

Al no existir mención expresa en las leyes autonómicas del suelo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid interpretó que se debía utilizar la legislación nacional de forma supletoria. Sin embargo, el Supremo revocó esa decisión, pues la Constitución aclara que la competencia exclusiva sobre urbanismo es de las comunidades autónomas y aquí el Estado no puede dictar normas supletorias.

Ahora bien, el alto tribunal defendió en su sentencia que "el principio de igualdad de género no resulta una cuestión neutral en materia de urbanismo". "El principio de igualdad de trato es un principio inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano, que exige una ordenación adecuada y dirigida, entre otros fines, a lograr la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, esto es, no es necesario el sometimiento del plan a un trámite específico para que esa perspectiva sea tenida en cuenta".

Sánchez de Madariaga subraya cómo el Supremo dice que el urbanismo tiene que ocuparse de la igualdad entre mujeres y hombres, si bien cómo se haga queda en manos del legislador, en este caso la Comunidad de Madrid.

Un clamor de Naciones Unidas

La igualdad de género y lograr que las ciudades sean "más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles" son dos de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.

Hace unos días, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaba un informe junto a la Universidad de Liverpool y la consultora Arup para incidir en la necesidad de una "acción urgente para eliminar los sesgos de género que se erigen en las ciudades y mejorar la seguridad y la salud de las mujeres y su acceso a la educación y el empleo".

El estudio, titulado Ciudades vivas: diseñar ciudades adecuadas para las mujeres, muestra que las ciudades no se han diseñado teniendo en cuenta a las mujeres, que son la mitad de la población. "Los resultados indican que las decisiones urbanas que se toman con escasa participación de las mujeres pueden exacerbar y perpetuar las desigualdades en las ciudades. (...) Mientras que es urgente derribar las barreras al ingreso de las mujeres a puestos en la planificación, la construcción y el liderazgo de las ciudades, también resulta imperioso redoblar los esfuerzos para llegar a quienes influyen en el modo actual de diseñar las ciudades, para mostrarles la importancia de la perspectiva de género y cómo incorporarla a su labor", indica el PNUD.

El estudio concluye que la aceleración de la participación de las mujeres en la gobernanza urbana es "una condición previa para ciudades más eficientes, pues las ciudades más adecuadas para las mujeres son además más resilientes e inclusivas de todas las personas".

En este sentido, si se omiten las necesidades y opiniones de las mujeres a la hora de diseñar y desarrollar los entornos urbanos "se pueden tener efectos adversos no solo para sus vidas, sino también para sus familias. Se restringen sus oportunidades y se lesiona el desarrollo sostenible general de las sociedades. Las ciudades con igualdad de género pueden producir enormes beneficios económicos, ambientales, políticos y sociales”, según el administrador del PNUD, Achim Steiner.

Batalla política por la igualdad

Pilar Sánchez Acera, portavoz del PSOE en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior de la Asamblea de Madrid que aprobará el dictamen de la ley ómnibus, explica que es "imposible" que se recoja la necesidad de estos informes "específicamente en el tema de mujer" porque la Comunidad de Madrid, efectivamente, "es la única en España sin una ley específica de Igualdad". Y no la hay, explica "porque el PP no ha querido".

El candidato socialista en las últimas elecciones, Ángel Gabilondo, lo propuso durante la campaña, pero Sánchez Acera reivindica para su formación esta batalla: "El debate no vino con estas dos leyes, viene desde hace años y se ha pedido en la Asamblea muchas veces". Con Ciudadanos en el Gobierno de la región, por un momento pensaron que se conseguiría. El ex videpresidente del Gobierno de la región, Ignacio Aguado, llegó a impulsar, de hecho, una Ley de Igualdad en marzo de 2021. Pero lo hizo sin el conocimiento previo del equipo de Isabel Díaz Ayuso y pocos días después de aquello, la presidenta convocó las elecciones del 4-M. Luego, llegó Vox y un "cambio de rumbo".

En Más Madrid, la portavoz de esta comisión, Tania Sánchez, recuerda que las dos leyes de la Comunidad de Madrid en materia LGTBI "fueron un hito importante" en la legislatura de 2015 a 2019. "Vox lleva toda la legislatura pidiendo al PP su derogación y el PP no se atreve, cercenar derechos conquistados suele ser un riesgo no recomendable a unos meses de ir a elecciones".

Advierte que su formación hará lo posible por que las propuestas acordadas entre Vox y Ayuso no salgan adelante: "Registraremos (en la Asamblea) una reconsideración del acuerdo de tramitación de estas enmiendas porque no creemos que se ajusten a reglamento, pediremos que no se siga con el trámite otra vez y estamos valorando ir al Constitucional si siguen con ellas en el proyecto". Estas enmiendas se han tramitado, en opinión de su formación, de "forma irregular para poder decir que están 'deshaciendo el lobby de la ideología de género'".