CRISIS EN LA SANIDAD MADRILEÑA

Ayuso abre ahora la puerta a contratar médicos extranjeros sin nacionalidad comunitaria

El 8% de los residentes internos en Madrid tienen nacionalidad distinta a la europea

En la legislatura pasada el Gobierno de coalición no vio necesario aprobar una proposición de ley que promovía que los residentes extracomunitarios pudieran ejercer en diversas especialidades sanitarias

Tras la negativa de Vox a la incorporación de médicos no nacionales a la sanidad madrileña, el PP ha reducido la posibilidad de contratar a una situación temporal, limitada y excepcional

Ayuso Asamblea de Madrid noviembre

Ayuso Asamblea de Madrid noviembre / CAM

Elena Marín

Elena Marín

En plena polémica por la situación de la sanidad pública en Madrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha visto oportuno elevar un informe al Consejo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso celebrado hoy miércoles 16 de noviembre para informar al resto de sus compañeros de gabinete de las posibilidades que ofrece la ley ómnibus en esta materia, de modo que así se pudiera informar de ello en la rueda de prensa posterior.

Ahora, tal y como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, después de haber rechazado esta medida hace dos años en la Asamblea de Madrid, el Gobierno de la Comunidad prevé aprobar a través de la ley ómnibus la posibilidad de contratar médicos sin nacionalidad española o comunitaria. El dictamen de la ley ómnibus, que pasará al Pleno para su aprobación definitiva previsiblemente el 15 diciembre, incluye un artículo sobre la "exención del requisito de nacionalidad para el acceso a la condición de personal estatutario en los centros dependientes del Servicio Madrileño de Salud por interés general". En estos momentos, explican fuentes del sector sanitario, hay profesionales con título homologado o que incluso han estudiado en España pero que al no tener la nacionalidad solo pueden ser contratados por el sector privado, no el público. El objetivo de este artículo es eximir de este requisito a los profesionales de "una especialidad médica deficitaria", es decir, en aquella especialidades en las que la falta de profesionales es latente, como ocurre ahora con la atención primaria.

El portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, apuntaba esta mañana tras la reunión que cerca del 8% de los médicos internos residentes (MIR) en Madrid son extracomunitarios. Suman alrededor de 140.000, según ha explicado, dando a entender que este sería el número de médicos adicionales con los que podría contar la Comunidad una vez que se apruebe esta ley. Sin embargo, lo que dice el dictamen es que solo se podrá contratar a aquellos que ejerzan una especialidad deficitaria en la región, no cualquiera. También informó de que la Comunidad ha expedido 148 expedientes de especialistas extracomunitarios para prácticas, que son susceptibles de ser homologados por el Gobierno nacional y, por tanto, incorporados después al sistema de salud madrileño.

El comunicado posterior al Consejo de Gobierno apunta también que en el informe Ruiz Escudero ha informado de que la Ley Ómnibus incorporado "la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria, un nuevo organismo con el que se quiere centralizar la contratación de suministros, bienes y servicios de la red asistencial del SERMAS, aprovechando la experiencia previa de la Junta Central de Compras que tuvo especial protagonismo durante la pandemia del COVID-19. Además, tiene el objetivo de agilizar y homogeneizar los procedimientos de compra, unificar los precios y conseguir economías de escala, con repercusión también en los plazos de entrega. Asimismo, facilitará el acceso al mercado global de productos, principalmente materiales críticos (como materiales de protección o fármacos)".

Proyecto diluido

La redacción original del artículo sobre la exención de nacionalidades ha quedado "diluido" en la negociación con Vox, según denuncian desde la oposición. Efectivamente, la formación de Rocío Monasterio introdujo una enmienda para que se suprimiera cualquier posibilidad de contratar a personal médico no europeo, y el PP no ha cedido a su pretensión pero sí ha limitado la propuesta inicial. Con la redacción definitiva, se pone de relieve la "excepcionalidad de la medida", se limita a la "cobertura de especialidades médicas deficitarias así como las necesidades asistenciales en áreas geográficas de difícil cobertura", y se alude al "carácter temporal" de la medida.

Los otros tres partidos de la oposición propusieron también enmiendas a esta medida, Podemos para que los requisitos del proceso se negociaran en la mesa sectorial y el PSOE para que la norma madrileña se adaptara, en todo caso, al Real Decreto ley de medidas urgentes para la prevención del Covid aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021.

Dos años de retraso

En Más Madrid, por su parte, recuerdan que esta medida llega tarde y además llega descafeinada, de modo que, aunque no la rechazan, creen que será poco útil. Javier Padilla, portavoz de sanidad de esta formación en la Asamblea, explica que en la legislatura pasada Más Madrid trajo a la cámara regional una proposición de ley con el objetivo, precisamente, de adelantarse a los problemas que ya se preveían en la atención primaria. Pero PP, Ciudadanos y Vox rechazaron entonces la posibilidad de que los médicos residentes extracomunitarios pudieran ejercer como especialistas sanitarios en el Sermas. Decían entonces y repite ahora Padilla, Madrid "forma a los médicos especialistas" que vienen de fuera y se les permite terminar aquí la residencia, pero luego se marchan porque no pueden acceder a la contratación de los centros y hospitales públicos.

La escasa utilidad de la propuesta actual, explica el portavoz de esta formación, se debe a la excepcionalidad. Interpreta el diputado, también médico de profesión, que con la redacción actual, si se abre la veda temporalmente para que en las convocatorias se admita a profesionales no nacionalizados, estos pueden ser después expulsados de nuevo del sistema si cesa la excepcionalidad y se habían incorporado solo con contratos eventuales.

En el PP, por su parte, advierten de que las normas de contratación pública las establece el Gobierno central, aunque las comunidades tienen márgenes a los que agarrarse para modificaciones como la planteada. La medida de todos modos, debe ser primero aprobada en la Asamblea, y desde la oposición dudan si será posible hacerlo antes de que finalice el año o se dejará para el siguiente periodo de sesiones que comienza en febrero.

Convocatoria de huelgas

Esta medida que se aprobará dentro de un mes en la Asamblea, se tramita en plena crisis con el sindicato médico mayoritario, Amyts, que mantiene la huelga de las urgencias extrahospitalarias pro falta de acuerdo con la Consejería y también la convocatoria de huelga para los 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras de la atención primaria a partir del próximo lunes 21 de noviembre.

La Consejería de Sanidad ha decidido poner en marcha un plan transitorio con un sistema de videollamadas en las urgencias 24 horas mientras no se solucione la situación con los sindicatos. Los distintos representantes de los profesionales sanitarios e incluso el Colegio de Médicos de Madrid han criticado la reapertura de estos centros por las "numerosas incidencias y graves incidentes de seguridad" y han solicitado que se invierta en la atención primaria hasta un 25% del presupuesto sanitario. Los representantes del sector apuntan también a la presidenta madrileña al comentar que "las desafortunadas" palabras en torno al boicot de los sanitarios están creando un clima de "animadversión hacia los facultativos".