El PP se basará en el último informe de los letrados para su recurso contra la amnistía en el TC

Mientras la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía continúa —este jueves ya con la ponencia y la votación de las enmiendas parciales, y la semana que viene de nuevo en la comisión de Justicia— el PP está convencido de que gota a gota se van sumando elementos contra la norma que más adelante pasarán factura al Gobierno. El último informe de los letrados del Congreso, en este caso los adscritos a esta comisión que son los que realmente analizan la ley, constituye para Génova una “cuestión clave” en el proceso en marcha. Hasta el punto de que fuentes de la dirección reconocen que tendrá mucho peso a la hora de elaborar futuros recursos, como el de inconstitucionalidad, que el partido interpondrá en cuanto la ley vea la luz.

Además, dirigentes de la cúpula conservadora están convencidos de que este informe, igual que otros pendientes como el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrán incidencia en la valoración que hará la Comisión Europea cuando le toque analizarla. En el PP reconocen que la ofensiva emprendida en terreno comunitario tiene efectos políticos, pero que la posibilidad de que Europa frene la amnistía se basará no en las críticas y opiniones que hagan los distintos partidos, sino en los informes de los expertos y en las actuaciones que puedan llevar a cabo los jueces españoles.

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En ese sentido, insisten en que informes “tan demoledores” como el de los letrados de la comisión de Justicia son lo que realmente pondrá en duda la constitucionalidad de la norma y si hay o no vulneración del Estado de Derecho. “El PP puede decir que es inconstitucional, pero lo importante son los informes de los expertos, que los letrados hayan advertido en la tramitación de la inconstitucionalidad y que el Gobierno haga caso omiso”, reflexionan tras analizar el último texto del Congreso.

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ninguneó el informe este miércoles recordando que antes hubo otros que fueron favorables. El último, del mes de noviembre que firmaba el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que fue director general y subsecretario del Ministerio de Política Territorial en el Gobierno de Pedro Sánchez. “Este es uno más. Hay muchas opiniones”, dijo, restando importancia a las advertencias de los letrados de la comisión del ramo. 

Sin embargo, el informe no deja lugar a dudas y considera que una ley de amnistía de estas características necesitaría una reforma de la propia Constitución, además de insistir en que todos los delitos relacionados con terrorismo no pueden ser amnistiables aunque no haya una sentencia firme porque sería contrario a derecho europeo. La fórmula elegida en la proposición de ley del PSOE pretende que Carles Puigdemont, Marta Rovira y varios miembros de los CDR tengan garantizado el perdón, y por eso excluye solo esos delitos en caso de que exista una condena con sentencia firme.

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El grueso de los argumentos en este informe de los letrados que el PP considera “clave” también para armar su futuro recurso de inconstitucionalidad dice que la iniciativa parlamentaria “plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución” y “debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional”, ya que las Cortes Generales no tienen competencia sobre la concesión de una amnistía y dado que la Carta Magna prohíbe expresamente los indultos generales. 

El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, aseguró ayer que “cualquier socialista que se considere un demócrata” y lea el informe “tendría que asumir que el Gobierno se ha equivocado” y que “se han pactado cosas que no se podían pactar”. “Seguir caminando es un disparate. El informe acredita que la amnistía es un misil contra la línea de flotación del Estado de Derecho. Es demoledor”, zanjó el dirigente gallego.

Además, los populares son muy críticos con el hecho de que el informe de los letrados de la comisión de Justicia se enviara a los grupos parlamentarios a las siete de la tarde del martes, cuando ya había finalizado el plano para registrar las enmiendas parciales. Desde la Presidencia de la Cámara aseguran que el procedimiento fue “el de siempre”, y es enviar el informe cuando se convoca la ponencia de la ley, prevista para este jueves. La cuestión es que el informe está fechado el día 10 de enero.

En el PP son muy críticos porque entienden que siendo un asunto de estas dimensiones, lo lógico es que esos informes, considerados consultivos y útiles para la labor parlamentaria, se conozcan durante el proceso de trabajo de enmiendas. Especialmente si, como este, “indican una inconstitucionalidad absoluta”, recalcan.