PP y PSOE esperan llegar a fin de año con su primer pacto: la reforma del artículo 49 de la Constitución

A pesar de la distancia entre los dos partidos y de la enmienda a la totalidad que Alberto Núñez Feijóo hizo de todas las políticas del Gobierno en su balance de fin de año, coincidiendo con una jornada de mucha tensión en Pamplona, PP y PSOE cerrarán antes del 31 de diciembre su primer gran pacto con una reforma exprés de la Constitución que afectará al artículo 49. El acuerdo, si nada se tuerce a última hora, se dará a conocer este viernes por la tarde o el sábado por la mañana, a escasas horas de que acabe 2023.

Fue el líder del PP el que se comprometió a que ambas formaciones registraran una proposición de ley conjunta para eliminar, por fin, el término “disminuidos” de la Carta Magna al referirse a las personas con discapacidad. Se trata de una reivindicación que acumula dos décadas por parte de las asociaciones afectadas, capitaneadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que viene desarrollando reuniones tanto con el Gobierno como con el PP al más alto nivel. En realidad, el acuerdo estaba hecho antes de que se convocaran las elecciones generales del 23 de julio. Y ese adelanto impidió que se terminara de cerrar.

Entonces los interlocutores fueron los mismos que ahora: el ministro Félix Bolaños y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. El acuerdo consiste en la redacción de un nuevo párrafo que sustituirá ese nuevo artículo y es el mismo que el acordado el pasado abril. A pesar de que se trata de una cuestión casi quirúrgica, implica un cambio en la Constitución. Y eso hace, especialmente para el PP, que se trate de un asunto al que conceden total relevancia. La insistencia del PP (hace meses y ahora) pasaba por contar con garantías de que la modificación se circunscribe a ese artículo en los términos pactados. Esto es, que el PSOE en ningún caso admitiría enmiendas de ninguno de sus socios, tampoco de Sumar.

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El otro temor entre los dirigentes del PP pasaba por la posibilidad de que los aliados de Pedro Sánchez pudieran forzar la convocatoria de un referéndum para ratificar esa reforma. Se trata de una iniciativa que pueden llevar a cabo 35 diputados. Sumar no los tiene, pero podría aliarse con otros grupos, según la tesis de los populares. El PSOE nunca abrió la puerta a esa posibilidad, pero los conservadores querían “garantías por escrito” de que eso no ocurriría. A la espera del desenlace, en la cúpula conservadora confirman a este diario que habrá acuerdo porque cuentan con esas garantías.

Este miércoles Bolaños y Gamarra mantuvieron un contacto y ultimaron los flecos pendientes. El motivo por el que se podría demorar a la tarde del viernes o, como muy tarde, el sábado por la mañana es que este viernes está previsto el anuncio del nuevo titular del Ministerio de Economía en lugar de Nadia Calviño. Su marcha al Banco Europeo de Inversiones (BEI) implicará también cambios en la jerarquía de las vicepresidencias. Todo el foco del Gobierno estará puesto por la mañana en los cambios ministeriales. A partir de la tarde, el artículo 49 podría abrirse paso.

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El CGPJ, siguiente paso

A la reforma constitucional le debe seguir el otro asunto pendiente. Quizá el más importante de cuantos tienen que acordar PP y PSOE: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acumula cinco años de mandato caducado. Las dos partes se encuentran a la espera de que la Comisión Europea acepte supervisar las negociaciones. La propuesta la hizo el PP con un sondeo previo a Bruselas. Y solo después de esa gestión Feijóo la trasladó al presidente del Gobierno en su reunión del día 22 de diciembre.

Como publicó este diario, el papel de la institución comunitaria será esencial porque fijará la metodología de las conversaciones (las reuniones que se celebrarán, el formato y el calendario). Los populares asumieron riesgos al proponer una mediación internacional, aunque sea de la Unión Europea, para un asunto doméstico, en el momento en el que el Gobierno está pactando figuras extranjeras para verificar sus acuerdos con los independentistas. 

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Pero en el partido reconocen que tenían que ser capaces de cambiar el marco del debate y dejar de parecer la parte que bloqueaba. Además, dicen en el núcleo duro de Feijóo, implicar a Europa era la única vía de intentar avanzar hacia un nuevo sistema de elección de los vocales donde sean los jueces los que elijan directamente a los jueces.

Este continúa siendo el principal escollo entre los dos. El Gobierno exige una renovación inmediata y no comparte la necesidad de una nueva ley para quitar a las Cortes Generales su capacidad de elección entre los jueces de una lista que pasan un filtro previo. Sin embargo, desde Europa el mandato sí es ir en la dirección del PP, aunque la exigencia prioritaria es efectivamente renovar el órgano.

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Feijóo admitió la “sorpresa” que ha podido causar su iniciativa en el balance de fin de año. Pero aseguró que “es la única posibilidad que tenemos porque nos han engañado tanto, que necesitamos que garanticen la independencia judicial desde la única institución que puede abrir un expediente” a España si incumple. En Génova afirman que el líder del PP asume que debe renovar el Consejo y, por eso, tomó la decisión aun sabiendo que era arriesgada. Pero se mantienen en la posición de que el acuerdo tendrá que salir con un nuevo sistema de elección. Es previsible que esta negociación, ya con Bruselas, se retome en el mes de enero.