Bolaños: "Las comisiones de investigación no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aclaró este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que, con la Constitución, la ley orgánica del poder judicial y el Reglamento del Congreso, el funcionamiento de las comisiones parlamentarias está plenamente regulado y "de ese marco legal se deriva que no pueden ni revisar resoluciones judiciales ni vincular a los tribunales".

Bolaños consideró que el debate suscitado en torno al 'lawfare' (persecución judicial sin fundamento contra el opositor político), incluido en el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y Junts "se resuelve con mucha claridad", pese a los recelos suscitados en el mundo judicial ante la posibilidad de ser llamados a declarar en las comisiones parlamentarias ya constituidas: la de la 'Operación Cataluña', la de los atentados del 17-A y la del presunto espionaje de Pegasus.

Por si quedaba alguna duda a continuación añadió que los jueces "no tienen obligación de asistir" al Congreso, si son llamados a una comisión de investigación, porque su comparecencia no tendría ninguna utilidad, ya que "su conocimiento del asunto" es precisamente por haber sido los jueces encargados de instruirlo, lo que les impide declarar al respecto.

Para acallar las críticas suscitadas al 'lawfare', que han llevado al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a forzar al pleno de este jueves a pronunciarse sobre las propias comisiones parlamentarias, el ministro se ha remitido al propio artículo 76 de la Constitución y al artículo 399 de la ley orgánica del poder judicial, que establece que "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar (en el sentido de requerir, exigir el cumplimiento de algo, especialmente con autoridad o fuerza para obligar a hacerlo) a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia".

Este martes, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha entregado al CGPJ un informe en el que concluye que, si las Cortes Generales citan a un juez para declarar sobre los casos judiciales en los que ha intervenido, “no solo tiene el derecho a negarse a comparecer para informar sobre sus actuaciones como tal, sino que está obligado a ello, a fin de preservar la independencia judicial y la separación de poderes". Entienden que si algún juez es citado deberá comunicárselo al CGPJ y solicitar su amparo.

En cuanto a la ley de amnistía, Bolaños ha dicho que él "siempre a favor de que se mejore técnicamente la ley", aunque cree que la proposición de ley presentada "tiene una solidez jurídica que está fuera de toda duda" que han hecho que los comentarios críticos que recibió antes de conocerse el texto hayan "envejecido muy mal", porque "no hay duda: es una ley perfectamente constitucional y sólida", conforme a la Consitutción y a los "valores que inspiraron" la Unión Europea.

Sobre el presunto espionaje con Pegasus, el ministro recordó que "hay un compromiso público del Gobierno que viene de atrás" de "transparencia absoluta" en este asunto. Recordó el compromiso adquirido por el Ejecutivo de desclasificar lo que soliciten los jueces que no afecte a la seguridad nacional y que el propio presidente del Gobierno había sido víctima de espionaje.

Modernización de la justicia

El ministro, que en sus últimas comparecencias públicas siempre ha asegurado que defenderá la independencia judicial y la autonomía fiscal, compareció en el Consejo de Ministros para informar del real decreto que modernizará la Justicia, la función pública y el mecenazgo, para lo que se destinarán 10.000 millones de euros que se recibirán de la Comisión Europea.

La norma, explicó, es que el acceso a la justicia sea tecnológico, de tal forma que el acceso de todos los ciudadanos se realizará preferentemente por esta vía. Aseguró que hasta las vistas penales se realizarán de forma telemática, pese a la dificultad que ello puede plantear a la hora de garantizar el cumplimiento del principio de inmediatez.

Aseguró que con el real decreto aprobado este lunes se dará cumplimiento a las leyes de eficiencia digital y procesal, que ya muy avanzadas cuando se produjo el adelanto electoral y con las que se logrará incorporar "la justicia al mundo digital de una vez por todas".

Añadió que se creará una "carpeta de justicia" con un "expediente judicial electrónico" a través de los que los ciudadanos podrán consultar todos los documentos relativos con la justicia que les afecten.