La Fiscalía Europea, afectada por el vacío legal que deja sin abogado de oficio a pequeñas empresas

El vacío existente en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita respecto de las personas jurídicas, al no prever remuneración alguna para los abogados llamados a representar a las pequeñas empresas incursas en procesos judiciales y que no pueden pagarse la defensa, se está dejando notar desde hace tiempo en algunas macrocausas que se instruyen en la Audiencia Nacional. 

Uno de estos casos es el conocido como Titella, en el que se investiga la organización criminal supuestamente liderada por el productor de televisión José Luis Moreno. A día de hoy, la Audiencia Nacional está obteniendo la negativa por respuesta cuando acude al Colegio de la Abogacía de Madrid con estas peticiones, pues al no estar contempladas en la Ley tampoco existen partidas que financien el servicio.

El problema, que nadie parece querer resolver, tendrá además especial incidencia en un futuro reciente por los asuntos que irán llegando a dicho órgano como consecuencia de investigaciones sobre uso irregular de fondos europeos que lleva a cabo la Fiscalía Europea,

Fuentes de este órgano confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que, "efectivamente", la actual situación puede suponer un problema para las investigaciones de este departamento, por el tipo de delitos de su competencia -corrupción, blanqueo de capitales o fraude transfronterizo en materia de IVA-, y la habitual presencia de personas jurídicas investigadas.  

Todas ellas tienen que tener letrado designado cuando se las imputa, pues lo contrario supondría en la práctica no poder cumplir con la normativa europea al respecto. El problema fue trasladado la Fiscalía Europea el pasado 10 de febrero por el propio decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que hizo ver a sus representantes en España que no iban a designar de oficio para este tipo de casos mientras no se les pagara. "Y eso es un problema", insisten desde este órgano.

Concentración de abogados de oficio

El derecho de los abogados de oficio a que se les abonen todas las actuaciones y trabajos realizados, incluida la defensa de personas jurídicas, es una de las peticiones que justifican la concentración que las asociaciones que representan a estos letrados han convocado este jueves frente al Congreso de los Diputados. Está prevista la llegada de abogados desde diferentes puntos del país para reclamar una remuneración "digna" y conforme al trabajo que llevan a cabo, fundamental para garantizar el derecho de Defensa.

Al vacío legal se une a la ausencia de presupuesto por parte del departamento comandado por Pilar Llop con respecto al denominado 'territorio Ministerio', que incluye a órganos centrales como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y también a las comunidades autónomas sin competencias en Justicia como son Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares.

El 'parche' de los convenios autonómicos

En otros territorios con esta competencia transferida, como es Madrid, existen convenios con las autoridades autonómicas que se hacen cargo del pago de estos servicios a los letrados de oficio en los tribunales ordinarios. No se trata más que de un parche, pero la realidad es que cuando un juzgado llama a un abogado de oficio para que represente a una pequeña empresa en un pleito, depende de que órgano y a qué territorio pertenezca que el letrado pueda cobrar o no.

La situación, que viene de antiguo, ha sido recordada este miércoles en un desayuno con la prensa por parte del decano Ribón, que ha calificado de "labor de esclavitud" lo que se exige a estos abogados.

Se pide a los colegios que designen abogado de oficio para procedimientos y juicios que se prolongan durante meses, incluso años, sin que esos profesionales puedan cobran por ello un solo euro, lo que puede poner en peligro la continuidad de los despachos profesionales -sobre todo los pequeños- y el propio sustento de sus familias. Por esta razón, los colegios se están negando a designar letrados de oficio para estos asuntos, con la consiguiente afectación al derecho de defensa.

El problema, meramente presupuestario a juicio de los abogados, ha sido trasladado a la actual ministra de Justicia, que por el momento no ha ofrecido solución alguna. En fuentes del Ministerio de Justicia se confirma a este diario que a día de hoy no existe ninguna propuesta para reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con el fin de solventar este problema.

Tampoco se contempla apoyar la Proposición de Ley de modificación de la asistencia jurídica gratuita impulsada al inicio de la legislatura por el PP en el Senado, y en la que se defiende que la defensa de las personas jurídicas no quede al albur de unas subvenciones autonómicas que en cualquier momento pueden ser restringidas. La propuesta duerme el sueño de los justos en la Comisión de Justicia de la cámara alta, donde sigue pendiente de discusión.