Justicia deja sin abogado de oficio a pequeñas empresas afectadas por 'macrocausas' en la Audiencia Nacional

El vacío existente en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita respecto de las personas jurídicas, unido a la ausencia de presupuesto por parte del Ministerio de Justicia con respecto a los denominados órganos centrales, como es la Audiencia Nacional, está en el origen de situaciones que afectan al derecho de defensa en casos tan mediáticos como el de 'Titella' -en la que se investiga la organización criminal supuestamente liderada por el productor de televisión José Luis Moreno-. 

Se trata de 'macrocausas' en las que, además de los acusados y de sus presuntas sociedades pantalla, acaban siendo investigadas pequeñas sociedades que quizá no puedan costearse un abogado que las represente y defienda sus intereses. 

En la actualidad, la Audiencia Nacional está obteniendo la negativa por respuesta cuando acude al Colegio de Abogados de Madrid con estas peticiones, pues al no estar contempladas en la Ley tampoco existen partidas que financien el servicio, según han señalado fuentes jurídicas y del propio Colegio al EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La solución a corto plazo no parece complicada, puesto que las mismas situaciones se dan también en los órganos judiciales ordinarios y en dichos casos el problema se ha solventado mediante decretos de subvención por parte de las comunidades autónomas en cada territorio. Así ocurre en la Comunidad de Madrid, que ha habilitado las cantidades necesarias, si bien están vetadas para los órganos centrales porque los fondos dependen directamente de departamento que hoy lidera Pilar Llop.

El abogado de Oficio no es gratis

La situación ha sido puesta de manifiesto por el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, en alguna intervención pública y es confirmada a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA por el vocal de este órgano Eugenio Ribón. "El abogado de oficio no es gratis, se designa cuando el justiciable tiene derecho a justicia gratuita o no tiene abogado, pero no a las personas jurídicas", explica, para añadir que el problema llega cuando empresas pequeñas se ven incursas en tramas que se investigan durante años. 

"Al no estar cubierto a esos abogados no les paga nadie, y no hay turno de abogados gratuitos", lamenta Ribón, que justifica que entre el colectivo de 5.000 letrados de oficio en que hay en Madrid ninguno quiera ofrecerse para cubrir estos asuntos, al tratarse de investigaciones complicadas y largas que acaban en juicios que se extienden durante meses, lo que obligaría al despacho a desentenderse de otros asuntos."El abogado sigue teniendo que comer y pagar el alquiler durante este tiempo".

Una cosa es reconocer que los abogados de oficio tengan una retribución baja por caso, pero otra cosa es no cobrar en absoluto, añade. "El Colegio se ha puesto en contacto con la Audiencia Nacional para manifestar que a la gente en el siglo XXI no le gusta ser esclava", manifiesta

El problema también ha sido trasladado a la actual ministra de Justicia, "que ha sido receptiva", añade, pero sin que por el momento se haya dado una solución. "O se pone una solución inmediata desde el Ministerio o se produciría un colapso en temas importantes" advierte el representante del órgano colegial.

Un problema presupuestario

El problema es presupuestario, reconoce Ribón, y así lo acredita la respuesta que el Gobierno ofreció en diciembre del pasado año ante la Proposición de Ley de modificación de la asistencia jurídica gratuita impulsada por el PP en el Senado, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. En ella se informa de la disconformidad del Gobierno con la tramitación de la reforma porque "incide directamente en los presupuestos generales del Estado" actualmente en vigor.

En la petición de los populares, según explica a este diario el senador Fernando de Rosa, se defendía que derecho de asistencia jurídica gratuita está vinculado al derecho a la tutela judicial efectiva, y debería entenderse que todas las personas titulares del derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española. "Al tratarse de un derecho, no se puede estar al albur de unas subvenciones autonómicas que en cualquier momento pueden ser restringidas", afirma.

Afectación en los autónomos

En su propuesta se señalaba concretamente que la crisis generada por la covid y otras eventuales crisis económicas que pudieran producirse pueden implicar que haya trabajadores autónomos que de acuerdo con los baremos fijados en la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, no puedan tener acceso a ella, y, sin embargo, encontrarse en situación de especial vulnerabilidad económica que les impida soportar los costes económicos de acudir a la Jurisdicción para solicitar la tutela de sus derechos e intereses legítimos.

Proponían concretamente modificar el artículo 2 c) de la Ley 1/96 de Asistencia jurídica gratuita para que puedan tener abogado de oficio, siembre que "acrediten insuficiencia de recursos para litigar", tanto las asociaciones de utilidad pública como las fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente, así como las "personas jurídicas privadas, inscritas en el Registro Mercantil".

Se solicitaba igualmente ampliar el derecho, "con independencia de la existencia de recursos para litigar", se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a los trabajadores autónomos que por motivos de limitación de su actividad económica derivada de la aplicación del art. 116 de la Constitución Española (que regula el estado de alarma) o por la aplicación de otra ley que provoque dicha limitación, acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad económica.