Los abogados de oficio reclaman poder defender también a empresas

Cada vez son más los ciudadanos que, por circunstancias económicas, deben acudir a la justicia gratuita. Según los últimos datos, relativos a 2021 y hechos públicos este lunes por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) -al que pertenecen los 83 colegios de abogados de nuestro país-, durante el año pasado los abogados de oficio atendieron 1.923.183 asuntos, unas cifras que reflejan la recuperación de la actividad tras la pandemia y que incluyen un aumento del 27 por ciento en el ámbito de lo Social debido a la conflictividad laboral resultante de dicho periodo.

Mañana es el día de la justicia gratuita, una jornada de celebración, pero también de reivindicaciones, y una de ellas pasa por solicitar una reforma legal que permita cubrir el vacío existente en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita respecto de las personas jurídicas. 

Esta situación, unida a la ausencia de presupuesto del Ministerio de Justicia con respecto a los denominados órganos centrales, como es la Audiencia Nacional, continúa imposibilitando que puedan acudir a este servicio pequeñas sociedades que no pueden costearse un abogado que defienda sus intereses cuando deben acudir a un concurso o se ven inmersas en un procedimiento penal. De momento, solo hay parches, porque situación se solventa con dinero de las CCAA en juzgados ordinarios.

La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, ha señalado este lunes con ocasión de la presentación del Observatorio de Justicia Gratuita que han realizado junto con la editorial Wolters Kluwer que la posibilidad de que el servicio de justicia gratuita alcance también a las personas jurídicas es una reivindicación constante de la Abogacía y por ello será "uno de los puntos que con mayor fuerza" apuntaran durante la jornada de este martes.

El pasado mes de noviembre, la imposibilidad de las empresas de acudir a este servicio se evidenció en casos tan mediáticos como el de 'Titella' -en la que se investiga la organización criminal supuestamente liderada por el productor de televisión José Luis Moreno-.  

En dicha ocasión, la Audiencia Nacional está obteniendo la negativa por respuesta cuando acude al Colegio de Abogados de Madrid con estas peticiones, pues al no estar contempladas en la Ley tampoco existen partidas que financien el servicio. Según ha confirmado Ortega, el problema sigue sin solventarse.

DETRÁS HAY PERSONAS

Por lo que se refiere a los datos del Observatorio, Ortega ha subrayado que detrás de ellos "hay personas en situación de vulnerabilidad, personas con problemas a las que se facilita el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva”. Por ello, considera que además del reconocimiento a los más de 43.000 profesionales de la abogacía que prestan el turno de oficio, también hay que reivindicar "la dignidad de las subvenciones y la cobertura de la totalidad de los servicios que se prestan, así como acabar con las brechas y diferencias entre territorios”.

Antonio Morán, presidente de la comisión de asistencia jurídica gratuita del Consejo, ha destacado que el número de quejas sobre el servicio es muy limitado – solo se abrieron 297 expedientes sancionadores- y ha pedido que se amplie a otros ámbitos, como el penitenciario o los solicitantes de protección internacional. Además, Morán pidió “un trato digno” para todos los profesionales de la abogacía que garantizan este servicio y llevan adelante la defensa de los ciudadanos que carecen de medios. 

Por otro lado, y tras la paralización que supuso la pandemia, la normalización paulatina tanto de la vida cotidiana como de la actividad judicial supuso un aumento de los asuntos y de los importes.  El mayor aumento de asuntos se produjo en el Turno de Oficio (un 21,% más). Y dentro de este, el mayor aumento se dio en lo social (un 27,1%) debido, como explican los Colegios, a la conflictividad laboral provocada por la pandemia, con un gran número de despidos y ERTES. También aumentaron las asistencias penales (24,4%). Los asuntos de asistencia letrada aumentaron un 18,2% y los de violencia de género un 15%.

El estudio también evidencia que en nuestro país hay actualmente 144.642 abogados ejercientes, de los que 43.696 están inscritos en el Turno de Oficio (de los cuales el 52% son hombres y el 48% mujeres). Esta cifra supone un descenso del 3,49% respecto al año anterior. 

POR TERRITORIOS

Como en años anteriores, Andalucía volvió a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos (más de 420.000, un 21,8% del total), seguida de Cataluña con 373.433 y Valencia con 278.128. 

Canarias fue la que registró el aumento mayor, con un 28,5% más que el año anterior. Y en el otro extremo, en Ceuta y Melilla disminuyó el número de asuntos (23,1% y 7,7%, menos, respectivamente) debido al cierre de la frontera con Marruecos, que conllevó un descenso notable de los procedimientos penales y de extranjería.

La inversión media anual por ciudadano se ha incrementado de los 5,16 hasta los 6 euros. Sin embargo, bajó la retribución media que percibieron los profesionales por cada asunto tramitado: 147,87 euros, por debajo de los 153,14 de 2020, pero superior a los 143 que cobraron en 2019. La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial.