Podemos utiliza contra su candidata en Asturias la denuncia de la rival a quien derrotó en primarias

Podemos ha iniciado el camino para la expulsión de su candidata para las elecciones de Asturias, Covadonga Tomé, y para ello se basa en la denuncia de la dirigente a quien se enfrentó en primarias, la aspirante oficialista Alba González, además de la actual secretaria de Organización de la federación asturiana, Olaya Suárez. En las últimas horas, la todavía candidata ha criticado a la dirección del partido de Ione Belarra por exigir primarias abiertas a Yolanda Díaz mientras "desprecia las primarias de Asturias".

La dirección estatal de Podemos asegura que no se trata de un proceso de expulsión, sino que es una investigación del Comité de Seguridad y Salud Laboral, un órgano "autónomo" e "independiente" de la dirección, regulado en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Este organismo estaría dirimiendo una caso de "acoso laboral" por parte de Tomé y de otras seis personas de su equipo, de las que dos ya han sido expulsadas en los últimos meses.

Esta denuncia fue interpuesta, según ha podido saber este medio, por de dos dirigentes consideradas próximas a la cùpula morada; Olaya Suárez, candidata a la Alcaldía de Gijón y miembro de la dirección asturiana del partido; y González, quien trabajó como asesora en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y que era considerada la opción oficialista en las primarias de noviembre, donde perdió frente a Tomé, afín al sector crítico del ex secretario general de la federación, Daniel Ripa, también expulsado de la formación.

González era secretaria de Organización de la federación asturiana, pero dimitió el pasado enero del cargo a través de una carta donde admitía el "agotamiento físico" y anunciaba su intención de "regresar a la condición de militante de base". Más tardes, según fuentes del partido morado, se dio de baja laboral y vinculó su salida al presunto acoso sufrido por parte del equipo crítico. Una situación que ahora Podemos investiga a nivel interno y que podría llevar a la expulsión de su candidata salida de primarias a menos de dos meses de las generales.

DECISIÓN INMINENTE

Podemos tiene de plazo hasta el 24 de abril para registrar a sus candidatos para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo ante la Junta Electoral, y habría de buscar un nuevo candidato en caso de que se consume la expulsión. El reglamento sobre el procedimiento en estos casos, al que ha tenido acceso El Periódico de España, se encuentra en fase final.

Así, el Comité de Seguridad y Salud Laboral deberá emitir un informe con "propuestas de resolución" que "serán enviadas a la Organización para la corrección de las conductas pertinentes", según recoge el documento. De este modo, será Podemos en último término quien deba hacer oficial, llegado el caso, la salida de Tomé.

Desde el entorno de la todavía candidata creen que la decisión ya está tomada y que se hará efectiva en los próximos días, coincidiendo con los festivos de Semana Santa, con el precedente de los despidos de críticos llevados a cabo en la víspera de nochevieja de 2021 y anulados después por la justicia. Una vez elaborado el informe final, el reglamento interno establece que "Podemos deberá decidir en el menor plazo las acciones a adoptar" en relación con la propuesta de sanción que contentan. De consumarse la expulsión, el relevo

"HECHOS CONSTATADOS"

El sector crítico considera que las conclusiones están constituidas en el informe preliminar enviado por este órgano a las partes. Entre los "hechos constatados" que figuran en el documento, este órgano da por probada la existencia de "un claro patrón de agresividad que excede la confrontación política", con "faltas de respeto claras, expresiones clasistas y actitud intimidatoria" por parte de la candidata Covadonga Tomé.

El documento se refiere en estos términos al desarrollo de la única reunión que mantuvieron en marzo la dirección asturiana de Podemos, de corte oficialista, y la candidatura crítica, para crear un comité de campaña electoral. La falta de acuerdo sobre cuál debía ser su composición llevó a un fuerte desencuentro y a la ruptura.

Tomé ha denunciado después haber sido "ninguneada" por el partido, que no le habría facilitado organización de actos, visibilización alguna en redes o medios ni apoyo técnico o económico de ningún tipo. Mientras tanto, desde la dirección critican que Tomé va por libre, sin contar con la dirección asturiana.

El Comité de Seguridad y Salud Laboral, en su informe precio, también da por constatada "la acción intimidatoria y de desgaste es dirigida y planificada" y que "busca la socavación e inhabilitación de la dirección actual del partido en Asturias", y continúa señalando que "está teniendo éxito en la misma". En este sentido, considera el informe que "las incapacidades temporales de varias personas de la dirección y la merma en el estado físico y emocional del resto son prueba de ello".

VERSIÓN ÚNICA

Estas conclusiones se adoptan sin obtener la versión de las partes investigadas. En este sentido, el documento relata que "la comisión investigadora se traslada a Gijón" para realizar entrevistas, aunque admite que no pudieron desarrollarse con los denunciados, porque pusieron "exactamente la misma excusa genérica". Sí hubo encuentros, según detalla el informe, con miembros de la dirección oficialista.

Mientras Podemos defiende la autonomía de este órgano, desde el sector de Tomé apuntan a que al menos dos de los miembros de este Comité de Seguridad y Salud Laboral son trabajadores dependientes de la Secretaría de Organización del partido, aunque la dirección estatal rechaza esta tesis y defiende su carácter "independiente".

ANULADO POR LA JUSTICIA

Lo cierto es que no es la primera vez que se expulsan a candidatas de Podemos a las elecciones en base a las conclusiones de este mismo Comité de Seguridad y Salud Laboral, también a raíz de una denuncia de supuesto acoso. En las anteriores elecciones autonómicas de 2019, Podemos impidió que dos candidatos se presentaran en Cantabria y La Rioja basándose en sendos informes. Estas dos expulsiones fueron después anuladas por la justicia, que consideró que los procesos no guardaban las mínimas garantías y que el partido vulneraba el derecho fundamental de sufragio pasivo.

En el caso de La Rioja, Podemos impidió al entonces portavoz parlamentario, Germán Cantabrana, presentarse en el proceso de primarias internas y le despidió disciplinariamente en base a un informe negativo de este Comité. La Justicia condenó después a la formación a indemnizarle con 160.231 euros, asegurando que la salida "carecía de justificación al no haberse acreditado por parte de la empresa las causas y conductas que se imputan al trabajador en la carta de despido".

La sentencia señalaba como motivo principal de la expulsión el "conflicto ideológico" con el afectado. El juzgado consideraba probado que la formación morada vulneró el derecho fundamental de sufragio pasivo al excluir su candidatura.

"CLIMA DE ENFRENTAMIENTO"

Lo mismo sucedió en Cantabria en 2019, cuando la dirección del partido impidió a la diputada nacional Rosana Alonso presentarse a primarias para aspirar a la Presidencia de Cantabria, en base también a un informe del mismo Comité de Seguridad y Salud Laboral; un órgano que no aparecía -ni aparece a día de hoy- en ningún organigrama interno de Podemos ni del que existe rastro alguno sobre su composición.

En este caso, la Audiencia de Cantabria ratificó que la decisión fue "consecuencia del clima de enfrentamiento". Este caso, además, guarda ciertos paralelismos con el caso de Asturias, y la sentencia pone el acento en el informe y en la falta de "las más mínimas garantías de los afectados, que ni siquiera fueron oídos".

El hecho de que sólo se escuchase a una de las partes llevó a que, según la sentencia, el informe "no puede ser tenido en cuenta" como un elemento decisivo para la expulsión. Este elemento también llevó a condenar a Podemos por vulneración derechos fundamentales -derecho a sufragio pasivo- y ahora podría dar alas a los críticos de Podemos Asturias para, llegado el caso, continuar la batalla en los tribunales.