El 40% de los colegios perderá aulas de Infantil o Primaria el próximo curso en la provincia de Alicante

El 40% de los colegios de la provincia de Alicante perderá aulas de Infantil o Primaria el próximo curso de acuerdo a los datos provisionales hechos públicos por la Conselleria de Educación bajo el argumento de la caída en picado de la natalidad. Esta reducción implicará que 92 de 230 centros escolares se vean abocados a eliminar unidades en algunos de los dos niveles educativos, según la propuesta de arreglo escolar firmada por el director general de Centros Docentes, Jorge Cabo.

La planificación que ha hecho el Gobierno de Carlos Mazón en base al padrón de cada municipio, todavía no es firme, pero ha desatado un rotundo rechazo de la comunidad educativa y los centros ya preparan un aluvión de alegaciones para tratar de frenar una decisión que, según la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, va en contra de la calidad educativa y piensa más en la optimización de recursos porque la supresión de unidades lleva aparejada la pérdida de docentes de apoyo y, por lo tanto, habrá menos medios para atender a los niños. PSOE y Compromís, ya han advertido, de hecho, que se trata del mayor recorte en al menos 15 años.

Pese a que la presentación de solicitudes para solicitar plaza en Infantil y Primaria todavía no ha comenzado, ya que se realizará del 30 de mayo al 6 de junio, ni el departamento de José Antonio Rovira tampoco ha hecho públicas las estimaciones que tiene en cuanto a la escolarización y sigue insistiendo en que los números son provisionales, hay una realidad indiscutible y preocupante que año a año refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE): la bajada de nacimientos. 

Como ejemplo, en los últimos cinco años el número de alumbramientos está en caída libre. Si en 2018 la tasa de nacimientos fue de 7,69 por cada mil habitantes en 2022 bajó a 6,87. Otro dato más reciente e ilustrativo de esta situación se encuentra en 2023, año en el que los nacimientos en la provincia cayeron 13.118, un registro que solo supera a los de mediados de la década de 1990.

El profesorado es muy consciente de este problema demográfico y desde algunos centros consultados por este diario coinciden en que es un "sin vivir" para muchos esta época del año porque las aulas de tres años no se llenan desde hace ya un tiempo y los colegios tienen una "batalla" para conseguir captar nuevos alumnos. 

Más necesidades

Sin embargo, la supresión de unidades que planea la Administración autonómica y que ha sido remitida a los ayuntamientos y sindicatos ha elevado el malestar de docentes y directores al realizarse antes de iniciarse el periodo de matriculación y sin tener en cuenta las circunstancias de cada centro y del número de alumnos con necesidades educativas especiales que cada vez es mayor. Se refieren a escolares con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o de desarrollo o que simplemente llegan al colegio cada vez más inmaduros, lo que hace que necesiten más atención por parte de los docentes.

"Si la realidad ya es complicada ahora con los medios que tenemos, las expectativas para el próximo curso son mucho peores con menos personal. Estamos hablando de que si ahora contamos con dos apoyos para seis aulas, a partir de septiembre nos quedamos con un apoyo para cinco aulas", explica la jefa de estudios de un colegio de la provincia, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato por la fase de alegaciones que está por empezar.

Sin embargo, lo que más ha molestado a los docentes es que el arreglo del curso 2024-2025 se haya planificado sin haberles consultado "como si fuera una decisión administrativa y nosotros seamos números, cuando estamos hablando de personas, de niños y de familias", lamenta la dirección de otro centro. 

Cuando estalló la polémica, tras la dar la voz de alarma el sindicato STEPV la pasada semana, el director general de Centros Docentes se amparó en que para la determinación de unidades se han basado en que cada vez hay menos alumnos porque el padrón que tiende a la baja. No obstante, el representante autonómico se comprometió a que una vez se realice la admisión, se habilitarían las unidades que sean necesarias.

Además, desde la Conselleria de Educación señalaron que la previsión se ha realizado bajando la ratio en muchas localidades para que la reducción de unidades no fuese mayor a la contemplada. 

Actualmente, la ratio en Infantil es de 25 alumnos, aunque hay centros de municipios con menor natalidad o con alumnado vulnerable que tienen aulas con 23 o 20 niños. Ante la directriz de PP y Vox para el próximo curso de ajustar las unidades al padrón, la Asociación de Directores de Infantil y Primaria ya avisó de que en zonas turísticas se está escolarizando todo el año a alumnos, con lo que el próximo curso temen que se pueda llegar a 29 o 30 escolares en una clase si el recorte sigue adelante.

Exigencia de las familias

"Suprimir aulas siempre es un gran disgusto para la escuela pública, antes de quitar unidades deberían de aprovechar para bajar las ratios que son tan elevadas y más después de los últimos informes demoledores de PISA", asegura Sonia Terrero, presidenta de la Confederación Valenciana de APAS y AMPAS (Covapa) y de Gabriel Miró. Esta agrupación ya tiene claro que después del periodo de matriculación, puesto que los datos son provisionales y no están actualizadas las aulas de educación específica (el compromiso de Educación es crear 25 más), va a solicitar un estudio general y otro individual, centro a centro, con las necesidades que tenga cada uno, con el objetivo de que si hay que habilitar más unidades que se habiliten. "La supresión siempre es lo peor y esperemos que luego se estudie y se pueda revertir", añade Terrero.

En líneas similares se muestran desde la Federación de AMPAS Enric Valor, que tacha de "despropósito" la reducción prevista en la Comunidad Valenciana, "pues a suponer que en algunos centros, que contaban con tres unidades de Infantil (3, 4 y 5 años), se queden en dos, lo que va a provocar que se tengan que unir grupos", advierte, su portavoz, Juanma Segura. 

Para este colectivo, el argumento de la bajada de la natalidad es "un pretexto, pues una de nuestras reivindicaciones era la bajada de ratio, por lo que de ser así, se podría haber aprovechado para aplicar algo tan necesario, cuando hablamos de esas edades". 

Asimismo, la agrupación de asociaciones de familias lamenta que en toda la provincia «se ha creado sólo un aula de 2 años, cuando la incorporación progresiva de estas aulas en los centros, redundaba en una mejor conciliación laboral y familiar. Nos tememos que todo es una estrategia para masificar y desprestigiar a la educación pública y favorecer a la privada», añade Segura, quien, por otro lado, critica que no haya habido ningún recorte en unidades de concertada.

De forma parecida se pronunció ayer el Ayuntamiento de Alcoy, municipio donde se prevé la supresión de un aula de tres años. "Nuestra postura siempre será la misma: no queremos que se elimine ninguna unidad en nuestra ciudad. Siempre hemos reivindicado que no se tienen que eliminar unidades. Consideramos que la opción correcta es reducir la ratio, es la mejor solución porque garantiza una educación de calidad. Por eso exigimos que no se elimine ninguna unidad", explicó el concejal de Educación; Alberto Belda.

Desde el consistorio alcoyano rechazaron la premisa del actual gobierno de la Generalitat sobre la libertad de elección de centro, "mientras se eliminan unidades de centros públicos antes de dejar elegir, es una medida totalmente incongruente", afirmó el edil socialista, quien insistió en que "actualmente tenemos la ratio en Alcoy con 20 alumnos por aula, tal vez si se bajara a 18 podríamos no eliminar aulas".

Por opiniones como esta y por el rechazo al distrito único para elegir centro o por la ley de Libertad Educativa del Consell, la plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha convocado huelga el próximo 23 de mayo y manifestación en Alicante.