Laura Borràs señala a sus subordinados y denuncia ante el tribunal una "persecución política"

“En ningún momento se ha vulnerado la ley de contratos, habían trabajos y encargos que no superaban el límite de la ley para objetos diferentes, cuestiones diferentes y años diferentes", ha asegurado este lunes Laura Borràs en el juicio que se celebra contra ella en el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) por favorecer a un amigo, el informático Isaías Herrero, y supuestamente fraccionar "indebidamente" hasta en 18 contratos para la creación de un portal en internet y otros servicios informático. A parte de esa máxima de negar las supuestas irregularidades, la presidenta de Junts se escudó en los que fueron sus subordinados y funcionarios del organismo al explicar la tramitación de los expedientes de contratación ahora bajo sospecha. No ha dejado la oportunidad para reiterar que la investigación contra ella es "una persecución política".

Los principales dardos los ha lanzado hacia la que era administradora de la ILC, Assumpta Pagespetit, precisamente la persona que durante el juicio le ha incriminado y que aludió que fue Borràs quien decidió continuar con el fraccionamiento de los contratos, a pesar de que ella misma le comunicó que no era correcto y de las advertencias de la Intervención de la Generalitat. " Yo no tenía experiencia en administración pública cuando entro en la institución y me apoyo en sus trabajadores, entre ellos a Pagespetit. Es una persona rigurosa, exigente e inflexible. Me ofrecía toda la confianza", recalcó la que fuera directora de la ILC.

También ha desmentido que la Invervenció General le alertara de que esta incumpliendo la normativa. La imputada ha precisado que, además de esa confianza hacia la que era empleada de la entidad, también había una intervención delegada que autorizaba los pagos. "Me siento segura no solo por la experiencia de Assumpta y de Roger Espar (sustituyó a la primera durante una baja laboral), sino por esa fiscalización extra", recalcó la que presidenta suspendida del Parlament.

La política catalana ha querido dejar claro que ella era la que explicaba los proyectos que se debían realizar y era Pagespetit y Espart los que tramitaban los expedientes de contratación, entre ellos los de Isaías Herrero. "El expediente que pasa por Assumpta es de 10", ha recalcado. Ha insistido que la mayoría de la contratación que realizaba la ILC era menor, es decir inferior a los 18.000 euros más IVA, alcanzando los 800 u 850 al año, y ha sostenido que la que era administradora de la entidad nunca puso ningún impedimento a la hora de utilizar esa fórmula para realizar un encargo. "No dijo nada que fuera recogido en las actas" y "si no le hubiera parecido mal, no lo hubiera hecho", ha declarado. Lo único que le en requirió esta funcionaria, ha detallado, es que en contratos de determinadas cantidades se debían presentar tres presupuestos como hizo Herrero. Eso sí, desmintió rotundamente que ella hubiera elaborado alguno de ellos. "Nunca elaboré presupuestos, ni facturas", ha relatado, en contra de lo que defiende la fiscalía.

"Una cuestión incómoda"

La dirigente independentista ha explicado que, incluso, fue la administradora de la ILC quién le comentó que el uso de cooperativas para facturar los servicios, como hizo Herrero, era legal, pues estas entidades únicamente realizaba las gestiones administrativas de sus asociados. A la pregunta de por qué considera que Pagaspetit afirmó ante el tribunal que le advirtió, al igual que la Intervenció de la Generalitat, de que podría estar cometiendo ilegalidades, Borràs ha aseverado que estar sometida a un proceso judicial, como es el de esta empleada de la Institución, "es una cuestión incómoda y cada uno responde a esa circunstancia como puede y entiendo que ella se quisiera quitar la responsabilidad de encima".

La presidenta de Junts incluso ha rechazado que la Intervenció de la Generalitat le advirtiera de las irregularidades, sino, todo lo contrario, que había aceptado sus alegaciones, aunque eso no ocurrió así, pues solo aceptaron algunas menores, pero no las portal web de internet, cuestión en la que se mantuvieron las recomendaciones. A su entender, los trabajos que se adjudicaron Herrero son "proyectos independientes", negando, de esa manera, el fraccionamiento ilegal de contratos.

Borràs también se escudó en el 'exconseller' Ferran Mascarell a la hora de explicar el proyecto de nuevo portal de internet y en la contratación externa de esa labor. No se le encargó al CTTI porque la lista de espera era amplia y tardaría tiempo. Por esa razón, el ILC encargó ese trabajo, entre otros, a Herrero, al que la dirigente independentista ha definido como un "artista digital" y al que conoció en un concurso de literatura digital en Vinaròs. Para ella, era la persona adecuada era este informático. "Necesitábamos su experiencia", ha subrayado. el objetivo era hacer una "revolución digital" con el diseño de este nuevo portal web. Mascarell, según sus palabras, le dio el visto bueno para poder contar con colaboradores para realizar este servicio. En la recta final de su interrogatorio, la líder soberanista escarbó en los problemas de drogodependencia que sufrió Herrero a partir del 2016 y aludió a su "desapariciones, ausencias y lagunas".

La custodia de las pruebas

Antes de la declaración de Borràs, por la mañana, los peritos de la Guardia Civil y los de la defensa, entre ellos el ultra y exmiembro de Fuerza Nueva Luis Enrique Hellín, condenado en 1982 por el asesinato de Yolanda González, se enzarzaron en un debate técnico sobre si podían haber manipulado o no el contenido de los tres discos duros de ordenador intervenidos en los registros de la vivienda del informático Isaías Herrero. Mientras los primeros recalcaron que la copia que se hicieron era correcta y que no añadió ningún archivo, los peritos de la presidenta de Junts, Laura Borràs, a través de las preguntas de su abogado Gonzalo Boye, lanzaron sospechas sobre los discos duros que se confiscaron, hasta tal punto que alegaron que podría ser que los incorporados en la causa no sean los originales.

Los peritos de Borràs ponen en entredicho la cadena de custodia de esos discos duros, que permitieron la descarga de los correos incriminatorios contra ella. Sobre uno de ellos, afirman que no se calcularon las “huellas digitales” hasta meses después de su incautación, y respecto a los otros dos sostuvieron que no se creó el algoritmo matemático (hush) que permite verificar la integridad de los mensajes y autentificar la información. Sin embargo, los guardias civiles explicaron que ellos no dan “tanta importancia” a ese algoritmo, pero avalaron que no se ha producido ninguna alteración en el contenido de estos dispositivos.