DEPENDIENTE DEL CGPJ
El Punto Neutro Judicial, víctima del ataque que afectó a administraciones públicas
El CGPJ considera que el PNJ fue utilizado en octubre para acceder a otras instituciones como la Agencia Tributaria
El órgano de gobierno de los jueces matiza que no se vieron comprometidos datos de procedimiento judiciales
El Consejo General del Poder Judicial detectó en la segunda quincena del pasado mes de octubre un ciberataque a las redes de las administraciones públicas españolas en el que resultó afectado el Punto Neutro Judicial (PNJ), que había sido utilizado para acceder a las instituciones públicas que a través de él se conectan con los órganos judiciales. Desde ese mismo momento se adoptaron medidas de ciberseguridad para la contención y neutralización de ataques informáticos de este tipo, informa el órgano de gobierno de los jueces.
El Punto Neutro Judicial es un sistema de comunicación dependiente del CGPJ que permite centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales y organismos o instituciones como, entre otras, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General de la Policía, el Servicio Público de Empleo o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que solo tienen acceso al PNJ desde sus propias redes.
Según las averiguaciones llevadas a cabo hasta el momento, el PNJ ha sido utilizado por los atacantes para acceder a otras instituciones públicas y en el ataque no se han visto comprometidos datos relativos a procedimientos judiciales u otra información en poder de los Juzgados y Tribunales.
Organismos competentes
Una vez detectado el ciberataque, el CGPJ puso los hechos en conocimiento del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (COCS), así como del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT), en coordinación con el cual se han adoptado las medidas de investigación y mitigadoras correspondientes.
Igualmente, desde el CGPJ se notificó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del propio órgano de gobierno de los jueces.
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