CASO MASCARILLAS

Luceño pide la anulación por "desproporcionado" del registro en el que se encontró documentación falsa del CNI

  • En su recurso recuerda que siempre ha estado a disposición de la justicia y ha entregado documentación de la compra de material covid para el Ayuntamiento de Madrid.

Alberto Luceño, el otro comisionista querellado por Anticorrupción.

Alberto Luceño, el otro comisionista querellado por Anticorrupción. / Twitter

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El empresario Alberto Luceño, investigado junto con el aristócrata Luis Medina en la causa por el 'pelotazo' en la venta de material para hacer frente al covid al Ayuntamiento de Madrid, ha solicitado a juez Adolfo Carretero la anulación del registro realizado el pasado día 22 en su domicilio y en la sede de su empresa (Takamaka Invest) en Madrid, por considerar que esta medida fue desproporcionada y vulneró sus derechos. Entre el ingente material incautado, destacan papeles presuntamente falsos para hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o como trabajador del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

La Policía Nacional realizó estos registros en el marco de una pieza separada de este procedimiento que tiene como fin intervenir todas sus comunicaciones, al desconfiar de la veracidad de las nuevas pruebas que exculpan a los imputados, entre ellas la declaración prestada por el contacto de los empresarios en Malasia, un individuo llamado supuestamente San Chin Choon que habría actuado de intermediario en la operación para hacerse con el material en China.

En su recurso, el abogado del empresario, Javier Sánchez Vera, alega "ausencia de toda justificación y proporcionalidad" par acordar el registro, y recuerda que su cliente colabora con la justicia desde el inicio de las pesquisas, cuando el 14 de abril de 2021 acudió a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, aportando en dicho momento de forma voluntaria diversa documentación relativa a las compras de material sanitario investigadas. "Podría habérsele solicitado más documentación si se hubiera considerado necesaria; no se hizo", apunta el letrado.

Una vez presentada la querella, el pasado 25 de abril, Luceño volvió a declarar, esta vez ya ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47, a quien respondió todas sus preguntas, ratificándose en la declaración prestada en sede de Fiscalía. Por ello, considera la defensa que los registros carecieron por completo de justificado y tuvieron un carácter "prospectivo".

También recuerda la defensa que una de las acciones populares personadas en esta causa ya pidió que los investigados pusieran a disposición sus móviles y se dijo que no. "Ello, sin duda, hubiera sido una medida proporcional, y no la injustificada entrada y registro acordada", agrega.

CUADERNO CON SECRETOS ABOGADO-CLIENTE

 En otro punto del escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, consta que se ha incautado a Luceño un bloc de notas con carátula de un despacho de abogados que contiene anotaciones manuscritas que un investigado haya podido tomar en las reuniones mantenidas con su letrado, "y que están amparadas por el secreto abogado-cliente".

Los registros se realizaron a partir de las 8 de la mañana del pasado 22 de septiembre en la vivienda habitual de Luceño en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en la sede de su empresa, Takamaka, en la madrileña calle de Lagasca. Según el auto del juez, se permitió a los agentes utilizar la fuerza "proporcionalmente necesaria" para acceder a los inmuebles y, una vez dentro de ello, poder abrir "cajas de seguridad, cofres, armarios, muebles o puertas que pudieran encontrarse cerrados".

Además de ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos UBS cuyo contenido fue comprobado por los agentes, estos hallaron en la vivienda de Luceño, en la habitación que usaba como despacho, diversa documentación relevante, parte de la cual se guardaba en un maletín de la marca de lujo Louis Vuitton. Entre la documentación más singular, papeles presuntamente falsificados para hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o como trabajador del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

Concretamente, un portaplacas negro con una "placa de agente de la autoridad del Centro Nacional de Inteligencia" y una tarjeta atribuible a dicho departamento con una "foto del investigado". A ello se sumaban seis hojas con "impresiones de imágenes de tarjeta" del CNI, el DSN, el Ministerio de Defensa, y el Cuerpo Nacional de Policía, según las actas del registro a las que tuvo acceso este diario.

Los agentes también comprobaron que, desde los diferentes dispositivos electrónicos con los que contaba tanto en su vivienda como en la sede de su negocio, Luceño tenía acceso a "multitud" de cuentas de correo electrónico. Otros documentos incautados tenían impresas las leyendas "máscaras Kn95", "test antígenos" y "guantes de nitrilo", precisamente los tres productos que vendió al Ayuntamiento de Madrid, consiguiendo unas comisiones cercanas a los seis millones de euros.

INVESTIGACIÓN DE LA SEGUNDA ESTAFA

Por otra parte, Más Madrid ha reiterado al juez de Instrucción número 30 de Madrid que interrogue como testigo a la intermediaria en la segunda estafa en la compra de mascarillas por parte del Ayuntamiento de Madrid, informa Europa Press.

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En el procedimiento se investiga una denuncia por presunta estafa contra una empresa por la venta de un lote de mascarillas defectuosas. La estafa de unos 1,2 millones de euros se denunció en julio de 2021 por parte de la Policía Municipal de Madrid tras la llegada de una partida defectuosa de medio millón de mascarillas compradas a un proveedor de Estados Unidos.

La persona cuya declaración se solicita representa a una empresa que actuó como intermediaria entre Phillipe Salomón, propietario de Sinclair & Wilde Ltd, y la Empresa Municipal de Servicios funerarios (EMSFM), para la contratación de 500.000 mascarillas objeto de la presente instrucción.