La justicia reabre la causa por una segunda estafa al Ayuntamiento de Madrid con la compra de mascarillas

Una nueva pista sobre el posible paradero de Philippe Haim Solomon, el comisionista que presuntamente habría estafado 1,25 millones de euros al Ayuntamiento de Madrid al entregar mascarillas que no cumplían con las exigencias requeridas, ha permitido la reapertura de la investigación de esta segunda estafa al Consistorio de José Luis Martínez-Almeida.

La investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid se suma a la que ya desarrolla el juez Adolfo Carretero desde el Juzgado número 47 en relación con el 'pelotazo' de Luis Medina y Alberto Luceño.

Según han informado fuentes jurídicas, las actuaciones contra la empresa Sinclair and Wilde se han reaperturado como consecuencia “del informe ampliatorio que con fecha 12 de abril de 2022, se dirigió al juzgado y en el que se comunicó que el investigado, Philippe H. S., tiene su residencia en Inglaterra”.

Una vez obtenida dicha identificación, la justicia puede seguir tirando del hilo de una investigación que permanecía estancada desde julio de 2021 al no hallarse rastro alguno de este empesario, que cuando se dirigió al Ayuntamiento aseguró operar desde Nueva York (EE.UU.). En su resolución, el juez Jorge Israel Bartolomé alude a la información sobre el paradero de Haim Solomon, quien habría actuado como intermediario en esta operación, lo que permitirá "practicar nuevas diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos, y la determinación de sus autores”.

NUEVAS DILIGENCIAS

Para tratar de localizar a Haim Solomon, el juez ordena a la Policía que, través de los distintos instrumentos de cooperación policial, informe del paradero de la persona que habría actuado inicialmente como intermediario bajo la citada identidad, y que recopile toda la documentación que fue presentada para el despacho de la mercancía en la Aduana del aeropuerto de Barajas.

También requiere al Ayuntamiento de Madrid y a la funeraria municipal para que en el plazo de 15 días aporten toda la documentación "relativa a la contratación de la partida de mascarillas oincluyendo copia auténtica de los expedientes administrativosbjeto de investigación, , así como correos electrónicos o comunicaciones similares con sus traducciones en su caso al castellano intercambiados en la gestación de la operación", según señala el auto.

Según el Ayuntamiento, el 24 de marzo de 2020 fue aprobada la compra a un proveedor de Nueva York de 500.000 mascarillas FFP2, las cuales llegaron a Madrid "tras varias incidencias" y una vez en el almacén del Plan Territorial de Emergencia Municipal (PEMAN) se tuvieron sospechas de que no cumplían con las exigencias requeridas.

Entre las irregularidades, las mascarillas aparecían etiquetadas como marca EKO, si bien no hay dirección empresarial, ni símbolo que identifique a este fabricante, y las búsquedas en internet no aparece dicha marca vinculada a ninguna compañía. También les faltaban las certificaciones de calidad exigidas por las autoridades sanitarias, las instrucciones de uso no iban redactadas en una lengua fácilmente comprensible para los consumidores y no se identificaba al importador, por lo que estas unidades no se llegaron a usar nunca.

Se acudió incluso al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo con sede en Sevilla, que señaló que las mascarillas recepcionadas no eran compatibles con ningún tipo de mascarillas auto-filtrantes definidas en la Norma UNE-EN-149. Una vez advertidas las irregularidades o deficiencias fueron varias las gestiones realizadas para tratar de ponerse en contacto con el interlocutor, si bien, resultaron infructuosos, según detalla el auto.

INFORME DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Esta segunda presunta estafa con material covid durante los primeros meses de la pandema salió a la luz pública a la vez que se conoció la querella de la Fiscalía contra Medina y Luceño, puesto que el Ayuntamiento remitió documentos referidos a la misma entre los que le reclamó Anticorrupción sobre el hijo del duque de Feria.

Concretamente, un atestado de la Policía Municipal que certifica que Haim Solomon había aportado información falsa sobre la calidad de los productos que vendió al Ayuntamiento de Madrid.

"La documentación facilitada [...] no se corresponde con las certificaciones preceptivas que exige ni la UE ni el Estado español, incluyendo documentos que se indican para otros productos como pueden ser los cosméticos", completa el informe de la Policía municipal de Madrid, que añadía que el acuerdo inicial era comprar un millón de mascarillas por 2,5 millones de euros. Sin embargo, solo se llegaron a abonar 1,25 millones mediante una transferencia realizada el 24 de marzo de 2020 a través del Bank Of America N.A. New York.

El oficio policial también apuntaba a que el intermediario podría haber cometido otros delitos, como por ejemplo contra la propiedad industrial, al haber utilizado de forma irregular etiquetas de la Unión Europea; así como un delito contra los consumidores y usuarios al ofertar las mascarillas realizando indicaciones falsas, lo que habría provocado un "perjuicio grave" a la Administración y a los usuarios finales de haberse llegado a utilizar estos productos.

Además de la personación del Ayuntamiento y de la funeraria municipal como perjudicados, el juez Bartolomé ha aceptado como acusaciones populares a Más Madrid y al PSOE en el Ayuntamiento.

ERROR MUNICIPAL CON AIFOS Y EL OTRO PRIMO

En relación con estas operaciones, la Funeraria municipal, la empresa pública del Ayuntamiento de Madrid que centralizó los contratos de material sanitario, incluyó "por error" un contrato de 500.000 euros en mascarillas a la sociedad a través de la cual el Ayuntamiento había llegado a la norteamericana Sinclair. 

Se trataba de Aifos Servicios Legales y Consultoría, una empresa desde cuyo entorno aseguró a este diario no se llevó ni un euro por la citada intermediación. Se da la circunstancia de que fue Borja Fanjul Fernández-Pita, concejal y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, quien abrió las puertas municipales a Aifos, que según reconoció el Consistorio en su día a Infolibre, medió en una veintena de operaciones de material sanitario.

Su administradora tuvo acceso al concejal Fanjul a través de un familiar de este, Carlos María Fernández-Pita González. De acuerdo a la documentación del sumario del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, un intercambio de correos demuestra que Borja Fanjul, que es además el presidente del Pleno del Ayuntamiento madrileño, fue el enlace de la empresa, con sede física en una oficina compartida de la Calle Ferraz, con el Consistorio.