CASO MASCARILLAS

La Fiscalía sospecha que Luceño 'se inventó' la declaración de San Chin Choon

  • El juez del caso Mascarillas investiga si el comisionista intervino en la transcripción del testimonio que envió el supuesto vendedor de las mascarillas, que exoneraba a los investigados

  • El fiscal advierte de que una contestación en inglés del intermediario malayo es en realidad "una burda transcripción de la respuesta que se daría en castellano"

El empresario malasio, San Chin Choon.

El empresario malasio, San Chin Choon. / EFE

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La Fiscalía de Madrid sospecha que Alberto Luceño 'se inventó' la declaración que envió al juzgado San Chin Choon, el supuesto representante de la empresa malaya que en plena crisis del coronavirus vendió mascarillas de baja calidad al Ayuntamiento de Madrid, lo que le permitió al comisionista cobrar una mordida de casi seis millones de euros. Así consta en un escrito de 12 de septiembre dirigido al juez Adolfo Carretero, que investiga el caso Mascarillas, en el que el Ministerio Fiscal reclamaba el registro de la vivienda y la sede social de la empresa Takamaka, propiedad del intermediario, que se llevaron a cabo la semana pasada.

La petición fue autorizada por el magistrado, que en su auto asume las dudas planteadas por el fiscal sobre la autenticidad de un correo electrónico recibido en el juzgado que contiene la declaración "prestada por un individuo llamado supuestamente San Chin Choon".

Los registros y la intervención de los dispositivos electrónicos de Luceño, prosigue el escrito del fiscal, tenían como finalidad encontrar los mensajes intercambiados con los responsables de la empresa Leno, la vendedora de las mascarillas, y comprender cuáles fueron las relaciones "reales" del comisionista con los representantes de la empresa asiática, entre ellos San Chin Choon. "Si realmente él y el señor Luis Medina eran agentes exclusivos o no de la empresa, cómo se determinaron las comisiones que se iban a cobrar, cómo se fijó la cantidad que se restituyó por la recepción de unos guantes de calidad inferior a la esperada, por qué se modificaron las comisiones inicialmente pactadas y, sobre todo, en qué medida el señor Luceño tergiversó esos datos en sus comunicaciones con los responsables del Ayuntamiento de Madrid, pues en esto habría consistido el engaño como elemento típico del delito de estafa", traslada el fiscal.

La declaración de este empresario, que supuestamente se realizó ante las autoridades de Malasia, exculpaba a Luceño. Pero ahora el fiscal no se fía de la veracidad de la documentación remitida por correo electrónico al juez: "Son muchos los aspectos del documento [...] que hacen sospechar de su autenticidad", dice el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Una burda transcripción"

Y no cree que sea veraz porque el testimonio fue enviado desde un correo diferente a los conocidos hasta el momento; pero también porque presenta errores gramaticales en inglés, idioma que según declaró Luceño no habla San Chin Choon. "Presenta varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que no solo no habla correctamente el inglés, sino que tiene el español como lengua materna", prosigue el fiscal, que apunta a una posible intervención de los investigados en los escritos que les exoneran.

Alberto Luceño, el otro comisionista querellado por Anticorrupción.

/ JOSE RUIZ

Y como ejemplo de la posible manipulación del testimonio, el fiscal recuerda que a la pregunta de si conocía a los comisionistas Luceño y Luis Medina, la contestación fue, de forma literal: "To Mr. Luceño yes, to Mr. Medina no". Una frase que según el fiscal es "una burda transcripción de la respuesta que se daría en castellano".

En el mismo sentido, la declaración de San Chin Choon, según la interpretación del fiscal, "contiene algunas afirmaciones que carecen de toda lógica". Como por ejemplo que llegara a asegurar que utilizaba firmas "totalmente diferentes" en función de los documentos que tenía que firmar.

Indicios "abundantes"

En el escrito el fiscal apunta, además, que los indicios de los delitos investigados son ya "abundantes". Sobre todo el "engaño empleado para convencer a los responsables del Ayuntamiento de Madrid de que estaban pagando el precio real de los productos y no un precio inflado artificialmente (aproximadamente el triple de su valor real) en virtud de unas comisiones que fueron ocultadas por los investigados", que llegaron a asegurar que sus actuaciones eran altruistas.

Otra evidencia del engaño, prosigue el Ministerio Público, son los mensajes aportados por la funcionaria Elena Collado, que muestran que Luceño aseguró que los guantes de nitrilo vendidos al Consistorio madrileño medían 40 centímetros, cuando en realidad eran de 20 centímetros. "Asimismo, los mensajes de correo electrónico aportados por otro investigado, el señor Medina, revelan que también él fue engañado por el señor Luceño, pues le había prometido una comisión idéntica a la suya y, en realidad, se fijó para sí mismo una comisión mucho mayor, que al final quintuplicó la de Medina", recuerda el representante del Ministerio Público.

Registros en Madrid

Por otra parte, la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción muestra que los registros se realizaron a partir de las 8 de la mañana del pasado 22 de septiembre en la vivienda habitual de Luceño en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y en la sede de su empresa, Takamaka, en la madrileña calle de Lagasca. Según el auto del juez, se permitió a los agentes utilizar la fuerza "proporcionalmente necesaria" para acceder a los inmuebles y, una vez dentro de ello, poder abrir "cajas de seguridad, cofres, armarios, muebles o puertas que pudieran encontrarse cerrados".

Además de ordenadores, teléfonos móviles y dispositivos UBS cuyo contenido fue comprobado por los agentes, estos hallaron en la vivienda de Luceño, en la habitación que utilizaba como despacho, diversa documentación relevante, parte de la cual se guardaba en un maletín de la marca de lujo Louis Vuitton. Entre la documentación más singular, papeles presuntamente falsificados para hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o como trabajador del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).

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Concretamente, un portaplacas negro con una "placa de agente de la autoridad del Centro Nacional de Inteligencia" y una tarjeta atribuible a dicho departamento con una "foto del investigado". A ello se sumaban seis hojas con "impresiones de imágenes de tarjeta" del CNI, el DSN, el Ministerio de Defensa, y el Cuerpo Nacional de Policía.

Los agentes también comprobaron que, desde los diferentes dispositivos electrónicos con los que contaba tanto en su vivienda como en la sede de su negocio, Luceño tenía acceso a "multitud" de cuentas de correo electrónico. Otros documentos incautados tenían impresas las leyendas "máscaras Kn95", "test antígenos" y "guantes de nitrilo", precisamente los tres productos que vendió al Ayuntamiento de Madrid, consiguiendo unas comisiones cercanas a los seis millones de euros.