Bloqueo institucional
El CGPJ, a un día de colocarse en la ilegalidad
La vicepresidenta de la Comisión Europea cierra filas con Lesmes y ve "desesperada" la situación de la Justicia española
Los interlocutores del sector conservador no acceden a reunirse hasta el viernes para comenzar las negociaciones
Desde que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, decidió hace justo una semana aclarar ante los medios los extremos que considera claves para afrontar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden al órgano de gobierno de los jueces, las esperanzas de que este cumpla con el plazo dado por el Gobierno para ello se diluyeron.
Pero la forma en que el sector conservador ha actuado lo descarta por completo: su último movimiento ha pasado porque sus interlocutores no pueden reunirse hasta el viernes con los del sector progresista, pese a los contactos telefónicos que ambos han mantenido a lo largo de la tarde, informaron fuentes del CGPJ a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
El propio Lesmes descartó que el pleno del pasado día 8 fuese para designar ya a sus dos magistrados. Dijo que la fecha obedecía a tener "margen" para cumplir el límite del día 13 marcado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero, consciente del sentir en el Consejo, negó que tuviera trascendencia retrasarse, siempre y cuando se produjeran los nombramientos. Para que todos sus interlocutores lo entendieran, destacó la dificultad que plantean las designaciones del CGPJ, que necesitan al menos el apoyo de 12 vocales para salir adelante.
Reunión de interlocutores
De esta forma, del pleno del CGPJ solo salieron las bases para volverse a reunir y elegir a los dos magistrados que le corresponden. Todos los vocales solo se reunirán de nuevo cuando haya un consenso suficiente para votar los nombres pactados, lo que descarta una nueva reunión este martes, pese al plazo fijado por el Gobierno.
Pero se nota que los conservadores no tienen prisa alguna. Sus interlocutores se conocieron este lunes. Son José Antonio Ballestero y Carmen Llombart. Los nombres de los de la otra sensibilidad, Roser Bach, Rafael Mozo y Álvaro Cuesta, se saben desde el jueves. Deben negociar los nombres de los dos magistrados del TC que corresponden al Consejo, lo que propiciará que el Gobierno designe a los suyos sin problemas.
Apoyo europeo
En su discurso de apertura del año judicial, Lesmes anunció que, si no hay acuerdo para la renovación del CGPJ, dimitirá al frente del Poder Judicial una vez encarrilada la elección de los magistrados del Constitucional.
Sus palabras han recibido este lunes un apoyo inesperado, muy bien recibido por el sector conservador del Consejo. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, le ha trasladado en una carta su "coincidencia" con su mensaje: la “urgencia y prioridad absoluta” de renovar el CGPJ y de abordar la reforma del modelo de designación de los vocales procedentes del turno judicial, "que la Comisión considera necesaria".
En la misiva, Jourová hace referencia a la “desesperada situación” en la que se encuentra el Poder Judicial después de casi cuatro años sin renovar y afirma que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado “no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate”.
Recuperar la normalidad
"El desbloqueo de la situación, y la consiguiente recuperación de la necesaria normalidad institucional, debería abrir el camino a abordar a continuación otras cuestiones como la reforma del sistema de elección de los miembros del CGPJ, que la Comisión considera necesaria", afirma Jourová, que deja clara la posición de la Comisión Europea respecto a los pasos a seguir para desencallar esta situación que lleva cuatro empantanada.
Añade que "un bloqueo prolongado que afecte al correcto funcionamiento de instituciones estatales esenciales, como el Poder Judicial, es perjudicial para el Estado de Derecho en ese Estado y, por tanto, para el Estado en su conjunto. El correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, que es el único interés de la Comisión, no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".
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