INVESTIGACIÓN

La Fiscalía cerró el caso de la fortuna del emérito en Jersey sin conocer datos clave

El Ministerio Público no sabía que el financiero Javier de la Rosa había asegurado al comisario José Manuel Villarejo que Juan Carlos I se había beneficiado de fondos procedentes de la venta de acciones de Ence, Telefónica y Abengoa

La Fiscalía cerró el caso de la fortuna del emérito en Jersey sin conocer datos clave
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Nuevas pistas incluidas en el sumario del caso Tándem, en concreto las anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, aportan pruebas relevantes para conocer el origen, hasta ahora desconocido, de la fortuna que Juan Carlos I ocultó hasta 2004 en la isla británica de Jersey. Según aseguró el 10 de noviembre de 2012 el financiero catalán Javier de la Rosa, el monarca obtuvo importantes ingresos de Telefónica y Ence, dos empresas que habían sido privatizadas por el Gobierno de José María Aznar. Este confidente policial, cuyo testimonio fue trascendental para abrir el caso Pujol, también explicó al comisario que el ahora rey emérito había recibido acciones de la compañía Abengoa. Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo no disponía de esta información en el momento que archivó en marzo pasado sus pesquisas sobre los diez millones de euros que escondía el 'trust' denominado The JRM 2004, cuyo beneficiario era el historiador Joaquín Romero Maura, quien actuó como consejero del Jefe de Estado.

En el decreto de archivo, el fiscal rechazaba que los fondos de Jersey procedieran del dinero 'perdido' en el caso Kio, la causa judicial en la que el diplomático Manuel Jaime de Prado y Colón de Carvajal, -considerado el gestor del patrimonio de Juan Carlos I-, fue condenado a un año de cárcel. El escrito recordaba que el tribunal de esta causa admitió en la sentencia que desconocía el destino del dinero y el motivo real por el que De la Rosa había realizado el pago a Prado y Colón de Carvajal, fallecido en 2009.

"La documentación aportada a estas diligencias de investigación y las explicaciones disponibles sobre el origen de los fondos Tartessos y Hereu en modo alguno permiten establecer una conexión con estos hechos", concluyó el fiscal Alejandro Luzón, que no reflejó en su decreto ninguna alusión a las firmas Ence, Telefónica y Abengoa.

En otra pieza judicial del caso Kio, tanto De la Rosa como Prado y Colón de Carvajal volvieron a ser condenados por apropiación indebida. El financiero catalán justificó la entrega de 80 millones de dólares al hombre de confianza de Juan Carlos I en virtud de “pagos de guerra”. Aportó unas cartas fechadas el 10 de octubre de 1990 con membrete de la Casa del Rey y aparentemente firmadas por Prado y Colón de Carvajal. Luzón también rechazaba en el decreto relacionar estos hechos con los fondos de los 'trusts' constituidos por el diplomático y de los que era beneficiario Juan Carlos I. "La veracidad de esas cartas nunca fue acreditada ni tampoco que el pago se hiciera a altas instituciones españolas", zanjó el fiscal.

Información de De la Rosa

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha podido confirmar que Javier de la Rosa, que fue condenado a cinco años de cárcel por el caso KIO, relató a Villarejo el 10 de noviembre de 2012 que Juan Carlos I había obtenido importantes ingresos de las mencionadas sociedades españolas. Y esta denuncia la repitió dos años después ante Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como "Pequeño Nicolás", a quien en el momento de los hechos se dirige a él como si fuera un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tal y como se puede leer en un oficio policial al que ha tenido acceso esta redacción.

Tanto Anticorrupción como el juez que instruye el caso Villarejo, Manuel García Castellón, consideraron que las reuniones que Villarejo mantuvo con De la Rosa se enmarcaron en la actividad propia de la Policía, pues el comisario buscaba información sobre el patrimonio del expresidente catalán Jordi Pujol Soley. De hecho, el testimonio del financiero se incluyó en el caso Pujol, en el que están procesados todos los miembros del clan familiar.

De esta forma, los indicios aportados por De la Rosa suministran nuevas pruebas para la investigación que fue cerrada el pasado 2 de marzo por la Fiscalía, que archivó las diligencias que había abierto la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre la existencia de un 'trust' en la isla de Jersey denominado The JRM 2004, constituido el 9 de marzo de 2004 por el historiador Joaquín Romero Maura con dinero del rey emérito.

Lucum y Zagatka

En el decreto, el fiscal también consideró muy improbable que se pudiera descubrir el origen de los fondos opacos, que acabaron en manos de Romero Maura. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) detectó el 15 de octubre de 2020 movimientos de dinero sospechosos que vinculó a Juan Carlos I, quien unos meses antes había perdido la asignación de la Casa del Rey tras conocerse sus vinculaciones con las fundaciones Lucum (Panamá) y Zagatka (Luxemburgo).

Sin embargo, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, que se apoyaba en la realizada poco antes por el gestor del 'trust', no logró conocer el origen del dinero opaco del rey emérito. "Los fondos con los que se constituyó The JRM 2004 Trust proceden de la liquidación de los 'trusts' Tartessos y Hereu, fundados en 1995 y 1997 respectivamente, y de los que fue beneficiario el entonces rey de España. No existiendo actualmente documentación soporte disponible, probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con los que fueron creados", relata de forma literal el decreto.

Antiblanqueo refería que los fondos con los que Romero Maura constituyó The JRM 2004 Trust procedían de la liquidación el 9 de marzo de 2004 de dos 'trusts', creados en Jersey por Prado y Colón de Carvajal, que se abrieron con un capital de 5 millones de dólares, y cuyo beneficiario era el ahora rey emérito.

Apoyar a Juan Carlos I

La finalidad de ambos 'trusts' era apoyar al entonces Jefe de Estado si fuera depuesto. Uno de los responsables de la gestión del dinero reconoció haberse reunido "en tres o cuatro ocasiones" con Juan Carlos de Borbón y con Prado y Colón de Carvajal. También con el historiador Joaquín Romero Maura, quien, pese a no tener un cargo formal retribuido en los 'trusts', "actuaba entonces como consejero" del monarca, dice el fiscal.

Respecto al origen de estos fondos, antiblanqueo apuntaba a que una parte del dinero provendría de una cuenta en el banco Standard Chartered a nombre de la sociedad Nadine Limited, también creada por Prado y Colón de Carvajal. La Fiscalía destaca que el gestor del dinero del emérito había recogido donaciones de personas "no identificadas" que apoyaron entre los años 50 y 70 del siglo XX a Juan Carlos de Borbón; otra parte del dinero tenía su origen en una donación de unos 9 millones de dólares efectuada en 1999 por Simeón de Bulgaria procedentes de inversiones financieras en la entidad JP Morgan en Suiza.

La Fiscalía archivó las pesquisas al considerar que en 2004 Juan Carlos I había donado el dinero. Sin embargo, en el decreto consta que el historiador Romero Maura llegó a enviar una carta a los administradores del 'trust' el 17 de julio de 2009 en la que informaba que podría haber un "tercer beneficiario" de los fondos opacos de Jersey. "Se trata de un beneficiario contingente pues depende, dice el señor Romero Maura, de que ocurran ciertos hechos improbables, en circunstancias que califica de tiempos problemáticos. Sería la persona o personas que hubieran cesado en la Jefatura del Estado de España (Head of State), a causa de un golpe anticonstitucional u otra similar circunstancia inhabilitante. [...] Tampoco habría de exigirse que esta persona hubiera sido literalmente destronada, derrocada, depuesta o exiliada. Bastaría que le cualificara una pérdida de estatus implícita en los acuerdos que hubieren sido aceptados en aras de la armonía civil", especifica el decreto.

Diez millones de dólares

La misiva de Romero Maura precisaba que "en ninguna circunstancia" este "tercer beneficiario" debería recibir beneficios de JRM 2004 Trust mientras fuera el Jefe del Estado. Establecía que los gestores del 'trust' deberían consultarle para determinar la identidad de este "tercer beneficiario", a quien se le debían reservar 10 millones de dólares.

Por su parte, el decreto del fiscal constató que este tercer beneficiario "nunca llegó a estar formalmente designado por los trustees, órgano del trust competente para hacerlo". Tampoco se detectaron posteriores alusiones. El único beneficiario, según el fiscal, ha sido desde entonces el historiador Romero Maura, pues Juan Carlos I habría renunciado formalmente a estos fondos. Por ello, Luzón archivó esta investigación sobre los fondos de Jersey.

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