Tribunales

La 'policía política' urdió un plan para desvincular al emérito del dinero 'perdido' de KIO

  • José Manuel Villarejo incluyó en su "plan de trabajo" su intención de convencer a Javier de la Rosa para que negara la relación de Juan Carlos I con las cuentas opacas de Manuel Prado y Colón de Carvajal

  • El comisario quería que el empresario condenado por el agujero de KIO declarara que miembros del CNI le aconsejaron que incluyera en la causa al rey emérito con la intención de blindarse

Juan Carlos I y el fallecido emir de Kuwait Sheikh Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah

Juan Carlos I y el fallecido emir de Kuwait Sheikh Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah / Nada Marafie

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La 'policía política' que operó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy urdió un plan para tratar de desvincular al rey emérito, Juan Carlos I, del dinero desaparecido del caso KIO. Así consta en el "plan de trabajo" que elaboró José Manuel Villarejo el 3 de diciembre de 2012 en plena "Operación Cataluña" en la que el comisario jubilado captó en 2012 al financiero Javier de la Rosa como testigo del caso Pujol.

Este empresario catalán y el diplomático fallecido en 2009 Manuel Prado y Colón de Carvajal, considerado entonces como la persona de la máxima confianza del entonces jefe del Estado, fueron condenados en 2006 a cinco y un año de cárcel, respectivamente, por el agujero de 375 millones de euros que sufrió la empresa Kuwait Investment Office (KIO) . Sin embargo, parte del dinero no pudo ser recuperado.

Precisamente, tras estallar el caso en la década de los 90 el propio De la Rosa insinuó que los 100 millones de dólares que transfirió a las cuentas de Colón de Carvajal en Suiza iban destinadas a facilitar "gestiones políticas", tal y como informó el diario El País. De hecho, el empresario catalán llegó a ser acusado de chantajear a Juan Carlos I, a quien vinculó de forma indirecta a la transferencia del dinero.

Apropiación indebida

En su agenda, Villarejo redactó en 2012 su intención de que Javier de la Rosa desvinculara a Juan Carlos I de este caso de corrupción, cuya última pieza separada no finalizó hasta 2015, cuando la Audiencia Nacional condenó al exvicepresidente de KIO Fouad Khaled Jaffar a dos años de prisión por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental, y a indemnizar al Grupo Torras con 46,7 millones de euros.

Como acción de trabajo, el comisario apunta en su diario: “Citar que todo lo referido a Manuel Prado –en referencia al diplomático amigo del emérito-, miembros del Cesid –antecesor del CNI- le aconsejaron que también metiera a SM –su majestad- para hacer más presión, aunque el tiempo dejó claro que fue una trampa para blindarse del dinero del que fue despojado y aún reclama”.

De esta forma, el ex mando policial pretendía que De la Rosa culpara al CNI de las noticias que aparecían en la prensa que vinculaban al emérito con el caso KIO. En ese momento, el comisario ya estaba enfrentado al espionaje español, dirigido por el general Félix Sanz Roldán, uno de sus grandes enemigos junto al comisario principal jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas.

Datos que afecten a la Corona

Una segunda anotación de los diarios de Villarejo que se produce en plena operación Cataluña vuelve a señalar de forma directa a Juan Carlos I. En concreto, alude a las “amenazas” que supuestamente habría recibido De la Rosa para que “aportara datos que afecten a la corona”.

También en fecha de 3 de diciembre de 2012 Villarejo señala que “a cambio” de que De la Rosa “aporte datos que afecten a la Corona” le “prometen 20 más los 30 que lleva reclamando al CNI desde hace 20 años y contratos para él y sus hijos y la condición definitiva de libertad y ser rehabilitado”. Esta redacción ha constatado en varias ocasiones que cuando Villarejo alude en sus agendas a unas cifras de dinero no escribe los últimos tres ceros.

La veracidad de los diarios de Villarejo ha sido defendida por la Fiscalía Anticorrupción y por el juez que instruye el caso Villarejo, Manuel García- Castellón. El Ministerio Público, no obstante, descarta investigar a Villarejo por sus actuaciones contra los expresidentes catalanes Jordi Pujol Soley y Artur Mas al considerar que las mismas se enmarcaron en una legítima operación policial.

Dinero de Jersey

Sin embargo, la publicación de una parte del borrador del decreto mediante el cual la Fiscalía tiene intención de archivar su investigación sobre el trust de Jersey, -una de las tres causas que permanecen abiertas contra Juan Carlos I-, evidencia los vínculos del emérito con las cuentas opacas que escondía su hombre de confianza, y que Villarejo trataba de negar.

Este documento de la Fiscalía informa de que el trust JRM 2004 Trust fue constituido en la Isla de Jersey el 9 de marzo de 2004, según el decreto adelantado por la Cadena Cope, con la fusión del dinero destinado al entonces príncipe Juan Carlos con fondos procedentes de otros dos trusts creados en 1995 y 1997 por iniciativa del diplomático y amigo del rey Manuel de Prado y Colón de Carvajal.

Siempre según el relato del decreto, la finalidad de ambos trusts, denominados "Tartessos" y "Hereu" (heredero en catalán), era apoyar al entonces rey Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario.

"Embarazosas explicaciones"

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En 2004, "la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones”, prosigue el texto. Por ello el hoy emérito habría decidido "liquidar los trusts y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura”. Desde entonces sería el profesor quien dispone de esos fondos, nombrando beneficiarios a su muerte a su esposa y al British Refugee Council.

El caso KIO se inició enero de 1993, a raíz de una querella de la firma Torras contra quien había sido su presidente, Javier de la Rosa, su exconsejero delegado Jorge Núñez Lasso de la Vega; los exconsejeros Narciso de Mir, Miguel Soler y Juan José Folchi, y el expresidente y exvicepresidente del consejo Sheik Fahad y Fouad Khaled Jaffar, ambos kuwaitíes. El grupo consideraba que se habían enriquecido de forma fraudulenta hasta el punto que descapitalizarlo.