La cuenta en Jersey vinculada a Juan Carlos I era un 'trust' creado como protección por si perdía la Corona

La Fiscalía del Tribunal Supremo no ha encontrado indicios que permitan "dirigir reproche penal" contra Juan Carlos I por una de las tres diligencias de investigación que tiene abiertas por la gestión de su patrimonio, la relacionada con una cuenta en Jersey -paraíso fiscal-, por lo que se procederá a su archivo. Así se señala en el borrador del decreto adelantado este lunes por la COPE que señala que dichos fondos constituían un 'trust' creado como protección en el caso de que el monarca fuera depuesto por un golpe inconstitucional.

Según esta información, cuya filtración ha causado malestar en la Fiscalía según fuentes consultadas por este diario, en el decreto de archivo de la investigación realizado por el equipo de fiscales encabezado por el jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón,  parte de los fondos de esos dos trusts originales procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 del pasado siglo a don Juan Carlos de Borbón. Se trataría del dinero que aportaron diferentes personas para apoyar el sostenimiento del entonces príncipe.

La noticia ha pillado por sorpresa a la Fiscalia, que declina hacer comentario alguno, aunque según las fuentes consultadas solo pueden explicarse el conocimiento del borrador si desde el Ministerio Público se hubiera podido trasladar al Ejecutivo y después, de alguna forma, también al emérito en su residencia de Abu Dabi.

Los fondos en Jersey constituyen una de las tres investigaciones abiertas al emérito. Las primera fueron iniciadas por Anticorrupción en 2018 por el supuesto cobro de casi 65 millones en comisiones por la construcción del AVE a La Meca. Ya con el asunto a cargo del equipo de fiscales del Tribunal Supremo se abrieron las de Jersey y las que indagan el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares.

Si bien en un principio se anunció el archivo de las primeras diligencias abiertas, las del ave a la Meca, después se decidió por Fiscalía que sería más conveniente anunciar el cerrojazo de las tres investigaciones a la vez, algo que ha frustrado el borrador de decreto adelantado este lunes por la emisora.

Más que unos fondos, según las pesquisas realizadas, el dinero de Jersey constituiría un 'trust' mediante el cual la persona que lo constituye crea un patrimonio al que se transmiten unos activos que son administrados en favor de las personas designadas como beneficiario. 

En este caso, el creador el mismo habría sido el historiador Joaquín Romero Maura, que fue consejero de Juan Carlos I. El JRM 2004 Trust fue constituido el 9 de marzo de 2004, según el decreto adelantado por la emisora, de la fusión del dinero depositado para el príncipe con fondos procedentes de otros dos trusts creados en 1995 y 1997 por iniciativa del diplomático y amigo del rey Manuel de Prado y Colón de Carvajal, quien fue condenado en el caso KIO por apropiación indebida de fondos procedenes de la sociedad kuwaití.

Protección de la Corona

Siempre según el relato que se incluirá en el decreto según la emisora, ya en los años noventa “la finalidad de ambos trusts era apoyar al entonces Rey Don Juan Carlos I en el caso de que fuera depuesto por un golpe inconstitucional o una situación similar y tenían a este como único beneficiario. Pero apenas tiene actividad desde 2004.

En dicho año, según el decreto, "la situación política en España era estable, el heredero, hoy Rey Felipe VI, acababa de contraer matrimonio, la monarquía gozaba de prestigio y el conocimiento público de la existencia de los trust, con la presencia en ellos de Manuel de Prado, ya entonces condenado por la Audiencia Nacional, hubiera exigido embarazosas explicaciones”, señala el texto. Por ello el hoy emérito “decidió liquidar los trusts y traspasar sus fondos a Joaquín Romero Maura”. Desde entonces sería el profesor quien dispone de esos fondos, nombrando beneficiarios a su muerte a su esposa y al British Refugee Council.

No firmará Delgado

El posible archivo de las tres investigaciones a Juan Carlos I -lo que cerrará definitivamente la puerta a un proceso judicial en el Tribunal Supremo- trascendió a los medios de comunicación el pasado mes de octubre, sin que nunca fuera negado oficialmente por la Fiscalía, si bien aún no ha llegado a producirse. 

Aunque en un principio se pensaba que unos decretos de estas características serían firmados por la fiscal general, Dolores Delgado, fuentes fiscales confirmaron en su día que las firmas que llevarían los documentos serían las del entonces teniente fiscal, Juan Ignacio Campos, y la fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Tras el recientene fallecimiento de Campos, únicamente firmará este último.

El archivo tendrá como consecuencia ninguna de las diligencias que se venían tramitanto será objeto finalmente de querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que es la competente para juzgar al rey emérito una vez perdió su inmunidad tras abandonar la jefatura del Estado. Según las fuentes consultadas, la decisión final se adoptará previsiblemente cuando Hacienda haya analizado y remitido sus concluisiones a la Fiscalía sobre la última documentación remitida por Suiza hace algunas semanas, relativa a los años 2025 y 2016, con posterioridad a la abdicación. 

La primera de las investigaciones, sobre el AVE a la Meca, tuvo una deriva en la justicia suiza. No obstane, el pasado 13 de diciembre el fiscal suizo Yves Bertossa también archivó por falta de pruebas la investigación que había iniciado por presunto blanqueo de capitales tras conocer que Juan Carlos I había recibido 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) en 2008 del Gobierno de Arabia Saudí, que después donó a la que fuera su amante Corinna Larsen en 2012.

La segunda línea de investigación analiza el pago de hasta 800.000 euros en tarjetas de crédito a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, que actuaba como hombre de paja del monarca. Las pesquisas también se han mantenido vigentes después de que Juan Carlos I regularizara con Hacienda los gastos en viajes que sufragó su primo Álvaro de Orleans con la Fundación Zagatka.

La tercera causa, sobre los movimientos bancarios de cuentas que tuvieron como destino la británica Isla de Jersey, son las referidas al borrador conocido este lunes. El Ministerio Fiscal abrió su investigación después de recibir un informe de “inteligencia financiera” procedente del Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) que apuntaba que el exmonarca podría ser el beneficiario de una sociedad que escondía casi diez millones de euros.

Las diligencias de investigación que abren las Fiscalías tienen una duración de seis meses -menos las de Anticorrupción, que son de un año-, un periodo que puede prorrogarse sucesivamente por otros seis meses si así se considera oportuno, pero que no tiene por qué agotarse. Por esta razón, no hubo problema en prorrogar los tres expedientes a finales de año -caducan en junio-, aunque lo más probable es que dicho plazo no se cumpla y los decretos de archivo se firmen mucho antes.

Entre otras razones, se aduce para justificar el futuro archivo que algunos de los presuntos delitos atribuidos al exmonarca habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era penalmente irresponsable antes de su abdicación en 2014; que otros habrían prescrito y que existe una falta de peso probatorio a la que se han sumado dos regularizaciones fiscales por cerca de 5 millones de euros que cierran la puerta a atribuirle la comisión de delitos fiscales.

Con respecto a las mencionadas regularizaciones con Hacienda, la propia Delgado manifestó en marzo pasado en sede parlamentaria que gracias a la investigación que la Fiscalía del Supremo estaba realizando al emérito había "aflorado una cantidad importante e inimaginable al principio de la investigación de dinero, un dinero de las arcas públicas, cinco millones y pico de euros, que es de todos los españoles".

Se refería a las aludidas dos regularizaciones en Hacienda realizadas hasta el momento por Juan Carlos I, por un total de 678.393,72 a finales de 2020 y otros 4.395.901,96 euros en febrero de 2021, respectivamente. La primera por lo que habría dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y la segunda por los 8 millones de euros que Juan Carlos I recibió durante varios ejercicios en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.

Las regularizaciones pudieron ser posibles porque el equipo de fiscales del Alto Tribunal que investigaban al emérito habían notificado al abogado del exmonarca que se habían 'revelado indicios' contra su cliente. Se le indicó además el número de las tres diligencias de investigación abiertas, pero sin concretar ningún otro dato, lo que permite aplicar el artículo 304 del Código Penal que señala que las regularizaciones se dan por buenas siempre que se pague antes de que existan actuaciones judiciales o fiscales por lo defraudado.