La Fiscalía prorroga seis meses más la investigación al rey emérito

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este jueves el decreto que permite prorrogar por seis meses, hasta junio de 2022, las diligencias penales abiertas contra el rey emérito Juan Carlos I por la Fiscalía del Tribunal Supremo, según han adelantado fuentes fiscales a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA . La firma se produce unos días antes del 17 de diciembre, día en el que caducaban los seis meses para investigar uno de los tres asuntos abiertos al ex monarca por los fiscales del alto tribunal, que han solicitado y justificado una ampliación de las pesquisas.

Ya hace unos días fuentes del Ministerio Público señalaron esta posibilidad de prórroga y apuntaron a enero como fecha más adecuada para realizar el archivo de las actuaciones, una decisión que ya está adoptada pero que ahora se verá aplazada una semanas. Esto permitirá además alejar el impacto que sin duda tendrá esta noticia del discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI, que tendrá lugar tan solo unos días después.

La razón de la prórroga es, en todo caso, de carácter técnico, y tiene que ver con documentación pendiente de la comisión rogatoria remitida a Suiza, que tiene entregar aún algunos datos relativos al año 2015. Aunque los investigadores no esperan muchas novedades de estos documentos, han preferido esperar a contar con toda la información que fue solicitada y han solicitado a la fiscal general que prorrogue las actuaciones, dado que ésta la facultada para ello.

Tal y como informó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el departamento que dirige Dolores Delgado adoptó a principios de otoño la decisión de archivar las tres diligencias de investigación que tiene abiertas al rey emérito Juan Carlos I, y lo hizo sin haber analizado a fondo la información sobre posibles movimientos delictivos, dado que en dicho momento faltaba la citada documentación a remitir por Suiza.

Cuatro posibles delitos

En los documentos de reclamación de información que se han remitido a Suiza y otros países se habla de hasta cuatro delitos atribuibles al emérito, que son el blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias.

En relación con estas posibles responsabilidades penales son tres las diligencias de investigación que, con carácter preprocesal, se mantienen abiertas con respecto al rey emérito. Las primeras fueron las incoadas en 2018 por la Fiscalía Anticorrupción, por el supuesto cobro de casi 65 millones en comisiones por la construcción del AVE a La Meca.

 Más tarde, ya con el asunto a cargo del equipo de fiscales del Tribunal Supremo, se abrieron otras dos, por el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal

Las diligencias de investigación que abren las Fiscalías tienen una duración de seis meses -menos las de Anticorrupción, que son de un año-, un periodo que puede prorrogarse sucesivamente por otros seis meses si así se considera oportuno, pero que no tiene por qué agotarse. Por esta razón, las fuentes consultadas ya aventuraban hace unas semanas que no habría ningún problema en prorrogar las actuaciones en diciembre, tal y como ha sucedido, para archivar unas semanas más adelante.

Cinco millones pagados a Hacienda

Entre otras razones, para justificar el futuro archivo de esta investigación se argumenta que algunos de los presuntos delitos atribuidos al exmonarca habrían ocurrido cuando Juan Carlos I era penalmente irresponsable antes de su abdicación en 2014; que otros habrían prescrito y que existe una falta de peso probatorio a la que se han sumado dos regularizaciones fiscales por cerca de 5 millones de euros que cierran la puerta a atribuirle la comisión de delitos fiscales.

Las dos regularizaciones con Hacienda reconocidas por la defensa de Juan Carlos I lo han sido por un total de 678.393,72 a finales de 2020 y otros 4.395.901,96 euros el pasado febrero, respectivamente. La primera por lo que habría dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y la segunda por los 8 millones de euros que Juan Carlos I recibió durante varios ejercicios en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.

Las regularizaciones pudieron ser posibles porque el equipo de fiscales del Alto Tribunal que investigaban al emérito habían notificado al abogado del exmonarca que se habían 'revelado indicios' contra su cliente. 

Se le indicó además el número de las tres diligencias de investigación abiertas, pero sin concretar ningún otro dato, lo que permite según su defensa, ejercida por Javier Sánchez-Junco, aplicar el artículo 304 del Código Penal que señala que las regularizaciones se dan por buenas siempre que se pague antes de que existan actuaciones judiciales o fiscales por lo defraudado.