TRIBUNALES

El carpetazo en Suiza aboca al archivo de la investigación al emérito en España

Las tres diligencias abiertas por la Fiscalía del Supremo no llegarán a los jueces, pero las pesquisas han obligado a Juan Carlos I a abonar al menos cinco millones de euros a la Hacienda española

El exmonarca aún tiene pendiente el dictamen de la justicia británica sobre su inmunidad como jefe de Estado, que afectará a la denuncia por presiones y espionaje presentada por su ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein

Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Cristina Gallardo/Tono Calleja

El cerrojazo por parte del fiscal suizo Yves Bertossa de la investigación que mantenía abierta desde hace casi cuatro años a la empresaria alemana y examante de Juan Carlos I, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, por la donación de 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) que éste le hizo en 2012 y que presuntamente tenían su origen en un pago del Gobierno de Arabia Saudí, despeja el camino a la Fiscalía española, que aún mantiene abierta una diligencia de investigación por este asunto concreto pese los continuos anuncios de archivo.

Por el momento, los fiscales encargados por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para tramitar estas diligencias, encabezados por el principal responsable del Ministerio Público en el Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, no tienen previsto reclamar a Suiza la citada resolución, han informado fuentes de este departamento a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El anuncio de la Fiscalía suiza vacía prácticamente de contenido la primera de las tres diligencias aún abiertas contra el rey emérito por las presuntas comisiones relacionadas con la venta del AVE a los saudíes. Se trata del expediente que abrió la espita de las investigaciones al exmonarca en 2018, si bien contaba con muy pocas posibilidades de ser judicializada porque se centra en unas actividades del emérito enmarcadas en la etapa en la que Juan Carlos I era Jefe del Estado y, por tanto, inviolable según la Constitución Española.

Las otras dos líneas de investigación es previsible que se vean arrastradas por el archivo de la primera. La segunda diligencia que la Fiscalía reconoció haber abierto analiza el pago de hasta 800.000 euros en tarjetas de crédito a nombre del coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, que actuaba como presunto 'hombre de paja' del monarca. Estas investigaciones se han mantenido vigentes incluso después de que Juan Carlos I regularizara con Hacienda otros gastos personales, como los que realizó en viajes que sufragó su primo Álvaro de Orleans con la Fundación Zagatka.

La tercera investigación, que recientemente fue prorrogada por seis meses más por decreto de la fiscal general del Estado, se refiere a movimientos bancarios de cuentas que tuvieron como destino la británica Isla de Jersey. El Ministerio Fiscal inició sus averiguaciones después de recibir un informe de “inteligencia financiera” procedente del Servicio de Prevención del Blanqueo (Sepblac) que apuntaba que el exmonarca podría ser el beneficiario de una sociedad que escondía casi diez millones de euros.

Por lo que se refiere a la causa en Suiza, el exmonarca no estaba siendo investigado directamente, pero sí su examante y los gestores de ésta en el banco Mirabaud en Suiza, donde se transfirió el dinero que presuntamente constituiría un delito de blanqueo de capitales. Esta posibilidad ha sido finalmente archivada por falta de pruebas.

No se ha encontrado vínculo con Riad

La razón concreta del archivo es que la investigación no ha permitido establecer un vínculo suficiente entre la cantidad recibida del Gobierno de Riad y la celebración de contratos para la construcción del tren de alta velocidad de este país asiático.

No obstante, no todo queda tan limpio tras el cierre de la investigación en Suiza, pues Bertossa advierte en el comunicado oficial sobre este asunto que tanto el ex monarca como zu Sayn-Wittgenstein tuvieron "un deseo de ocultar" los fondos utilizando la Fundación Lucum, creada en Panamá; así como empresas radicadas en paraísos fiscales (Bahamas). Añade que tanto los importes afectados como el origen de los bienes y la falta de documentación adecuada que justifique las transferencias investigadas, constituyen indicios, si bien éstos no han permitido llegar a un relato concluyente que permita proceder judicialmente contra la empresaria de origen danés.

Una investigación "excepcional" en España

Y mientras Suiza mueve ficha y establece conclusiones, la duración de la investigación que la Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abierta a Juan Carlos I, constituye una "excepción a la regla general" según la norma fijada por la propia Fiscalía en 2013 para este tipo de diligencias preprocesales.

Juristas consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, como es el que fuera fiscal de asuntos económicos Juan Antonio Frago, llaman la atención en lo inédito de la situación en nuestro país, que incide en la indefensión. Entre otros motivos, porque los expedientes que tramitan los fiscales españoles conllevan la realización de diligencias de prueba -aunque no todas las que podría acordar un juez-, pero no admiten la personación como parte del investigado, por lo que la prolongación en el tiempo de esta situación puede afectar a su derecho de defensa.

Tiempo para ocultar y regularizar

Por su parte, una portavoz de la empresaria germano-danesa ha asegurado a este diario que ahora ella se encargará de exponer las auténticas irregularidades que se han cometido en esta causa, y en un comunicado de prensa ha advertido, si los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades, permanecen impunes".

Con estas palabras, la examante del rey parece referirse a la actividad desplegada por la defensa del monarca ante las informaciones que los medios de comunicación han ido desgranando desde que la investigación se hizo pública con el arranque de la investigación, y que se ha concretado en dos regularizaciones con la Hacienda española.

 Según manifestó la propia fiscal general el pasado marzo en sede parlamentaria, gracias a la investigación que la Fiscalía del Supremo estaba realizando al emérito había "aflorado una cantidad importante e inimaginable al principio de la investigación de dinero, un dinero de las arcas públicas, cinco millones y pico de euros, que es de todos los españoles".

Se refería con ello a las dos regularizaciones en Hacienda realizadas hasta el momento por Juan Carlos I, por un total de 678.393,72 a finales de 2020 y otros 4.395.901,96 euros el pasado febrero, respectivamente. La primera por lo que habría dejado de pagar en impuestos correspondientes a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y la segunda por los 8 millones de euros que Juan Carlos I recibió durante varios ejercicios en vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans.

La importancia de estos pagos deriva de lo señalado en el artículo 305.4 del Código Penal, que dice expresamente que se considerará regularizada la situación tributaria siempre que se pague antes de interponerse querella o denuncia --algo que jamás ha ocurrido--, o bien de forma previa a que la Fiscalía efectúe "actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

En espera de Londres

Mientras las investigaciones se disipan en el continente, aún le quedará pendiente a Juan Carlos I la demanda que su examante le ha presentado ante el Alto Tribunal de Justicia de Londres por un supuesto acoso y espionaje que habría sufrido por parte de los servicios de inteligencia españoles. El juez Matthew Nicklin debe decidir en los próximos días o semanas si el rey emérito goza o no de inmunidad para ser juzgado por la justicia inglesa. A fin de resolver esa cuestión, Nicklin deberá determinar entre otros puntos si el rey emérito sigue formando parte de la Casa Real.

La defensa de Larsen, insiste en que un soberano, para ser considerado como tal, debe ser Jefe de Estado, algo que el demandado evidentemente no es desde el momento en que abdicó, en junio de 2014.