INVESTIGACIÓN

Villarejo anotó en su diario que informó a la Policía de Zapatero de una comisión de 100 millones al emérito

  • El comisario jubilado apuntó el 28 de febrero de 2011 en su agenda que la constructora OHL había realizado un pago a Juan Carlos I vinculado "Catar", una monarquía del Golfo Pérsico

  • La adjudicación del AVE de Arabia Saudí, por el que las empresas españolas acordaron abonar 95 millones a la empresaria Shahpari Azzamy Zanganeh, se produjo en octubre de 2011

El rey emérito Juan Carlos I, en una fotografía de archivo. EFE/Mario Ruiz

El rey emérito Juan Carlos I, en una fotografía de archivo. EFE/Mario Ruiz

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo anotó en su diario el 28 de febrero de 2011, en pleno Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que informó al entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico, de un presunto pago de 100 millones de la constructora OHL a Juan Carlos I, en esa fecha jefe del Estado, según consta en las agendas, en las que también se alude a la existencia de una cuenta bancaria de Bárbara Rey en Liechtenstein.

En concreto las anotaciones, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, especifican que el entonces director adjunto operativo, el máximo cargo uniformado del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), a quien Villarejo identifica en todo momento con el apodo de "Petit" (pequeño/chico), le había reclamado información de sus actividades, y fue entonces cuando el comisario apuntó, de forma manuscrita: "Contactos de Carlos Rubio. Catar, pago de 100 millones de OHL al Rey".

La empresa constructora controlada por Juan Miguel Villar Mir resultó adjudicataria, en consorcio con una filial del grupo egipcio Orascom, del proyecto del Centro Médico y de Investigación de Sidra (Catar). OHL señaló que el importe del contrato ascendía a 1.647 millones de euros, y su plazo de ejecución era de 40 meses. Sin embargo, hasta el momento no consta la existencia de un pago ni ninguna investigación judicial de esta o cualquier otra obra de OHL en Catar.

El AVE a La Meca

Por el contrario, la fiscalía anticorrupción sí investiga el contrato del AVE a La Meca, que según la comisión rogatoria enviada al fiscal suizo Yves Bertossa que analiza las cuentas de Juan Carlos I en este país fue acordado en octubre de 2011 por el Ministerio de Transportes de Arabia Saudí.

La petición de auxilio judicial destaca que el 18 de mayo de 2011 la empresaria iraní "Shahpari Azzamy Zanganeh firmó un contrato de consultoría con las empresas privadas españolas que integraban el consorcio hispano-árabe". Y por tales servicios se fijaba una comisión del 2% del valor contractual total del proyecto. No obstante, la cuantía final de la comisión era de 95.788.435 euros.

En el escrito destinado a Suiza, anticorrupción recuerda que varios antes del contrato del AVE saudí, Juan Carlos I envió el 13 de marzo de 2006 una carta al príncipe Bin Abdul Aziz, en aquel momento ministro de Defensa del país asiático, en la que comisionaba a Shahpari Azzamy Zanganeh para poder realizar gestiones ante él. El ministerio público recuerda que el monarca consideraba a esta empresaria iraní una persona "de confianza".

Grabación de Villarejo

Pero la publicación de una grabación de Villarejo de 15 de abril de 2016, en la que Corinna Larsen aludía a las presuntas comisiones percibidas por el entonces Jefe de Estado, hizo que varias de las empresas españolas dejaran de abonar una parte del dinero a Zanganeh, quien planteó un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional por lo que considera una ruptura de un contrato legal.

En concreto, Larsen explicó a Villarejo que el rey emérito pretendía recibir la mitad del dinero que las empresas españolas habían acordado abonar a la empresaria iraní. El propio comisario jubilado da muestras de conocer la cuantía de la supuesta mordida: "Yo creo que fueron cien, porque era el uno y medio", dice Villarejo, cuyas palabras confirma la expareja del emérito: "Si, exactamente. Uno y medio, son cien. Y de eso, Villar Mir dijo al Rey: ok, no voy a pagarte más dinero, déjame preguntarle a la mujer de Khashoggi para dártelo", completó después Larsen en referencia al propietario de OHL y a Zanganeh.

Precisamente esta empresaria iraní ha rechazado haber actuado como lobista o intermediaria, tal y como aseguró Corinna Larsen: "Es una profesional con experiencia que trabajó efectivamente para apoyar el consorcio Al Shoula en el proyecto del AVE como 'project developer' desde el principio del proyecto, aproximadamente en 2008 y durante un periodo de 10 años", asegura una portavoz de Zanganeh.

64,8 millones

Al margen de esta cantidad en disputa, sí está confirmado que Juan Carlos I ingresó el 8 de octubre de 2008 100 millones de dólares, [64.884.405 euros], que puso a nombre de la Fundación Lucum, que había sido creada por unos presuntos testaferros en Panamá el 31 de julio de ese mismo año. En 2012, tras reclamarle las autoridades suizas que cerrara la cuenta, donó todo ese dinero a Corinna Larsen.

Anotación de Villarejo sobre Bárbara Rey

/ EPE

Por otra parte, en las agendas de Villarejo también aparece otra anotación vinculada con Juan Carlos I. El 4 de abril el comisario jubilado escribió que había obtenido información de "Corinna" Larsen sobre la existencia de una cuenta en Liechtenstein a nombre de la actriz Bárbara Rey. Estos hechos los habría puesto en conocimiento del entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ya bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

4 millones de euros

En el libro 'El jefe de los espías' los periodistas de 'ABC' Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote sobre el archivo secreto del exdirector del espionaje español y exconsejero del emérito Emiliano A. Manglano, revelan que la actriz exigió al monarca 4 millones de euros a cambio de no revelar información comprometedora. Bárbara Rey ha negado haber recibido cualquier cantidad de Juan Carlos I o su entorno.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón defendió en un auto del caso Kitchen o espionaje a Luis Bárcenas que la relevancia de las agendas de Villarejo radicaba en su virtualidad para reflejar datos "de los que se tiene noticia a través de otras diligencias de investigación".

Para el magistrado, que advierte en la resolución de que las anotaciones no pueden tomarse como hechos "irrefutables", las agendas "permiten conformar un cronograma temporal de determinados acontecimientos", que ayudan "a situar en una concreta fecha" los incidentes más relevantes.

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