Los espacios públicos ignoran la bronca política y se adaptan a las normas de ahorro

Los comerciales, empresas y otros espacios públicos han comenzado a adaptarse a las medidas de ahorro energético con el eco de la bronca política sumando decibelios. Las compañías cumplen con la obligación de limitar el termostato y apagar escaparates desde las 22.00 horas, aunque el pequeño comercio, más crítico especialmente en Madrid, empieza a ajustarse a un cambio que prevé que tenga un coste económico.

Hay reticencias, sin embargo, de cara a algunas medidas, como la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales climatizados, los establecimientos cuentan con más tiempo de preparación, hasta el próximo 30 de septiembre.

"Podemos poner puertas automáticas, pero tenemos un paso de gente muy grande. No van a estar cerradas nunca", advierte Jesús a EFE, que ha pedido presupuesto para su instalación: "son casi 10.000 euros. No sé si podremos cumplir el plazo porque los fabricantes ya tienen muchísimos problemas para suministrarlas".

El debate sobre el decreto de ahorro energético sigue abierto

Sus argumentos son aplicables a las 400.000 micropymes y pymes a las que representa la Confederación Española del Comercio (CEC), que entiende que el Gobierno debería haber contado con sus aportaciones. De la misma forma se ha pronunciado la CEOE, reclamando más diálogo con los sectores empresariales afectados y pidiendo evitar "la proliferación de medidas que generen confusión y desconcierto entre las empresas".

En el comercio de proximidad se respira también preocupación por los castigos ante un eventual incumplimiento del plan de ahorro del Ejecutivo. El régimen sancionador se remite a la Ley de Industria de 1992, que establece multas de entre 60.000 euros y 100 millones de euros dependiendo de la gravedad de la infracción.

Al respecto, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este martes que habría que "dar un margen" a los propietarios para que sigan la normativa.

CENTROS COMERCIALES

Más tranquilas han amanecido las grandes superficies que, debido a su músculo empresarial, encaran con otro ánimo la implantación de estas iniciativas, con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) apunta que el sector "lleva mucho tiempo invirtiendo en la mejora de las instalaciones y en la aplicación de políticas de sostenibilidad".

"Se está trabajando en potenciar la luz natural, la iluminación eficiente, el uso de energías renovables o la optimización del uso de agua", añade AECC, consciente de la "necesidad" de aplicar medidas acordes con el planteamiento de Bruselas para garantizar el suministro energético este invierno.

HOSTELERÍA Y GRANDES EMPRESAS

Por su parte, la hostelería ha afrontado las medidas de forma "generalizada y masivamente", según el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, que ve "flexible" un decreto que permite hacer excepciones por las características de la actividad o la seguridad de los trabajadores.

El límite al termostato para que no quede por debajo de 27 grados en verano ni supere los 19 en invierno se aplica en edificios y locales de uso administrativo, comercial, cultural, estaciones y aeropuertos, pero no en centros sanitarios o de formación, peluquerías, gimnasios y medios de transporte en sí.

En las últimas horas, grandes empresas, como las principales entidades bancarias de España, han implantado el plan, que completa a otros proyectos en marcha. BBVA ha realizado los "ajustes pertinentes", en tanto que en el Santander las puertas de acceso permanecerán cerradas durante el horario laboral salvo para la entrada de personal y clientes, o tareas de limpieza y mantenimiento. Además, apagará los rótulos luminosos a partir de las 22.00 horas, y rótulos, banderolas y televisiones en las oficinas; los cajeros sí estarán iluminados.

Una operativa parecida a la de CaixaBank, que informará a los clientes sobre la aplicación de las medidas con carteles, y mantendrá su política de vestimenta, que permite flexibilidad en el uso de traje y corbata.

BATALLA POLÍTICA

Entre todo esto, el Gobierno y el PP siguen enzarzados en una polémica que este miércoles se ha elevado un punto más después de que el principal partido de la oposición calificara el plan del Ejecutivo con "una cartilla de racionamiento energético".

La Comunidad de Madrid, aunque ha afirmado que acatará las medidas, continúa adelante con su intención de recurrir el real decreto ley de ahorro energético al Tribunal Constitucional al ver en la norma "al menos diez puntos inconstitucionales".

Al respecto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha afirmado este miércoles que "va a ser muy difícil" que el plan sea declarado inconstitucional y que Madrid, aunque tiene herramientas para recurrirlo, va a tener que hacer "contorsiones jurídicas" para echarlo por tierra.

Estas palabras han sido leídas por el PP como un "insulto" y una interferencia de la ministra en el poder judicial ante el recurso de inconstitucionalidad anunciado por la Comunidad de Madrid.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha respaldado los argumentos "suficientemente razonados" de la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso para recurrirlo y ha reiterado la necesidad de que el Gobierno rectifique, lo retire y convoque la conferencia de presidentes autonómicos.

"Estamos abrazados a una cartilla de racionamiento energético", ha proclamado el dirigente 'popular', que ha reprochado al Gobierno lanzar una "cortina de humo" ante esta nueva polémica respecto al decreto de medidas energéticas para no hablar, según ha dicho, de la condena de los ERE.