Anticorrupción archiva la denuncia por ayudas en pandemia que Ayuso vinculó con los padres de Sánchez

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, firma un decreto por el que archiva, por falta de "indicios razonablemente verosímiles", la denuncia que presentó el grupo popular en la Asamblea de Madrid por presunto tráfico de influencias a la hora de obtener ayudas en pandemia contra una empresa, Industrias Plásticas Playbol, que el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso vincula con los padres del presidente Pedro Sánchez.

En su denuncia, que afectaba a otras seis empresas presuntamente vinculadas a miembros del Gobierno Central, el PP de Madrid aludía a la obtención de ayudas del ICO "durante la pandemia y otros anteriores" por parte de la citada empresa plástica. 

Citaba informaciones periodísticas para asegurar que, según el Registro Mercantil Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios, padres del presidente, fundaron en 1977 la empresa Playbol SA.; y que el primero sigue figurando como administrador público de la compañía.

Según el documento presentado en Anticorrupción, entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021, esta empresa, recibió, "tal y como figura en el Registro del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, más de una decena de ayudas por parte de la Compañía Española de Refianzamiento, S.M.E, S.A, o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en forma de reafianzamiento o avales, por valor de 896.000 euros, lo que representa una "ayuda equivalente" a 64.959,82 euros.

SE PRETENDÍA UNA INVESTIGACIÓN INQUISITIVA

Tras analizar los contratos y las ayudas, Anticorrupción concluye que no existen pruebas que inicialmente permitan afirmar la existencia de "participación criminal alguna".

"La patente desconexión entre el procedimiento realmente seguido en las operaciones analizadas (...) y la hipótesis delictiva planteada por el denunciante, que se ha comprobado huérfana de la mínima base indiciaria, convierte en improcedente la práctica de cualquier otra actuación, que conduciría a esas diligencias por el terreno vedado de las investigaciones prospectivas, de corte inquisitivo", afirma en el decreto de archivo dado ha conocer este miércoles.

Díaz Ayuso acudió a Anticorrupción con doce contratos que considera "sospechosos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación" por valor de 326 millones y catorce ayudas en forma de avales por más de 800.000 euros. Los populares las relacionaban con personas cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que figuran el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño.

Menos en el caso de Plásticas Playbol, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el resto de contratos denunciados por el PP se siguen investigando.

Las indagaciones realizadas por Anticorrupcion respecto de la mercantil que Díaz Ayuso vinculaba a la familia de Sánchez califican de "operación mercantil habitual" la que permitió a Playbol vender en 2018 sus activos a Industrias Plásticas Playbol, manteniendo la venderora la propiedad de las naves en las que se desarrolla la actividad empresarial.

CONTROLES DEL ICO

También señala el decreto que los controles del ICO se produjeron en este caso con posterioridad a la concesión de las ayudas, "al margen del ámbito politico al que el denunciante pretende llevar estas operaciones". Además, apunta que "en todo caso, las eventuales situaciones de impago y consiguiente ejecución de los avales del ICO que pueden manifestarse en el futuro por el deterioro de la calidad crediticia carecen, en principio y por sí mismas, de relevancia penal".

Como conclusión, señala que la entidad cumplía con los requisitos para obtener las ayudas, que en este caso fueron concedidas directamente por instituciones financieras privadas "que decidieron sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos".

La denuncia presentada por Ayuso se refería a doce contratos ofertados por ministerios como el de Sanidad y Transportes y obtenidos por las empresas Soluciones de Gestión, FCS Select, Member of the Tribe, Weihai Textile, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital y a diversa ayudas como la obtenida por la fabricante de plásticos Playbol. El montante de lo adjudicado sería de 326 millones de euros en adjudicaciones y a ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros.

Es el caso de la empresa Beedigital, cuyo director de marketing es según señalan los populares el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Dicen que es ta firma "con anterioridad nunca había obtenido un contrato público", y que recibió contratos a pesar de que no estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social, algo que "ocultó" a la Administración, según la documentación aportada por el PP.

La denuncia recoge que "la adjudicación a la empresa Beedigital se realizó, aunque tenía entonces una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros". "En el presente caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la adjudicación o la oportunidad y necesidad del objeto del contrato, cabe plantearse si, en realidad, tal contrato no tenía como objetivo el rescate de la empresa Beedigital, que además de las deudas con la Seguridad Social, según informaciones publicadas, en el año 2019 tenía unas pérdidas de 6,4 millones de euros", expone también el escrito que se sigue investigando en Anticorrupción.