El contraataque de Ayuso por adjudicaciones en pandemia apunta al marido de Calviño y a los padres de Sánchez

Lejos de dar explicaciones sobre los contratos de urgencia durante las primeras semanas del confinamiento por covid que adjudicó la Comunidad de Madrid y que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado su vuelta a la Asamblea madrileña este jueves para defenderse atacando. Así, ha anunciado que es ahora al PP al que le corresponde hablar de adjudicaciones sospechosas y tan sólo unas horas después varios diputados de su grupo parlamentario han acudido a la Fiscalía Anticorrupción. Allí han presentado con una denuncia contra siete empresas que obtuvieron contratos de material para hacer frente a la pandemia o ayudas directas que los populares relacionan con personas cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que figuran el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño y los propios padres del presidente. 

La denuncia, que se extiende a lo largo de 20 páginas y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA afecta a 12 contratos ofertados por ministerios como el de Sanidad y Transportes y obtenidos por las empresas Soluciones de Gestión, FCS Select, Member of the Tribe, Weihai Textile, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital y a diversa ayudas como la obtenida por la fabricante de plásticos Playbol. El montante de lo adjudicado sería de 326 millones de euros en adjudicaciones y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros.

Los encargados de presentar la denuncia en la sede de la Fiscalía han sido el portavoz del grupo popular en la Asamblea Madrileña, Alfonso Serrano, junto con el portavoz adjunto, Pedro Muñoz, y el secretario general del grupo, Enrique Núñez, que piden la apertura de diligencias de investigación y el ejercicio "de cuantas acciones jurídicas en defensa de la legalidad y del interés público resultaren necesarias a fin de depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de los hechos puestos a su consideración".

INVESTIGACIÓN YA EN MARCHA

Anticorrupción ya tiene abiertas desde el pasado 22 de febrero unas diligencias a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid en relación con el contrato de Priviet Sportive al que la administración autonómica adjudicó por el procedimiento de emergencia la compra de mascarillas por algo más de 1,5 millones de euros en pleno inicio de la pandemia, en abril de 2020. En la ejecución de este contrato habría participado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. 

La propia Díaz Ayuso desveló que éste habría cobrado más de 55.000 euros de este contrato como contraprestación por su mediación comercial, si bien posteriormente la Comunidad admitió que la cantidad obtenida de esta empresa ascendió a 283.000 euros a través de cuatro pagos en todo 2020 que menos el inicialmente admitido por la presidenta se refieren a servicios sin vinculación con el contrato autonómico. Se trata de una cifra muy similar a la que difundió la dirección del PP encabezada por su presidente Pablo Casado y el ya dimitido Teodoro García Egea, dando origen a un conflicto interno en el partido que puso fin a la 'era Casado'.

"DESPILFARRO Y AMIGUISMO", SEGÚN EL PP

Según señala el PP en su denuncia, "la situación de emergencia sanitaria no puede justificar toda restricción de la competencia, cualquier contrato y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo".

Así, a lo largo del escrito el PP alude a informaciones de varios medios de comunicación y desarrolla el objeto de un total de 12 adjudicaciones en las que "el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública y que son obligatorios de acuerdo a la ley y el criterio del Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas".

Entre los requisitos ignorados estarían, según los denunciantes, falta de solvencia del contratista o su inadecuación de la actividad social al objeto del contrato, "lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración, especialmente por un precio desorbitado e injustificado o por el no suministro de los bienes objeto del contrato".

VINCULACIONES FAMILIARES

Pese a las alusiones por parte de la propia Díaz Ayuso al daño que las denuncias de la oposición sobre los contratos de mascarillas se estaba haciendo daño a su familia, la denuncia de su grupo parlamentario también apunta a familiares directos de miembros del gobierno.

Es el caso de la empresa Beedigital, cuyo director de marketing es según señalan los populares el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Dicen que es ta firma "con anterioridad nunca había obtenido un contrato público", y que recibió contratos a pesar de que no estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social, algo que "ocultó" a la Administración, según ha explicado Serrano a las puertas de la Fiscalía. "Una empresa con deudas no puede estar contratada por el Estado", ha añadido según informa Europa Press.

La denuncia recoge que "la adjudicación a la empresa Beedigital se realizó, aunque tenía entonces una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros". "En el presente caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la adjudicación o la oportunidad y necesidad del objeto del contrato, cabe plantearse si, en realidad, tal contrato no tenía como objetivo el rescate de la empresa Beedigital, que además de las deudas con la Seguridad Social, según informaciones publicadas, en el año 2019 tenía unas pérdidas de 6,4 millones de euros", expone el escrito.

En cuanto a los padres de Pedro Sánchez, Serrano ha aludido a un posible tráfico de influencias por las ayudas recibidas por Industrias Plásticas Playbol por parte del ICO "durante la pandemia y otros anteriores". La denuncia afirma, citando informaciones periodísticas, que según el Registro Mercantil Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios, padres del presidente, fundaron en 1977 la empresa Playbol SA. y que el primero sigue figurando como administrador público de la compañía.

Según el documento presentado en Anticorrupción, entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021, esta empresa, recibió, "tal y como figura en el Registro del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, 14 ayudas por parte de la Compañía Española de Refianzamiento, S.M.E, S.A, o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en forma de reafianzamiento o avales, por valor de 896.000 euros, lo que representa una "ayuda equivalente" a 64.959,82 euros.

La denuncia expone otro caso de un contrato sospechoso vinculado al exministro José Luis Ábalos de una empresa con sede en Zaragoza que, según Serrano, "pasó de facturar 0 millones de euros a 53 millones gracias a los contratos del ministerio de Fomento y otros organismos".