FISCALÍA

Anticorrupción ya ha interrogado al hermano de Ayuso por el contrato de las mascarillas de la Comunidad

  • El empresario habría defendido la legalidad del contrato, mientras su socio, Daniel Alcázar, ha declarado ante la Fiscalía Europea

Anticorrupción ya ha interrogado al hermano de Ayuso por el contrato de las mascarillas de la Comunidad
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Las diligencias de investigación que retuvo la Fiscalía Anticorrupción en relación con el contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en plena pandemia, y del que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, continúan su tramitación y en este marco Tomás Díaz Ayuso ya ha sido interrogado, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado este diario en fuentes de la Comunidad de Madrid.

El instructor de las diligencias, que es el jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, le interrogó el pasado 6 de abril por la licitación del contrato por 1,5 millones de euros concedido a la empresa del que es propiedad Daniel Alcázar, amigo de la familia Ayuso. Éste, además, también ha debido dar explicaciones pero en su caso a la Fiscalía Europea, que investiga un presunto uso incorrecto de fondos europeos en este asunto. 

Según el mismo diario, el hermano de Isabel Díaz Ayuso habría defendido la legalidad del contrato en el que participó y a través del cual percibió 55.850 euros más IVA por sus gestiones para la adquisición de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 en China. También habría negado que su hermana hubiera tenido participación alguna en la adjudicación a Priviet Sportive ni tuviera conocimiento de su acuerdo comercial con la adjudicataria.

Hasta ahora había trascendido que la Fiscalía Anticorrupción no aprecia indicios de malversación ni de fraude a la Hacienda europea ni de cohecho en el contrato de Priviet Sportive, pero sí apunta a tráfico de influencias y falsedad.

 El asunto se investiga en paralelo en ambas fiscalías, Anticorrupción y la Europea -creada hace menos de un año- tras un intenso enfrentamiento en el que finalmente se impuso el criterio de Luzón para no perder toda la causa en favor de la institución dependiente de la UE. La decisión fue de la la fiscal general, Dolores Delgado, ha contó para ello con el respaldo unánime de los 32 fiscales que con ella forman la Junta de Fiscales de Sala. 

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