CONTRATOS EN PANDEMIA

Anticorrupción no ve delito en Ayuso y cierra su investigación sobre el contrato de mascarillas de su hermano

  • No ve tráfico de influencias ni falsedad y cierra sus actuaciones "en escrupuloso respeto del marco competencial de la Fiscalía Europea", que sigue investigando si se defraudaron fondos UE.

Anticorrupción no ve delito en Ayuso y cierra su investigación sobre el contrato de mascarillas de su hermano
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La Fiscalía Anticorrpción no ve tráfico de influencias ni falsedad en la actuación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecto del contrato de Priviet Sportive al que la administración autonómica adjudicó por el procedimiento de emergencia la adquisición de mascarillas en pleno inicio de la pandemia, en abril de 2020, y en el que habría participado su hermano Tomás.

Por ello archiva las diligencias que abrió el pasado 22 de febrero, sin perjuicio de la investigación que realiza la Fiscalía Europea por posible fraude con fondos de la UE.

Según el decreto de archivo hecho público este jueves, y que firma el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, respecto de la presidenta madrileña cabe concluir que nunca intervino en el procedimiento, "habida cuenta de que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación en la Comunidad de Madrid".  Además, al tratarse de un contrato de emergencia, la actuación de este órgano quedó limitada a "la recepción de la información contractual por parte de la Consejería a la que pertenece el órgano de contratación".  

La investigación practicada, señala, "permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas a la mercantil Priviet Sportive S.L. respecto de Isabel Díaz Ayuso". Se trataba de una compra de 250.000 unidades FFP2-3 por un precio unitario de 5 euros más IVA y un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil con la que trabajaba su hermano, que según reconoció la propia presidenta cobró 55.000 euros por participar en la operación.

La hipótesis delictiva planteada por los grupos políticos en la oposición (PSOE, Unidad Podemos y Más Madrid) que fueron los denunciantes, se fundamentaba según dice Anticorrupción, en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo ni de la responsabilidad en el mismo de la presidenta. "La investigación desarrollada en estas diligencias no ha confirmado la referida hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella", añade Luzón.

Sobre el posible tráfico de influencias dice expresamente que en la declaración de los testigos permite concluir que no hay indicios de que la presidenta de la Comunidad de Madrid recibiera "indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación o por la empresa Priviet

EL HERMANO SIGUE INVESTIGADO EN EUROPA

Así, y a la vista de la "ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales" de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad, se archivan las actuaciones también contra Tomás Díaz Ayuso y el socio de éste y dueño de la mercantil, Daniel Alcázar. 

Se trataba de los delitos que habían quedado bajo investigación en España tras el encontronazo con la Fiscalía Europea, que le reclamó todo el asunto. Ello obligó a celebrar una inédita Junta de Fiscales de Sala que respaldó la decisión de la fiscal general, Dolores Delgado, para que se realizara un análisis en paralelo en ambos departamentos.

 La decisión de Delgado contó contado con el respaldo unánime de los 32 fiscales que con ella forman la Junta de Fiscales de Sala. En el decreto que siguió a dicho cónclave se explicaba que los bienes jurídicos protegidos por ambas fiscalías están diferenciados y la investigación de Anticorrupción "no se encuentra indisociablemente vinculada con los delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y cohecho asumidos por la Fiscalía Europea" cuando abrió la suya propia.

Por ello, en su decreto de archivo Luzón se ve obligado a puntualizar que el archivo, en todo caso, no realiza "pronunciamiento alguno" en lo concerniente a los posibles delitos de malversación, fraude a los intereses financieros de la Unión Europea y cohecho, en escrupuloso respeto del marco competencia de la Fiscalía Europea, según quedó establecido en el Decreto de la Fiscal General del Estado de 28 de marzo de 2022.

Sobre Tomás Díaz Ayuso, el decreto de archivo dice expresamente que la investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que llevara a cabo actuaciones, diligencias o gestiones ante el SERMAS o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa Priviet, "ni siquiera que aportara a esta empresa algún contacto con funcionarios públicos que, por otra parte (...), no era en absoluto necesario para presentar la oferta", según la normativa vigente.

COMISIÓN TRANSPARENTE

Por lo que se refiere a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento seguido debe calificarse de transparente a juicio de Anticorrupción. Así, señala que Priviet le tranfirió la cantidad señalada como comisión a su cuenta y ambos cumplieron con sus correspondientes obligaciones tributarias. No existe tampoco norma que prohibiera la celebración de contratos entre Priviet y la Comunidad de Madrid.

Concluye que durante su declaración, el hermano de la presidenta dio una "explicación coherente", que fundamentó con documentos y se vio corroborada por otros testigos. "Este relato no queda ensombrecido por las hipótesis planteadas por los denunciantes que, tras la práctica de las diligencias reseñadas, no han superado el umbral de las meras sospechas o conjeturas que no permiten avanzar, siquiera sea provisionalmente, en una tesis inculpatoria", puntualiza.

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