El caso Ayuso enfrenta a la Fiscalía Europea con Anticorrupción

El contrato de Priviet Sportive por el que la Comunidad de Madrid adjudicó la compra de mascarillas en pleno estallido de la pandemia y en que habría participado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, ha abierto un conflicto de competencia entre la Fiscalía Anticorrupción y la recién creada Fiscalía Europea, cuyo objetivo es investigar posibles desvíos de fondos comunitarios. 

El asunto se analizará este lunes en una Junta de Fiscales de Sala que aborda un tema trascendente: hasta donde ceder jurisdicción propia por delitos de corrupción por conexión con la que afecta a los intereses presupuestarios europeos.

La Fiscalía Europea ha reclamado a Anticorrupción la investigación abierta por el contrato por 1,5 millones de euros adjudicado a Priviet Sportive, propiedad de un amigo de la familia ayuso, según ha adelantado el diario El Mundo, porque las mascarillas se pagaron con dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por un posible delito de malversación de fondos públicos.

En concreto, la representante de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, remitió al jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón una petición de avocación de diligencias, que de haberse aceptado supondría que la Fiscalía española perdería este asunto en favor de la europea. Los fiscales europeos, al contrario de los españoles, sí instruyen los procedimientos y únicamente acuden al juez para dirimir cuestiones relativas a derechos fundamentales, y en este caso de ver malversación el asunto acabaría siendo igualmente enjuiciado en la Audiencia Nacional.

Fuentes de Anticorrupción señalan a El PERIÓDICO DE ESPAÑA que la Fiscalía Europea puede abrir los procedimientos que considere, pero debe ser por delitos relacionados con desvío de fondos europeos. El problema en este asunto es que Sabadell ha reclamado para sí también los presuntos delitos conexos que afectan a la Administración pública por la intervención de funcionarios -- tráfico de influencias, prevaricación o negaciones prohibidas a funcionarios -- y este extremo es el que es rechazado por Luzón.

NO HAY INDICIOS DE MALVERSACIÓN

Las mismas fuentes apuntan a que además en este asunto no existen 'a priori' indicios de malversación de fondos públicos porque las mascarillas fueron pagadas y se entregaron efectivamente en el Pabellón 10 de IFEMA.

El rechazo de Luzón de apartarse en favor de Europa crea un conflicto de competencia inédito -la Fiscalía Europea funciona desde junio pasado-, y obliga a la fiscal general, Dolores Delgado, a convocar una Junta de Fiscales de Sala que se celebrará el próximo lunes. Tras escuchar a este órgano consultivo, Delgado deberá adoptar una decisión sobre cuál es la Fiscalía competente.

Esta Junta, entre cuyas funciones está la de establecer criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la preside Delgado y de ella forman parte, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde y los fiscales de Sala (la más alta categoría en la carrera), entre los que se encuentra el propio Luzón. 

La resolución que adoptará será de gran trascendencia, pues visto que la Fiscalía europea no lleva operando ni un año y es importante analizar sus límites en las investigaciones de Anticorrupción en nuestro país. El tema de fondo es el de establecer hasta qué punto una Fiscalía nacional, de cualquier país, puede ceder jurisdicción propia por delitos de corrupción por conexion con la que afecta a los intereses presupuestarios europeos.

POR EL MOMENTO, EN EUROPA

Desde la Fiscalía Europea se señala a este diario que, por el momento, la Fiscalía europea ha asumido la competencia de la investigación vinculada al contrato de suministro de mascarillas.

Frente a esta decisón se planteó por Luzón la cuestión de competencia que según estas fuentes fue resuelta por Delgado y notificada al organismo europeo el pasado miércoles, si bien se tuvo que dejarse sin efecto al día siguiente por no haber sido convocada con carácter previo la Junta de Fiscales de Sala. Entre tanto la Fiscalía mantiene su competencia.

Desde la Fiscalía Europea ya se investigan asuntos relacionados con la presunta corrupción de fondos Europeos en España, como es el 'caso Aquamed', que analiza La la presunta adjudicación fraudulenta, por parte de esta empresa estatal dependiente del Ministerio de Agricultura, de obras a una decena de empresas. Según informó el pasado mes de octubre Elplural.com desde el Ministerio Público europeo se pidió al magistrado Manuel García-Castellón, actual instructor de la causa, la copia de la querella, así como diversa información sobre el asunto.

Anticorrupción abrió diligencias sobre el contrato de Priviet Sportive el pasado 22 de febrero a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid. En el decreto de apertura, Luzón señalaba una "falta de concreción" en las denuncias, pese a lo cual estima que "resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados".

La propia Díaz Ayuso desveló que su hermano Tomás habría cobrado más de 55.000 euros de este contrato como contraprestación por su mediación comercial, si bien posteriormente la Comunidad admitió que la cantidad obtenida de esta empresa ascendió a 283.000 euros a través de cuatro pagos en todo 2020 que menos el inicialmente admitido por la presidenta se refieren a servicios sin vinculación con el contrato autonómico. Se trata de una cifra muy similar a la que difundió la dirección del PP encabezada por su presidente Pablo Casado y el ya dimitido Teodoro García Egea, dando origen a un conflicto interno en el partido que puso fin a la 'era Casado'.

Unos días después, el pasado 10 de marzo, Ayuso contraatacó también ante la Fiscalía Anticorrupción con una denuncia contra siete empresas que obtuvieron contratos de material para hacer frente a la pandemia o ayudas directas que los populares relacionan con personas cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que figuran el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño y los propios padres del presidente. Estas denuncias siguen siendo analizadas por el fiscal jefe, lo que derivará previsiblemente en una investigación formal de estos contratos.

Desde el entorno de lsabel Díaz Ayuso quitan hierro a la petición de la Fiscalía Europea y apuntan que en todo caso no secuestiona la legalidad del contrato, que recuerdan cuenta con el respaldo de la Cámara de Cuentas autonómica. Dicha reclamación puede obedecer, según su análisis, a que las diligencias abiertas por la fiscalía española se aboquen a un rápido archivo de todo el asunto, por lo que el movimento de Sabadell trataría de alargar el asunto.