Anticorrupción también investigará la denuncia de Ayuso por los contratos del Gobierno en pandemia

La Fiscalía Anticorrupción sigue sumando diligencias en torno a las adjudicaciones públicas realizadas en lo peor del confinamiento por la pandemia. Fuentes fiscales confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que este departamento ultima el decreto por el que también abrirá formalmente una investigación sobre los contratos para obtener material sanitario y ayudas que obtuvieron siete empresas denunciadas hace una semana por el PP de Madrid, que las considera "sospechosas" por su relación con personas cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas pesquisas se sumarán a las que se incoaron a finales del pasado mes de febrero tras las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid, y que siguen abiertas. Esta investigación se centra en el contrato con la empresa Priviet Sportive al que la administración autonómica madrileña adjudicó por el procedimiento de emergencia la compra de mascarillas por algo más de 1,5 millones de euros en pleno inicio de la pandemia, en abril de 2020. En la ejecución de este contrato habría participado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta. 

La denuncia de Díaz Ayuso fue interpretada en el ámbito político como un contraataque, una respuesta a la iniciativa de la oposición ante la Fiscalía, aunque según las fuentes consultadas dará lugar igualmente al inicio formal de una investigación con independencia de los resultados que puedan obtenerse. En el texto de la denuncia se incluyeron contratos firmados con personas cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez, entre los que figuran el marido de la vicepresidenta Nadia Calviño y los propios padres del presidente. 

DOCE CONTRATOS

El documento incluye información sobre doce contratos concretos ofertados por ministerios como el de Sanidad y Transportes y obtenidos por las empresas Soluciones de Gestión, FCS Select, Member of the Tribe, Weihai Textile, Hyperin Grupo Empresarial, Beedigital y a diversa ayudas como la obtenida por la fabricante de plásticos Playbol. El montante de lo adjudicado sería de 326 millones de euros en adjudicaciones y a 14 ayudas en forma de avales por un valor superior a los 800.000 euros.

Sobre los motivos de esta denuncia, el PP apunta en su escrito a que "la situación de emergencia sanitaria no puede justificar toda restricción de la competencia, cualquier contrato y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo".

Así, y basándose en informaciones publicadas en varios medios de comunicación, denuncian ante Fiscalía que en esas doce adjudicaciones "el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública y que son obligatorios de acuerdo a la ley y el criterio del Consejo de estado y el Tribunal de Cuentas".

FALTA DE SOLVENCIA

Entre los requisitos ignorados estarían, según los denunciantes, falta de solvencia del contratista o su inadecuación de la actividad social al objeto del contrato, "lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración, especialmente por un precio desorbitado e injustificado o por el no suministro de los bienes objeto del contrato".

Una de las denuncias por vinculaciones con miembros destacados del Gobierno afecta a la empresa Beedigital, cuyo director de marketing es según señalan los populares el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. 

En el momento de efectuar su denuncia el pasado 10 de marzo, el portavoz del grupo popular en la Asamblea Madrileña, Alfonso Serrano, señaló que "con anterioridad nunca había obtenido un contrato público", y que recibió contratos a pesar de que no estaba al corriente de los pagos a la Seguridad Social, algo que "ocultó" a la Administración, según ha explicado Serrano a las puertas de la Fiscalía. A juicio del PP, la irregularidad se encuentra en que una empresa con deudas no puede estar contratada por el Estado.

La denuncia recoge que "la adjudicación a la empresa Beedigital se realizó, aunque tenía entonces una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros". "En el presente caso, teniendo en cuenta las circunstancias de la adjudicación o la oportunidad y necesidad del objeto del contrato, cabe plantearse si, en realidad, tal contrato no tenía como objetivo el rescate de la empresa Beedigital, que además de las deudas con la Seguridad Social, según informaciones publicadas, en el año 2019 tenía unas pérdidas de 6,4 millones de euros", expone el escrito.

En cuanto a los padres de Pedro Sánchez, Serrano aludió a las puertas de Anticorrupción a un posible tráfico de influencias por las ayudas recibidas por Industrias Plásticas Playbol por parte del ICO "durante la pandemia y otros anteriores". La denuncia afirma, citando informaciones de okdiario, que según el Registro Mercantil Pedro Sánchez Fernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios, padres del presidente, fundaron en 1977 la empresa Playbol SA.; y que el primero sigue figurando como administrador público de la compañía.

Según el documento presentado en Anticorrupción, entre el 18 de febrero del 2020 y el 25 de mayo de 2021, esta empresa, recibió, "tal y como figura en el Registro del Sistema Nacional de Subvenciones y Ayudas Públicas, 14 ayudas por parte de la Compañía Española de Refianzamiento, S.M.E, S.A, o del Instituto de Crédito Oficial (ICO), en forma de reafianzamiento o avales, por valor de 896.000 euros, lo que representa una "ayuda equivalente" a 64.959,82 euros.