El PSOE denuncia en Fiscalía "graves delitos de corrupción" en el contrato que salpica al hermano de Ayuso

Pilar Sánchez y Jesús Celada, portavoces adjuntos del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, han solicitado este viernes a la

Fiscalía Anticorrupción

la apertura de diligencias de investigación sobre el contrato denominado 'Material de protección, mascarillas para el pabellón 10 de IFEMA', adjudicado en abril de 2020 por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportive S.L., "una empresa sin experiencia en el sector sanitario" por importe total de 1.512.500 euros.

Añaden que se trata de aclarar si esta adjudicación obedeció a la relación de amistad entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su hermano Tomás, con los responsables de la misma y si hubo cobro de comisión por parte de éste último. Han presentado iniciativas similares ante Anticorrupción Más Madrid y Unidas Podemos.

En el escrito del PSOE al que ha tenido acceso El PERIÓDICO DE ESPAÑA, y que consta de diez páginas de denuncia y otras tantas con documentos relacionados, se pide expresamente aclarar respecto de Tomás Díaz Ayuso en qué consistió su intermediación. Según fuentes de la propia Génova, dicha comisión ascendería a 283.000 euros.

Según exponen los socialistas madrileños en el escrito, "contando únicamente con las informaciones de los medios de comunicación, no es posible conocer la veracidad y alcance de los hechos, siendo ineludible, para descartar la posible comisión de hechos delictivos, la instrucción de una investigación" por parte de la Fiscalía, "descartando, en su caso, o constatando hechos que pudieran ser objeto de reproche penal".

Añaden que "resulta evidente" que los controles preventivos no parece que hayan funcionado en este caso "ante una supuesta intermediación, retribuida, y directa de un familiar, precisamente, de la Presidenta del Consejo de Gobierno y de la Administración que adjudica el mismo, en claro conflicto de intereses personales", lo que lleva a la consideración de fuertes indicios de la posible comisión de "graves delitos de corrupción en las contrataciones antes relatadas".

La denuncia comienza señalando a la situación de "contratación excepcional y de emergencia" debido a la situación creada por la pandemia de covid y señala en su escrito los datos concretos del contrato, que fue ejecutado el 1 de abril de 2020 por resolución de la viceconsejera de Asistencia Sanitaria Ana Dávila-Ponce de León, declarando de emergencia la tramitación de este expediente.

Empresa textil y de explotación ganadera

A continuación, expone la información de que dispone sobre este asunto en un total de 9 puntos en los que destaca que

S.L., conforme a lo inscrito en el Registro Mercantil, tiene por objeto social la "confección la fabricación y venta al por mayor y al por menor de artículos para el vestido y el tocado de caballero y señora", si bien en 2017

se amplió para la "explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética, de fincas rústicas, por cultivo directo, aparcería y arrendamiento". Es decir, nada tiene que ver con los suministros sanitarios.

Así, el PSOE considera que la "explicación de la rápida reconversión empresarial" de esta empresa puede guardar relación "con la muy estrecha relación personal de su propietario, el empresario Daniel Alcázar Velasco", con la presidenta regional y su hermano, de los que es amigo íntimo desde la infancia.

La denuncia añade que la propia presidenta madrileña reconoció este jueves durante su comparecencia pública que su hermano Tomás cobró una comisión por intermediación en la consecución de dicho contrato. Concretamente, afirmó: "Pregunté a mi hermano quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente legal. Que todo está regulado ante Hacienda y declarado

.

Otro indicio de posibles delitos lo encuentra el PSOE de Madrid en el propio currículum de Tomás Díaz Ayuso, que según su hermana "lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años". Según su perfil de

, presume de que entre 2001 y 2004 fue gerente de ventas en

, entre 2008 y 2011 fue gerente de Desarrollo de negocios en

y de 2012 a 2014, director Comercial & Marketing en

Science.

OTROS CONTRATOS PARA EL HERMANO

Pero, es más, Tomás Díaz Ayuso es gerente de desarrollo de proyectos Artesolar Iluminación LED, una empresa con sede en

(Toledo), centrada en luces LED que en ámbito sanitario, también en esta situación excepcional a consecuencia del covid, ha logrado según esta denuncia "una abultada facturación con el Gobierno presidido por su hermana, mediante diez contratos menores en seis meses por valor de 70.500 euros, e igualmente sin concurso ni publicidad, destinados a los hospitales de la Comunidad de Madrid".

Añade que "tal credibilidad dio, al parecer, el Partido Popular a la creencia de la existencia de estas comisiones, que, según declaraciones de un responsable de una Agencia de detectives (Mira), Julio Gutiez, este le quería encargar realizar una investigación ante la Agencia Tributaria o en “cajas” de seguridad de alguna entidad financiera en su búsqueda".

Por todo ello, concluyen los diputados firmantes que deben abrirse "diligencias preliminares de investigación"

y practicarse "cuantas resultaren necesarias para el esclarecimiento de los hechos, ejerciéndose cuantas acciones jurídicas en defensa de la legalidad y del interés público resultaren necesarias" a fin depurar responsabilidades penales.

Para el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, "cuanto más escuchamos a Díaz Ayuso y a Pablo Casado más dudas tenemos", como el hecho de que no haya preguntado a su hermano por la comisión, "cuando lo que queremos saber es precisamente eso". También ha dejado un recado al presidente del PP: "debería estar aquí con nosotros, debería haber venido hace seis meses y aportar la información de que disponía".

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario Más Madrid en la Asamblea madrileña, Mónica García, ha presentado un escrito de cuatro páginas también ante Anticorrupción en los que señala, entre otros, la posible comisión de delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Mensajes anónimos

En su escrito reproduce once mensajes vía SMS, cuyo emisor Más Madrid no identifica, en los que se advertía de "un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso" por parte de alguien que no sabía "cómo denunciarlo" a la Fiscalía y que no quería exponerse personalmente.

En dichos mensajes se advertía de la concesión del contrato a la sociedad de Alcázar, "una empresa de calzado y confección que cambió su CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) días antes" y que cuando ingresó los pagos "hizo transferpor valor de 300.000€ a Tomas Diaz Ayuso". El concepto de dichas transferencias sería según el denunciante "intermediación Comunidad de Madrid".

El informante también adelantaba sus conclusiones: “Pero si la intermediación ya sería delictiva, pagar un 25 % del importe de un contrato significa que Alcazar es un testaferro de Tomás Ayuso". Concluye con un encargo: "En vuestra mano está que no quede impune".

Añade la denuncia que estos mensajes fueron examinados por el responsable jurídico de Más Madrid pero no se decidió ir a Fiscalía por su carácter anónimo y por considerar la información algo laxa, si bien se trasladó a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid. Se añaden otras iniciativas parlamentarias que Más Madrid adoptó al respecto.

Según ha manifestado Mónica García a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción, se trata de un "flagrante caso de corrupción institucional" que se topó con un "muro de opacidad" cuando trataron de pedir explicaciones en el parlamento madrileño.

Alto precio de las mascarillas

Finalmente Podemos también ha presentado un escrito encabezado por la portavoz regional Carolina Alonso en el que se señala que el precio unitario de las mascarillas adquiridas por la empresa adjudicataria fue superior a los 6 euros lo que "está muy por encima, incluso de los precios del mercado minorista". En el escrito se señalan hasta tres posibles delitos de corrupción cometidos por funcionario público.

Según Alonso, la investigación debería aclarar en concepto de qué cobro Tomas Díez Ayuso una comisión que, por su cuantía, "es mayor que el beneficio empresarial" obtenido por la adjudicataria.