TRIBUNALES

La Audiencia Nacional designa un juez de garantías para la investigación por la Fiscalía Europea del contrato de Ayuso

El organismo europeo investiga si hay desvío de fondos, pero se precisa un magistrado que autorice diligencias que afecten a derechos fundamentales, como son registros o medidas cautelares personales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene este domingo en la explotación Agropecuaria El Espino.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene este domingo en la explotación Agropecuaria El Espino. / EUROPA PRESS

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La investigación del contrato de Priviet Sportive para la compra de mascarillas que salpica a Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta madrileña, ha llegado a la Audiencia Nacional de la mano de la Fiscalía Europea. Al contrario de lo que ocurre en nuestro país, donde son los jueces los que realizan las investigaciones penales, los fiscales europeos sí instruyen, pero necesitan un juez de garantías que vigile algunas de sus actuaciones, y ese papel le ha tocado a Alejandro Abascal, el Central de Instrucción número 1.

La noticia, que ha adelantado el digital La Información, ha sido confirmada a El PERIÓDICO DE ESPAÑA por fuentes jurídicas que precisan que dicha designación le corresponde a Abascal por reparto y se ha llevado a cabo una vez se ha conocido el decreto de la fiscal general, Dolores Delgado, que permite una investigación en paralelo de este asunto tanto por el organismo europeo -en lo relativo a posible desvío de dinero de la UE- como por la Fiscalía Anticorrupción, que indaga sobre posibles delitos cometidos por la Administración autonómica en este asunto.

Las funciones del juez de garantías se regulan en el artículo 8 de una Ley aprobada el pasado mes de junio, la 9/2021 que aplica un reglamento de la UE por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. 

Según dicho artículo, al juez de garantías asignado a una investigación de la Fiscalía europea le corresponde autorizar las diligencias de investigación restrictivas de derechos fundamentales, como puede ser un registro; además de acordar medidas cautelares respecto de los investigados. 

ÚLTIMA PALABRA PARA JUZGAR O ARCHIVAR

También le corresponde al juez de garantías decidir si se declara el secreto de la investigación y su prórroga y un paso fundamental, como es el de la apertura del juicio oral o disponer el sobreseimiento una vez los fiscales europeos den por concluidas sus pesquisas.

Su labor de garante de la investigación -muy similar al que se planea adoptar si finalmente se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que los fiscales españoles instruyan las causas penales-, pasa también por resolver las impugnaciones contra los decretos del Fiscal europeo delegado a modo de "juez de apelación", según las fuentes consultadas.

La designación de este juez de garantías -si el asunto llega a juicio será ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, salvo que haya aforados ante el Supremo- deriva de la decisión adoptada ayer por Dolores Delgado que origina una investigación en paralelo del contrato de Priviet Sportive para la compra de mascarillas en plena pandemia. 

Según esta decisión, la representante en España de la Fiscalía Europea investigará delitos como posible malversación o cohecho con fondos europeos; mientras que el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón retiene la investigación de otras conductas que apuntan a un presunto comportamiento irregular que la Administración autonómica, como pueden ser el tráfico de influencias y la falsedad.

De este modo, la Fiscalía española hizo oidos sordos a la sugerencia que le hizo la Fiscalía europea para que Delgado considerara la opción de elevar este asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ante el conflicto de competencias surgido con la Fiscalía Anticorrupción española. 

Se mezclan por lo tanto dos distintas formas de trabajar. La investigación de Anticorrupción es preprocesal -es decir, todavía se desconoce si encontrará indicios suficientes para llevarla ante un juez-, mientas que la abierta por la fiscal Sabadell en Luxemburgo ya tiene carácter penal para determinar si existe malversación de fondos europeos. 

Anticorrupción abrió diligencias sobre el contrato de Priviet Sportive el pasado 22 de febrero a raíz de las denuncias presentadas por el PSOE, Más Madrid y Podemos en Madrid. La propia Isabel Díaz Ayuso desveló entonces que su hermano Tomás había cobrado algo más de 55.000 euros de este contrato -por 1,5 millones de euros- como contraprestación por su mediación comercial.

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