JUSTICIA

Llop no renuncia a su propio proyecto para que los fiscales investiguen

El Gobierno ha pedido al CGPJ tener listo su informe sobre la LECrim en los próximos meses y trabaja en una comisión interdisciplinar para mejorar el proyecto de Campo, que fue duramente criticado por el Consejo Fiscal

Pilar Llop y Carlos Lesmes, en una foto de archivo.

Pilar Llop y Carlos Lesmes, en una foto de archivo. / EP

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La ministra de Justicia, Pilar Llop, no renuncia a presentar su propio proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y ya ha comunicado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su interés para que tenga listo su dictamen sobre este asunto en los próximos meses, según fuentes parlamentarias y del órgano de gobierno de los jueces consultadas por El PERIÓDICO DE ESPAÑA. 

Se trataría de impulsar este asunto, cuyo objetivo es atribuir a los fiscales la investigación de las causas penales, actualmente competencia de los jueces de instrucción- con base en el proyecto en el que trabaja una comisión interdisciplinar organizada por su departamento y que trata de corregir diversos aspectos del texto presentado en noviembre de 2020 por su predecesor, Juan Carlos Campo, que pese a ser aprobado por el Consejo de Ministros aún no ha podido iniciar su andadura parlamentaria.

La Ley que rige actualmente cómo se regulan las investigaciones y los juicios en España data de 1882 y tiene un autor ilustre y con céntrica plaza en la capital, Manuel Alonso Martínez. Aunque ha tenido innumerables reformas desde entonces, la norma vigente sitúa a nuestro país en una excepción en materia procesal respecto a todas las naciones de nuestro entorno, al mantener la investigación penal en manos de un juez instructor en vez de ser los fiscales los que impulsen directamente las pesquisas.

Esta situación excepcional ha intentado ser revisada casi desde el inicio de la democracia, y han sido varios los intentos de casi todos los gobiernos por impulsar una nueva ley dirigida básicamente a cambiar el paradigma y atribuir las investigaciones penales a los fiscales, sin que ninguna de ellas haya tenido éxito hasta el momento. Las más recientes han sido las del ministro socialista Francisco Caamaño en 2011, que llegó a presentarse a las Cortes, si bien decayó al concluir la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, y a la que siguió un proyecto de Alberto Ruiz-Gallardón que nunca pudo llegar a someterse al análisis de los grupos parlamentarios.

El interés de Llop ha causado sorpresa en sus socios parlamentarios tanto del Congreso como del Senado durante la ronda que la ministra realizó hace unos días para exponer su agenda para lo que queda de legislatura, ya que en un principio el hecho de que el proyecto de Campo se sometiera de nuevo a la revisión de una comisión dentro del Ministerio de Justicia se interpretó como si ello supusiera meterlo en un cajón. 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una imagen de archivo.

/ EUROPA PRESS

Justicia pisa el acelerador

Algo parecido pasó en el CGPJ, puesto que Llop habría trasladado a este órgano nada más tras tomar posesión su interés en que se diera prioridad a otros análisis, como son los de las tres leyes de eficiencia de la Justicia, la Ley de Vivienda o la Ley Concursal.

No obstante, las cosas parecen haber cambiado en las últimas semanas, y a las manifestaciones realizadas por la ministra a los miembros de las comisiones de Justicia en el Parlamento se une un requerimiento al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que éste acelere la aprobación de su informe, en el que trabajan hasta siete vocales de este órgano. No obstante, el texto del que informará el CGPJ es el que aprobó el Consejo de Ministros siendo Campo titular de Justicia, y no en el que trabaja ahora el departamento liderado por Llop, que será bastante diferente. 

En todo caso, fuentes parlamentarias consultadas por este diario señalan que el interés de Llop parece más bien pasar por llegar a presentar en las Cortes su propio proyecto, diferente del de Campo, aunque este termine decayendo. Se trata de un texto de tal calado, y que preconiza un cambio tan importante en las investigaciones penales en nuestro país, que para poder tramitarse y llegar a ser aprobado a tiempo debería haberse presentado al inicio de la legislatura, y no cuando quedan menos de dos años -si ésta llega a agotarse- para la disolución de las Cortes.

La razón de someter el proyecto a una nueva comisión de expertos hay que buscarla, según las fuentes gubernamentales consultadas por este diario, en el duro informe presentado el pasado mes de julio contra el texto de Campo por parte del Consejo Fiscal, es decir, por el órgano consultivo de los profesionales a los que más directamente se dirige la reforma porque serían los que asuman la instrucción penal, dejando a los jueces el papel de garantes de los derechos fundamentales de los investigados. 

El papel dado a los jueces por el texto de Campo resulta excesivo para los miembros del Ministerio Público, y la propia fiscal general, Dolores Delgado, señaló al presentar su dictamen que en el texto de Campo se sigue manteniendo al juez como un "tutor de la investigación" con funciones "exorbitantes".

Estos "peros" de los fiscales constituyen una de las razones esgrimidas por Llop para crear una nueva comisión de carácter interdisciplinar para dar una "vuelta" a la norma, un grupo de trabajo que según las fuentes ministeriales consultadas, lejos de suponer un cerrojazo al proyecto, está trabajando durante los últimos meses "a toda máquina" para tener un texto a punto. La segunda razón, dar voz a todos los sectores a los que afectará la nueva ley (jueces, fiscales, abogados, procuradores etc.), en contraposición con el grupo más cerrado y menos interdisciplinar que trabajó en el texto de Campo.

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