Otra vuelta de tuerca a la Ley de Enjuiciamiento Criminal

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es una de nuestras leyes básicas en democracia porque articula el sistema de persecución de los delitos, lo que influye de forma decisiva en el disfrute de nuestra paz social. Determina cómo, cuándo, en qué tiempos y de qué forma se podrán perseguir las acciones que nuestra sociedad considera más graves.

Esta ley, para entendernos, es como las vías del tren por las que circula nuestro Código penal.

Por eso, tiene que ser una ley ágil, segura, firme y capaz de llevar a nuestra sociedad a una estación certera, a un destino que garantice procesos judiciales equitativos en los que ninguna persona inocente sea condenada, se procure la persecución de los delitos y en lo posible el resarcimiento y la satisfacción de las víctimas.

A diferencia de otros sistemas europeos el sistema vigente en España establece que las mismas juezas y jueces que investigan el delito puedan adoptar medidas que afecten a los derechos fundamentales de las personas investigadas -como las intervenciones telefónicas, entradas y registros domiciliarios…- y pueden incluso adoptar medidas cautelares personales contra ellas como la prisión provisional.

Nuestro sistema ha cronificado una anomalía según la cual confluye en la misma persona la capacidad de decidir con dos intereses que pueden estar en conflicto, el de la persecución de los delitos y el de la garantía de los derechos del investigado.

Esta situación actual, que data de 1882, es la que se pretende superar.

Por eso, en las últimas legislaturas, con consensos muy amplios, se ha ido trabajando en proyectos para modificar esta Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de atribuir la competencia de la investigación del delito al Ministerio Fiscal, y la competencia para resolver la restricción de derechos fundamentales, decidir las medidas cautelares y determinar si ha de haber o no juicio, a los denominados “tribunales de garantías”. Constituidos, estos, por juezas y jueces que por no estar implicados en la investigación no tendrían ninguna tacha de parcialidad en sus decisiones.

En resumen, se trata de realizar un cambio en el sistema para hacerlo más equitativo, ágil y justo.

Y, en esta idea, el anterior Ministro de Justicia Juan Carlos Campo redactó un texto de Anteproyecto que se recibió en la Fiscalía General del Estado a finales del año 2020.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, muy consciente del calado y la importancia de esta ley así como de la extraordinaria capacidad de la carrera fiscal para poder analizar las virtudes y fallos del texto elaborado por el Ministerio, lideró un ambicioso proyecto de participación de toda la carrera fiscal en el estudio de la norma.

Así, a través de las asociaciones profesionales, de un buzón de sugerencias, de la celebración de Juntas de Fiscalías de Área, Provinciales, Autonómicas y de Órganos Centrales, arbitró una forma de estudio y debate sobre el Anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dio luz a un brillante informe, muy técnico y riguroso, que se elaboró en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y que, como borrador, se dio traslado al Consejo Fiscal.

Este órgano trabajó con mucha intensidad, durante jornadas interminables hasta aprobar, por unanimidad, un informe definitivo muy crítico con el Anteproyecto ministerial.

La responsabilidad que como servidores públicos tenemos las y los fiscales, así como el conocimiento que obtenemos al trabajar en todos los territorios y especialidades delictivas nos permitió advertir que el texto propuesto se quedaba lejos del ambicionado cambio de modelo que prometía y que si bien sería útil para la persecución de delitos bagatela, dificultaría mucho la persecución de las grandes formas de criminalidad e, incluso, de los delitos contra la libertad sexual.

Propusimos, por tanto, otra vuelta de tuerca.

Sabemos que es posible un modelo de investigación similar al contemplado en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en el que desde hace dos décadas el Ministerio Fiscal lleva la instrucción con un modelo garantista, ágil y moderno.

En esta situación y ante un proyecto con más sombras que luces, parece acertado que la nueva Ministra de Justicia Pilar Llop haya tomado la decisión de parar el proyecto de su predecesor en el cargo. Desde luego hay prisa por superar el proyecto decimonónico actual pero no a cualquier precio.

El informe presentado por el Consejo Fiscal, que quizá constituya el trabajo más participativo y que mas consenso ha generado en la historia de la carrera fiscal, ha abierto una puerta para una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal más solvente y certera.

Celebro que la nueva Ministra de Justicia haya valorado el respeto institucional de toda la carrera fiscal, nuestra crítica constructiva, nuestros conocimientos sobre el terreno y nuestra capacidad para haber sido una sola voz.

Esperamos que la nueva vuelta de tuerca active la Ley de Enjuiciamiento Criminal más eficaz posible para ponerla al servicio de nuestra paz social.