Los socios del PSOE llevan al Congreso un nuevo intento para que el franquismo vaya a los tribunales

La sesión del pleno de este martes va a comenzar con un debate que va a tener miga. Miga política y miga histórica. Se trata de una propuesta legislativa para hacer un único añadido a la ley del código penal, de 1995: un nuevo artículo para que los crímenes cometidos por la dictadura franquista sean juzgados.

Así que regresa a la Cámara Baja un clásico reciente, el fin de la impunidad del franquismo, y como siempre que los diputados se ponen a discutir sobre ello, la polémica está asegurada. Lo que va debatir el pleno es la toma en consideración de la propuesta. Si saliera adelante, que no va a salir, el Congreso iniciaría el trámite para reformar puntualmente el Código Penal.

Sin embargo, los propios proponentes dan por hecho que no habrá mayoría que acepte la tramitación porque el PSOE no está por la labor. Lo que los socialistas quieren es acotar el debate dentro del proyecto legislativo sobre memoria democrática, guardado por ahora en un cajón de la Comisión Constitucional. Fuentes de la formación de Pedro Sánchez aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que su tramitación no está detenida, sino que se ha ralentizado. Fuentes parlamentarias de los grupos aliados son más lacónicos: "Pinta muy mal".

Los proponentes

Cinco grupos registraron la proposición de ley en noviembre de 2020: ERC, Plural (BNG, JxCat, Más País), PNV, EH Bildu y Mixto (la CUP). Posteriormente, retiraron todos la firma menos la CUP. No lo hicieron porque de repente se arrepintieran, sino porque al ver que no había visos de que prosperarse, optaron por quitarse de en medio y proteger sus respectivos turnos de presentación de propuestas. No es algo menor en la técnica parlamentaria. Para los grupos minoritarios, disponer de cupo de proposiciones legislativas es la única posibilidad de influir "motu proprio" en el BOE. En un Congreso con diez grupos, los más pequeños suelen contar con una sola opción por cada periodo de sesiones, así que conviene ir a lo seguro.

Ha quedado Mireia Vehí, de la CUP, como la única proponente, pero eso no significa que esté sola en la votación. La mayoría de los proponentes, consultadas sus fuentes por este medio, apoyarán la medida, e incluso uno que no aparece en la lista de noviembre de 2020 no votará en contra. En Unidas Podemos, aunque no concretan si su decisión será el respaldo, tienen claro lo que no harán: rechazarla.

¿Supone esto una nueva fricción entre socialistas y "morados"? Las fuentes de ambas partes lo niegan, entre otras razones porque antes de finales de 2021 registraron una enmienda conjunta para catalogar como imprescriptibles y no amnistiables los delitos del franquismo. Esa enmienda forma parte de la batería de modificaciones que los dos grupos quieren efectuar en la ley de memoria democrática. La diferencia estriba en que mientras el PSOE apuesta por plasmar el deseo en una norma, Unidas Podemos no elude otras vías con tal de alcanzar el objetivo: el fin de la impunidad del franquismo.

En cualquier caso, este martes, los socios en el Gobierno de coalición previsiblemente voten diferente. Ganará el "no" porque igual que los socialistas se pronunciarán los populares, y eso es ya una barrera insalvable.

La proposición de ley

El cambio solicitado es éste: incorporar un artículo 2 bis que diga lo siguiente: "Lo dispuesto en los dos artículos precedentes no impedirá el juicio ni la condena de actos u omisiones que, en el momento de su comisión, constituían, según el derecho reconocido por las naciones que conforman la comunidad internacional, los delitos señalados en los capítulos II, II bis, III y IV, del Título XXIV del Libro II de este Código Penal". Los "artículos precedentes" que menciona el entrecomillado son los que establecen que no serán castigados los delitos no considerados como tales por la norma "anterior a su perpetración".

La exposición de motivos del texto, ya en el primer párrafo, enmarca bien la iniciativa: "Dada la situación generada en el Estado español respecto al mantenimiento de una situación de impunidad derivada de la falta de investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista (...), se hace necesario incorporar a nuestro derecho interno una disposición contenida en diferentes instrumentos internacionales ratificados".

Más adelante, el objetivo concreto: "De lo que se trata es de aplicar los artículos 607.1 y 607 bis del actual Código Penal a hechos anteriores a su aprobación y entrada en vigor, pues los delitos que tipifican se encontraban ya vigentes en el Derecho Internacional". Vigentes durante el franquismo, se entiende.

Esos artículos hacen referencia a la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es decir el genocidio, y a los delitos de lesa humanidad, los cuales, tal y como señalan los firmantes en la iniciativa, "estaban definidos de forma clara y comprensible a nivel internacional previamente a que fueran cometidos por la dictadura franquista". Sobre esta base, los aliados del PSOE pretenden introducir en el Código Penal la investigación y eventual juicio de tales delitos. Se citan jurisprudencia y tratados internacionales al respecto.

La ley de memoria democrática

Antes de finales de año, PSOE y Unidas Podemos acordaron la siguiente enmienda al proyecto de ley de memoria democrática: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

El párrafo levantó una polvareda considerable. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, dirigente y diputado de Unidas Podemos, negociador omnipresente de la formación, reconoció que el alcance era limitado, ya que afectaría a pocos supervivientes del régimen de Franco. Lo defendió, no obstante, por cuanto significaba acabar con la impunidad legislativa de la dictadura. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se pronunció en términos similares.

ERC, una vez más aliado indispensable, pues lo es en todas las leyes de sello progresista, montó en cólera. Gabriel Rufián se encargó de poner palabras al enfado. Destacó que la propuesta del Gobierno era "humo". Urgía, a su entender, la derogación de la ley de amnistía, y sobre todo, la declaración como ilegal del franquismo.

Aquí reside la gran discrepancia, el asunto que, de hecho, pone en peligro el futuro de la ley de memoria democrática, esencial en la agenda del Ejecutivo. Al menos lo era a comienzos de año. La constatación de que los disensos, en vez de difuminarse, persisten, está complicando la tramitación de la norma. De momento, si no parada, va al ralentí.

Porque ERC, así como EH Bildu, no sólo exigen la derogación de la ley de 1977, sino además la reparación económica de las víctimas. Lo que PSOE y Unidas Podemos muestran como una opción, las formación independentistas lo quieren como un compromiso.

Esta divergencia se convertirá en reproches cruzados este martes, en el Congreso. Nada nuevo, aunque sí un síntoma de que la relación con el pasado no genera en el hemiciclo ni siquiera emociones parecidas.