PSOE y Unidas Podemos pactan que la ley de memoria permita juzgar los crímenes del franquismo

Los socios del Gobierno han dado un paso para desencallar la ley de memoria democrática. PSOE y Unidas Podemos han pactado 30 enmiendas conjuntas al anteproyecto que se está tramitando en el Congreso en las que, entre otros cambios, abren la puerta a una de las asignaturas pendientes de España en materia de memoria histórica: que la justicia pueda investigar los crímenes de la guerra civil y la dictadura franquista. Lanzan así un guiño a ERC y EH Bildu para atraerlos hacia el 'sí' a la norma.

44 años después de que se aprobara la ley de amnistía que condonaba todos los delitos cometidos por el franquismo y también perdonaba a los represaliados de la dictadura, socialistas y morados han acordado que las leyes internacionales para la persecución de los delitos de lesa humanidad se apliquen "como derecho vigente en España", de tal manera que la norma de 1977 se interprete y aplique teniendo en cuenta que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen "consideración de imprescriptibles y no amnistiables".

El Valle de los Caídos pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros

Varios querellantes ya presentaron este argumento basado en el Derecho Internacional Humanitario ante los tribunales, pero la respuesta de la Justicia siempre ha sido que no se podía hacer nada mientras estuviese vigente la ley de amnistía. De esta forma, se podría abrir la puerta a que el que el gerifalte de la dictadura Rodolfo Martín Villa, procesado en Argentina por tortura, fuera llevado ante los tribunales en España.

Escasa capacidad

Nada más conocerse las enmiendas, distintas alas del movimiento memorialista sostienen que no se recoge una derogación o reforma expresa de la ley de amnistía, lo que podría dejar al albur de los jueces la interpretación de la futura norma. No obstante, el portavoz de Unidas Podemos y principal negociador morado en este asunto, Enrique Santiago, ha recalcado que "va a acabar definitivamente con la impunidad" de los delitos del franquismo, aunque ha reconocido que "el efecto no va a ser muy importante en materia de justicia" ya que la gran mayoría de los autores de estos delitos ya han fallecido.

Santiago ha defendido que "la justicia no consiste solamente en sanciones", sino también en "conocer una verdad judicial". En este sentido, han incorporado una enmienda para concretar que la fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática -creada a partir de esta ley- se centre en "la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de estado, la guerra y la dictadura".

Resarcimiento económico

Otra de las demandas de ERC era abrir la puerta a compensaciones económicas para las víctimas del franquismo, algo que no estaba recogido en el anteproyecto que PSOE y Unidas Podemos presentaron en el Congreso. Sin embargo, ambos partidos han acordado introducir una enmienda para recoger que "las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado".

En un nuevo artículo que pretenden incluir se reconoce el derecho al "resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura". La norma establece la realización de una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo y que tendrá que llevarse a cabo en el periodo de un año tras la aprobación de la ley.

Cambio de nombres

Otra enmienda llamativa acordada por PSOE y Unidas Podemos es el cambio de nombre del Valle de los Caídos, que recuperará su denominación original de Valle de Cuelgamuros. Además, los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público y se completará el procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado -lo que hubiera permitido retirar las medallas al excomisario fallecido 'Billy el niño', así como la supresión de los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.

Entre las modificaciones pactadas por los socios de coalición también figura la ampliación del censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes como reivindicaban los colectivos y la creación de un reconocimiento a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982). Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones.

Por último, en materia educativa y de formación, se garantiza el derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.