CONFLICTO EN EL GOBIERNO

El PSOE acusa a Podemos de exagerar la ley de memoria y niega que pueda juzgar el franquismo

  • El ministro de Presidencia ha corregido a sus socios de coalición y ha rechazado que la enmienda pactada con Podemos suponga una novedad en la persecución legal de los crímenes de la dictadura

  • La formación morada ya ha contestado reafirmando que permite superar la ley de amnistía, lo que aleja cualquier posibilidad del pacto con Ciudadanos y tampoco convence a ERC

El PSOE acusa a Podemos de exagerar la ley de memoria y niega que pueda juzgar el franquismo

David Castro

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Ni en un asunto donde son tan afines las dos partes del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, logran ponerse de acuerdo. El acuerdo interno sobre la nueva ley de memoria histórica, materializado en una treintena de enmiendas en el Congreso a su propia norma, se va diluyendo conforme pasan las horas por las discrepancias públicas sobre si afecta a o no a la ley de amnistía.

Los dos partidos acordaron incluir ahora que las leyes internacionales para la persecución de los delitos de lesa humanidad se apliquen "como derecho vigente en España" para que la ley de amnistía se interprete y aplique teniendo en cuenta que los crímenes de guerra, de lesa humanidadgenocidio y tortura tienen "consideración de imprescriptibles y no amnistiables". Pero mientras Podemos, a través de Enrique Santiago, secretario de Estado de Agenda 2030, defendió ayer que "se va a acabar definitivamente con la impunidad" de los delitos del franquismo y que  "cualquier persona que haya cometido torturas podrá ser juzgado”, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mantiene que esta enmienda no cambia nada. Hasta ahora la amnistía de 1977 ha impedido la persecución judicial de estos hechos en los tribunales españoles.

De hecho desde el ala socialista del Ejecutivo se culpa a Unidas Podemos de haber generado una polémica innecesaria porque ellos fueron quienes exigieron esta nueva redacción para aludir explícitamente a la ley de amnistía. La interpretación que hacen en esta parte del Gobierno es que la venta pública que Santiago ha hecho de esta variación ha conseguido alejar a Ciudadanos, a quien se intentaba atraer, y no ha convencido a ERC, que ya presentó una enmienda a la totalidad del texto, y que exige una derogación total o parcial de ley de perdón político de la Transición. Y los votos de un grupo o los del otro son necesarios para sacar adelante en el Congreso el nuevo texto de memoria democrática, un proyecto muy simbólico para el Ejecutivo de coalición, que supone una continuidad la ley de Memoria Histórica de 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según ha dicho Bolaños esta mañana en Onda Cero no es posible, como ha sucedido hasta ahora, perseguir penalmente los crímenes del franquismo porque una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica, en referencia el Código Penal, que no permite la retroactividad. "No podemos establecer una norma en el año 2021 que se aplique a actuaciones que se realizaron en el año 70 o 72".

Sus declaraciones han sido contestadas esta misma tarde por Santiago en un hilo de Twitter en el que insiste que corresponde a las fuerzas políticas "levantar los supuestos obstáculos que han encontrado los jueces para acabar con la impunidad del franquismo". "La aprobación de la enmienda creemos que es la vía más clara para conseguirlo". El derecho internacional, subraya, dicta que los graves crímenes contra la Comunidad Internacional (genocidio, tortura, lesa humanidad y de guerra) no pueden quedar en impunidad. Son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía".

Posibilidades de aprobar la ley

Estas diferencias no sólo constatan el debate jurídico existente, perenne en nuestro país, sobre el alcance de la ley de amnistía que, concebida en su momento para sacar de las cárceles a los presos de la resistencia antifranquistas de los últimos años del régimen ha servido finalmente de cerrojo legal para cualquier investigación. Afectan también a las posibilidades de poder aprobar la ley. Para ERC la enmienda que enarbola Podemos es "humo". Lo cierto es que apenas varía el texto original impulsado por Carmen Calvo.

El Gobierno ya defendió, cuando el proyecto se aprobó en el Consejo de Ministros, que abría un camino para actuar contra los crímenes de la dictadura. Porque recogía textualmente que esta ley se interpretará conforme al artículo 10.2 de la Constitución: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". Y porque se creaba una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en el Tribunal Supremo para impulsar las investigaciones.

La contribución ahora de Podemos ha sido incluir la mención expresa a la ley de amnistía. Y esta chispa ha prendido el incendio, en un momento en que las exigencias de ERC, que reclama declarar ilegal el franquismo e impulsar las reparaciones patrimoniales e indemnizaciones de que quienes fueron perseguidos, hacen muy difícil el acuerdo. Eso había llevado a la parte socialista del Ejecutivo a pensar en Ciudadanos como virtual socio. El Gobierno contactó con este grupo para abordar la negociación pero la interpretación de Podemos de que con la enmienda se podrá perseguir penalmente a los franquistas ha llevado esta mañana a su portavoz, Edmundo Bal, a pedir en rueda de prensa que "no llamen" mientras que "no se retire". Cs, ha dicho, no respalda ninguna reinterpretación de la ley de amnistía.

Los esfuerzos hoy de Bolaños negando esa visión parecen destinados a convencer a Ciudadanos de sumarse a un acuerdo. Desde el Ejecutivo se transmite una postura de compromiso con lo que supuso la Transición y con "preservar su legado", incluido, por supuesto, el borrón y cuenta nueva de 1977, en un intento de recomponer la comunicación con la formación naranja. Fuentes del Gobierno aseguran que mantienen su intención de "hablar con todos los grupos" y tratar de lograr una mayoría. Sobre las peticiones de ERC sí creen que sobre la declaración de ilegalidad del régimen se puede buscar una "salida" pero ven inviable un acuerdo sobre el reconocimiento del derecho de reclamaciones patrimoniales a para las víctimas, personas físicas o jurídicas, para la devolución de bienes a sus legítimos propietarios o sucesores.

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